Socios de Martín Vizcarra ganan arbitrajes y abandonan obras
Árbitros fueron los mismos que encabezados por Felipe Cantuarias permitieron que Odebrecht gane varios laudos arbitrales al Estado peruano.
El consorcio Colca, constituido –además de Obrainsa– por CyM Vizcarra SAC, JACCSA y Constructora Upaca, se conformó en octubre de 2003 y durante su vigencia, hasta finales de 2009, obtuvo varios laudos arbitrales en su favor y en perjuicio del Estado, como veremos después.
Estos destapes de nuevas actividades económicas de la empresa de Martín Vizcarra se precipitan desde que el 29 de enero se hizo pública las revelaciones de un aspirante a colaborador del caso del “Club de la Construcción” que afirmó que esta suerte de cártel entregó 100 mil dólares como aporte a la campaña presidencial de Pedro Pablo Kuczynski en su casa de la calle Choquehuanca, en presencia del mismo Kuczynski, de Vizcarra, como jefe de campaña, y de Alfonso Grados.
En respuesta Vizcarra sostuvo que nunca vio los temas de financiamiento de la campaña del partido Peruanos por el Kambio (PpK) y que en 2016 solo participó en temas políticos.
Y con relación al mencionado “club”, en su defensa argumentó que él fue el primero en dar a conocer y denunciar al “Club de la Construcción” en el Congreso cuando fue interpelado en el caso Chinchero, en febrero de 2017, y añadió que había puesto coto a sobrevaluaciones que llegaban al 108 % en los presupuestos de 14 obras del sector Transportes y Comunicaciones.
Sin embargo, el “Club de la Construcción” sí era conocido en el mundo turbio de los negocios inmobiliarios, tanto que hasta hubo una denuncia pública del abogado Alex Starost Gutiérrez a mediados de 2013, amén de que estaba activo mucho antes de lo afirmado por Vizcarra, según el testimonio del empresario Eduardo Sobenes.
Por eso es que la Fiscalía investiga esa presunta organización ilegal integrada por empresas constructoras que fueron conocidas, en efecto, mucho antes de lo narrado por el ex gobernador de Moquegua.
De otra parte, ya que se hablaba de transparencia y lucha anticorrupción, sin embargo Martín Vizcarra y su hermano no habían informado (como no lo hicieron cuando el hoy presidente fue apoderado de Graña y Montero en dos obras de la minera Southern en Ilo y tampoco de sus trabajos con Conirsa ligada a Odebrecht en la Interoceánica) de que su empresa CyM Vizcarra también había trabajado con la constructora Obrainsa, ligada a Odebrecht, a través del ya mencionado consorcio Colca.
Es de resaltar que Obrainsa ha sido señalada por el sistema de justicia como tercera civil responsable en el caso del “Club de la Construcción” que realizó pagos de sobornos para conseguir obras.
VOLVIENDO AL COLCA
De acuerdo a un reportaje presentado por “Panorama” el último domingo, el consorcio Colca, que se mantuvo vigente hasta finales del 2009, logró adjudicarse la ejecución de la represa de Pillones, que trasvasa las aguas del río Sumbay en Imata, ubicado en margen de la carretera de Arequipa a Puno, por un costo inicial de US$ 14’600,000.
Sin embargo, debido a los arbitrajes a los que sometió este consorcio al Estado, el costo final de la obra llegó a superar los US$ 22 millones.
La adjudicación de este proyecto fue en el mismo año en que se conformó el consorcio, es decir, en el año 2003, y fue concedida por la compañía estatal Empresa de Generación Eléctrica de Arequipa S.A (EGASA).
“La buena Pro de la Licitación Pública Nacional Nº LPN-001-2003-EGASA, [ha sido] otorgada el 28 de agosto de 2003 al consorcio COLCA, integrado por las empresas JACCSA S.A.C., Constructora Upaca S.A., C Y M Vizcarra S.A.C. Ingenieros Contratistas y la empresa Obras e Ingeniería S.A. – OBRAINSA”, se lee en el contrato de la obra.
Los documentos de los arbitrajes señalan que el primer laudo fue en noviembre de 2005, siendo favorable para el grupo empresarial, ya que lograron que el Estado les pague US$ 641,547.33 a su favor, y fue resuelto por el Tribunal Arbitral integrado por los árbitros Felipe Cantuarias Salaverry, Carlos Ruska y Dwight Falvy.
Pero, ¿qué antecedentes tiene Felipe Cantuarias sobre los arbitrajes? Como se recuerda, Cantuarias está siendo investigado por el Ministerio Público debido a los fallos favorables que en forma recurrente firmó a favor de Odebrecht.
El segundo arbitraje también fue presentado en noviembre de 2005, y fue resuelto por otro Tribunal en el que formó parte Emilio Cassina, el mismo que le ordenó a EGASA que pague US$ 520, 665.16 a favor del consorcio Colca.
Cabe precisar que Cassina también está siendo investigado por la Fiscalía por haber participado en otros arbitrajes a favor de Odebrecht, permitiendo que la compañía brasileña le gane al Estado peruano por diversas obras.
MÁS PRETENSIONES
Pero esta no fue la única vez en que el consorcio Colca y la empresa estatal EGASA se enfrentaron en un procedimiento arbitral. En octubre de 2009, el consorcio exigió que se le pague US$ 6’797,043, esto como parte de la liquidación.
No obstante, EGASA señaló en este proceso que contaba con un saldo a su favor de US$ 1’220,163.16, pero este caso fue también evaluado por un Tribunal Arbitral en el que participó Emilio Cassina.
Si bien este tribunal no le dio la razón a ninguna de las partes, sí enfatizó que EGASA, es decir, el Estado, debía reconocer al consorcio los gastos por “pretensiones subordinadas o secundarias”.
De acuerdo a este documento, el Tribunal Arbitral dijo que EGASA debía realizar pagos de diferentes montos, es decir de US$ 569,293.2, de US$ 805,330.55, US$ 620,185.78, US$ 142,719.86, US$ 952,959.57 y otros adicionales.
En total, el monto por “pretensiones subordinadas o secundarias” ascendió a US$ 3’970,000 a favor del consorcio, el cual tuvo que ser reconocido por el Estado.
Zanjando debate sobre coimas
En el reportaje de “Panorama” del domingo pasado se presenta una suerte de reunión del “Club de la Construcción”, con participación de ejecutivos de Obrainsa y de José Guillermo Paredes Rodríguez, ex ministro de Transportes y Comunicaciones del gobierno de Ollanta Humala.
“Habiendo asistido Fernando Castillo Dibós, Manuel Ernesto Alonso Tejeda Moscoso, Marco Antonio Aranda Toledo, Rodolfo Prialé de la Peña, Carlos Eugenio García Alcázar, y José Guillermo Paredes Rodríguez…”, se lee en un documento.
Como se sabe, Manuel Ernesto Alonso Tejeda Moscoso es el presidente de Obrainsa. Incluso su gerente general, Paul Elard Tejeda Moscoso, su hermano, ya ha tenido orden de captura y ha estado prófugo por el caso del “club”.
Y de acuerdo a “colaboradores eficaces”, Manuel Ernesto Tejeda Moscoso fue el que habría zanjado un debate sobre porcentajes de coima.
“José Guillermo Paredes Rodríguez a cambio de asignarles las obras convocadas por PROVÍAS NACIONAL solicitó el 5 % del costo de las obras como pago, dádiva, emolumento, incentivo, frente a lo que Tejeda Moscoso le replicó indicándole que el pago equivaldría al 3 %”, se lee en otra parte del documento.
Obrainsa abandonó obras en Moquegua
Desde la región Moquegua llega información de que Obrainsa, la empresa varias veces consorciada con Odebrecht, abandonó las obras de la represa de Pasto Grande para la irrigación de las Lomas de Ilo y el proyecto del Fondo de Desarrollo Moquegua sobre los ductos de conducción de agua desde la presa hasta las citadas lomas.
Según información llegada a la Contraloría General de la República, que ya está abocada al caso, en el año 2013, cuando era gobernador regional Martín Vizcarra, Obrainsa –también bastante ligada a Quieroz Galvao– ganó la buena pro en Pasto Grande para la instalación de 80 kilómetros de tubería por un monto de 96 millones de soles.
Asimismo, ganó otra licitación complementaria con el mencionado Fondo para un tramo de 15 kilómetros de tubería y bombas para impulsar el agua por un total de 100 millones de soles.
Según información que maneja el instituto contralor, en 2017 se hizo la prueba hídrica para el funcionamiento de los tubos que empezaron a transportar el agua a un reservorio ubicado en la cabecera de los terrenos a cultivarse cerca de Ilo, y el resultado fue el colapso de los mismos.
A resultas de este desastre, que habría sido constatado por el gerente del proyecto Pasto Grande de entonces, el ingeniero Yojan Vílchez, se afirma que la obra fue abandonada al 85 % de su ejecución. Este diario trató de comunicarse con Vílchez, pero no fue posible.
En resumen, la obra del Fondo, financiado por la minera Anglo American que opera en Quellaveco, para el trasvase de los ríos Chilota-Chincune al canal Pasto Grande para la irrigación de Lomas de Ilo, ha sido un fracaso y está abandonada. Y el proyecto de Pasto Grande tampoco funciona, afirman quienes conocen el proyecto.
Como las empresas del “Club de la Construcción” nunca tienen pierde, Obrainsa ha planteado un laudo arbitral en el que reclama alrededor de 16 millones de soles ante la rescisión del contrato. Y Obrainsa se afirma que ganó, pero como para las nuevas autoridades de la región este arbitraje no tiene sustento, estas lo han judicializado y el caso está en la Fiscalía de la zona.
De otra parte, el Fondo de Desarrollo Moquegua afronta otro proceso arbitral por S/ 4’582,000 con dos contratistas. La primera es la consultora Prisma que planteó una demanda por S/ 3’080,000, arguyendo que los directivos del Fondo resolvieron el contrato por el cual le habrían encargado manejar los 100 millones de soles entregados por Anglo American.
Otra demandante es CES Consulting, una de las encargada de la supervisión del paquete de proyectos que reclama un pago un millón 502 mil soles. Hasta donde se sabe, los procesos están en giro.
El mentor
La continuidad de las obras es un dolor de cabeza. Unos plantean que la misma Obrainsa se haga cargo de la finalización y entrega de la obra; otros que Astaldi, una consorciada de Obrainsa con un amplio prontuario en Chile, El Salvador y otros países.
La idea del presidente Vizcarra es que el Ejecutivo se haga cargo de la conclusión de la obra, sin hacer olas sobre las responsabilidades civiles y penales de la paralización, que incluye a su mentor José Manuel Hernández, el hombre ATA que tuvo otras responsabilidades en supervisión.
Créditos/expreso.com.pe
Árbitros fueron los mismos que encabezados por Felipe Cantuarias permitieron que Odebrecht gane varios laudos arbitrales al Estado peruano.
El mismo ‘modus operandi’ de Odebrecht de arbitrajes de todo tipo para elevar los costos de obras se observa en el consorcio Colca formado por Obrainsa, socia de la empresa CyM Vizcarra del presidente de la República, generando perjuicios al Estado no solo en la presa Pillones de Arequipa sino abandonando los trabajos en los proyectos de Pasto Grande y Lomas de Ilo en la región Moquegua.
El consorcio Colca, constituido –además de Obrainsa– por CyM Vizcarra SAC, JACCSA y Constructora Upaca, se conformó en octubre de 2003 y durante su vigencia, hasta finales de 2009, obtuvo varios laudos arbitrales en su favor y en perjuicio del Estado, como veremos después.
Estos destapes de nuevas actividades económicas de la empresa de Martín Vizcarra se precipitan desde que el 29 de enero se hizo pública las revelaciones de un aspirante a colaborador del caso del “Club de la Construcción” que afirmó que esta suerte de cártel entregó 100 mil dólares como aporte a la campaña presidencial de Pedro Pablo Kuczynski en su casa de la calle Choquehuanca, en presencia del mismo Kuczynski, de Vizcarra, como jefe de campaña, y de Alfonso Grados.
En respuesta Vizcarra sostuvo que nunca vio los temas de financiamiento de la campaña del partido Peruanos por el Kambio (PpK) y que en 2016 solo participó en temas políticos.
Y con relación al mencionado “club”, en su defensa argumentó que él fue el primero en dar a conocer y denunciar al “Club de la Construcción” en el Congreso cuando fue interpelado en el caso Chinchero, en febrero de 2017, y añadió que había puesto coto a sobrevaluaciones que llegaban al 108 % en los presupuestos de 14 obras del sector Transportes y Comunicaciones.
Sin embargo, el “Club de la Construcción” sí era conocido en el mundo turbio de los negocios inmobiliarios, tanto que hasta hubo una denuncia pública del abogado Alex Starost Gutiérrez a mediados de 2013, amén de que estaba activo mucho antes de lo afirmado por Vizcarra, según el testimonio del empresario Eduardo Sobenes.
Por eso es que la Fiscalía investiga esa presunta organización ilegal integrada por empresas constructoras que fueron conocidas, en efecto, mucho antes de lo narrado por el ex gobernador de Moquegua.
De otra parte, ya que se hablaba de transparencia y lucha anticorrupción, sin embargo Martín Vizcarra y su hermano no habían informado (como no lo hicieron cuando el hoy presidente fue apoderado de Graña y Montero en dos obras de la minera Southern en Ilo y tampoco de sus trabajos con Conirsa ligada a Odebrecht en la Interoceánica) de que su empresa CyM Vizcarra también había trabajado con la constructora Obrainsa, ligada a Odebrecht, a través del ya mencionado consorcio Colca.
Es de resaltar que Obrainsa ha sido señalada por el sistema de justicia como tercera civil responsable en el caso del “Club de la Construcción” que realizó pagos de sobornos para conseguir obras.
VOLVIENDO AL COLCA
De acuerdo a un reportaje presentado por “Panorama” el último domingo, el consorcio Colca, que se mantuvo vigente hasta finales del 2009, logró adjudicarse la ejecución de la represa de Pillones, que trasvasa las aguas del río Sumbay en Imata, ubicado en margen de la carretera de Arequipa a Puno, por un costo inicial de US$ 14’600,000.
Sin embargo, debido a los arbitrajes a los que sometió este consorcio al Estado, el costo final de la obra llegó a superar los US$ 22 millones.
La adjudicación de este proyecto fue en el mismo año en que se conformó el consorcio, es decir, en el año 2003, y fue concedida por la compañía estatal Empresa de Generación Eléctrica de Arequipa S.A (EGASA).
“La buena Pro de la Licitación Pública Nacional Nº LPN-001-2003-EGASA, [ha sido] otorgada el 28 de agosto de 2003 al consorcio COLCA, integrado por las empresas JACCSA S.A.C., Constructora Upaca S.A., C Y M Vizcarra S.A.C. Ingenieros Contratistas y la empresa Obras e Ingeniería S.A. – OBRAINSA”, se lee en el contrato de la obra.
Los documentos de los arbitrajes señalan que el primer laudo fue en noviembre de 2005, siendo favorable para el grupo empresarial, ya que lograron que el Estado les pague US$ 641,547.33 a su favor, y fue resuelto por el Tribunal Arbitral integrado por los árbitros Felipe Cantuarias Salaverry, Carlos Ruska y Dwight Falvy.
Pero, ¿qué antecedentes tiene Felipe Cantuarias sobre los arbitrajes? Como se recuerda, Cantuarias está siendo investigado por el Ministerio Público debido a los fallos favorables que en forma recurrente firmó a favor de Odebrecht.
El segundo arbitraje también fue presentado en noviembre de 2005, y fue resuelto por otro Tribunal en el que formó parte Emilio Cassina, el mismo que le ordenó a EGASA que pague US$ 520, 665.16 a favor del consorcio Colca.
Cabe precisar que Cassina también está siendo investigado por la Fiscalía por haber participado en otros arbitrajes a favor de Odebrecht, permitiendo que la compañía brasileña le gane al Estado peruano por diversas obras.
MÁS PRETENSIONES
Pero esta no fue la única vez en que el consorcio Colca y la empresa estatal EGASA se enfrentaron en un procedimiento arbitral. En octubre de 2009, el consorcio exigió que se le pague US$ 6’797,043, esto como parte de la liquidación.
No obstante, EGASA señaló en este proceso que contaba con un saldo a su favor de US$ 1’220,163.16, pero este caso fue también evaluado por un Tribunal Arbitral en el que participó Emilio Cassina.
Si bien este tribunal no le dio la razón a ninguna de las partes, sí enfatizó que EGASA, es decir, el Estado, debía reconocer al consorcio los gastos por “pretensiones subordinadas o secundarias”.
De acuerdo a este documento, el Tribunal Arbitral dijo que EGASA debía realizar pagos de diferentes montos, es decir de US$ 569,293.2, de US$ 805,330.55, US$ 620,185.78, US$ 142,719.86, US$ 952,959.57 y otros adicionales.
En total, el monto por “pretensiones subordinadas o secundarias” ascendió a US$ 3’970,000 a favor del consorcio, el cual tuvo que ser reconocido por el Estado.
Zanjando debate sobre coimas
En el reportaje de “Panorama” del domingo pasado se presenta una suerte de reunión del “Club de la Construcción”, con participación de ejecutivos de Obrainsa y de José Guillermo Paredes Rodríguez, ex ministro de Transportes y Comunicaciones del gobierno de Ollanta Humala.
“Habiendo asistido Fernando Castillo Dibós, Manuel Ernesto Alonso Tejeda Moscoso, Marco Antonio Aranda Toledo, Rodolfo Prialé de la Peña, Carlos Eugenio García Alcázar, y José Guillermo Paredes Rodríguez…”, se lee en un documento.
Como se sabe, Manuel Ernesto Alonso Tejeda Moscoso es el presidente de Obrainsa. Incluso su gerente general, Paul Elard Tejeda Moscoso, su hermano, ya ha tenido orden de captura y ha estado prófugo por el caso del “club”.
Y de acuerdo a “colaboradores eficaces”, Manuel Ernesto Tejeda Moscoso fue el que habría zanjado un debate sobre porcentajes de coima.
“José Guillermo Paredes Rodríguez a cambio de asignarles las obras convocadas por PROVÍAS NACIONAL solicitó el 5 % del costo de las obras como pago, dádiva, emolumento, incentivo, frente a lo que Tejeda Moscoso le replicó indicándole que el pago equivaldría al 3 %”, se lee en otra parte del documento.
Obrainsa abandonó obras en Moquegua
Desde la región Moquegua llega información de que Obrainsa, la empresa varias veces consorciada con Odebrecht, abandonó las obras de la represa de Pasto Grande para la irrigación de las Lomas de Ilo y el proyecto del Fondo de Desarrollo Moquegua sobre los ductos de conducción de agua desde la presa hasta las citadas lomas.
Según información llegada a la Contraloría General de la República, que ya está abocada al caso, en el año 2013, cuando era gobernador regional Martín Vizcarra, Obrainsa –también bastante ligada a Quieroz Galvao– ganó la buena pro en Pasto Grande para la instalación de 80 kilómetros de tubería por un monto de 96 millones de soles.
Asimismo, ganó otra licitación complementaria con el mencionado Fondo para un tramo de 15 kilómetros de tubería y bombas para impulsar el agua por un total de 100 millones de soles.
Según información que maneja el instituto contralor, en 2017 se hizo la prueba hídrica para el funcionamiento de los tubos que empezaron a transportar el agua a un reservorio ubicado en la cabecera de los terrenos a cultivarse cerca de Ilo, y el resultado fue el colapso de los mismos.
A resultas de este desastre, que habría sido constatado por el gerente del proyecto Pasto Grande de entonces, el ingeniero Yojan Vílchez, se afirma que la obra fue abandonada al 85 % de su ejecución. Este diario trató de comunicarse con Vílchez, pero no fue posible.
En resumen, la obra del Fondo, financiado por la minera Anglo American que opera en Quellaveco, para el trasvase de los ríos Chilota-Chincune al canal Pasto Grande para la irrigación de Lomas de Ilo, ha sido un fracaso y está abandonada. Y el proyecto de Pasto Grande tampoco funciona, afirman quienes conocen el proyecto.
Como las empresas del “Club de la Construcción” nunca tienen pierde, Obrainsa ha planteado un laudo arbitral en el que reclama alrededor de 16 millones de soles ante la rescisión del contrato. Y Obrainsa se afirma que ganó, pero como para las nuevas autoridades de la región este arbitraje no tiene sustento, estas lo han judicializado y el caso está en la Fiscalía de la zona.
De otra parte, el Fondo de Desarrollo Moquegua afronta otro proceso arbitral por S/ 4’582,000 con dos contratistas. La primera es la consultora Prisma que planteó una demanda por S/ 3’080,000, arguyendo que los directivos del Fondo resolvieron el contrato por el cual le habrían encargado manejar los 100 millones de soles entregados por Anglo American.
Otra demandante es CES Consulting, una de las encargada de la supervisión del paquete de proyectos que reclama un pago un millón 502 mil soles. Hasta donde se sabe, los procesos están en giro.
El mentor
La continuidad de las obras es un dolor de cabeza. Unos plantean que la misma Obrainsa se haga cargo de la finalización y entrega de la obra; otros que Astaldi, una consorciada de Obrainsa con un amplio prontuario en Chile, El Salvador y otros países.
La idea del presidente Vizcarra es que el Ejecutivo se haga cargo de la conclusión de la obra, sin hacer olas sobre las responsabilidades civiles y penales de la paralización, que incluye a su mentor José Manuel Hernández, el hombre ATA que tuvo otras responsabilidades en supervisión.
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