La gran estafa de la Refinería de Talara
El Gobierno de Ollanta Humala nunca indicó lo que realmente quería hacer con esa faraónica obra, que de costar US$ 1,300 millones pasó a la astronómica suma de US$ 5,400.
Para el economista Manuel Romero Caro, se trata de uno de los engaños más grandes de la historia del país, pues las autoridades de ese entonces nunca precisaron lo que realmente querían hacer con la obra.
Cuando el PMRT fue presentado a la población, durante el segundo Gobierno de Alan García (2006-2011), se aseguró que sólo se modernizaría la refinería existente para lo cual se debía efectuar un proceso de desulfuración que le costaba a Petroperú cerca de 1,300 millones de dólares.
Pero en el julio de 2013, en pleno Gobierno nacionalista, el entonces presidente de la República, Ollanta Humala, anunciaba que las obras costarían 3,500 millones de dólares, de los cuales 2,730 millones serían asumidos por el Estado. Es decir, se duplicó el monto establecido inicialmente.
“La Refinería de Talara tiene un gran pecado original, nunca nos dijeron qué era lo que realmente quisieron hacer y nos mintieron a todos. Nos vendieron la idea de desulfuración para no contaminar los pulmones de la población, así como aumentar la capacidad de la vieja refinería”, afirmó el economista.
Lo cierto es que, tal como lo anunció en su momento, y ante los diferentes cuestionamientos, el gerente general de Petroperú, Eduardo García Rosell, no se trataba de un “proyecto de modernización”, sino de una nueva refinería petrolera que, según él, produciría cerca de 95,000 barriles al día, cuando la anterior no llegaba ni a la mitad de ese número.
“Es algo espantoso. El tema es bien sencillo, ¿por qué se necesitaban meter miles de millones de dólares para sacar adelante una gasolina que al final resultaba ser más cara que la importada? ¿De dónde iban a sacar la materia prima si todo lo que existe en el Perú no alcanza?”, cuestionó el economista. Esas preguntas deberán ser respondidas por las respectivas autoridades.
Durante el proceso de construcción, Petroperú comenzó a subir el precio de la gasolina y, por lo mismo, el Estado nunca se atrevió a decir cuál sería la rentabilidad real del proyecto.
Otro de los grandes señalamientos, indicó Romero Caro, es que dicho proyecto fue exonerado en su totalidad de todo tipo de firmas y concursos para lograr su desarrollo.
“Creo que lo exoneró la bancada nacionalista de ese entonces, incluso no pasó por Proinversión. Pero lo peor de todo es que hasta el día de hoy se sigue con la gran mentira”, sostuvo.
Como se sabe, actualmente el Proyecto de Modernización de la Refinería de Talara abarca un monto de inversión que supera los 5,400 millones de dólares, precio multiplicado por cuatro, comparado con su valor inicial.
“No sabían cómo iba a evolucionar la demanda en 30 años pero ellos ya habían firmado un cheque en blanco y ese es un hueco inmenso que nadie se ha dado cuenta, pero que todos pagamos”, señaló Romero Caro. Precisó que resultaría difícil paralizar los trabajos en estos momentos por el avance de la obra y el pago ya realizado.
Agregó que el de la refinería es un proyecto que no tiene sustento por ningún lado porque cuando se culmine, el país solo tendrá dos opciones: cobrar el precio del mercado internacional por la materia y dejar que el Estado peruano pague por el diferencial, o no cobrar el precio internacional y dejar que los importadores ganen en el mercado.
Gasoducto: otro “elefante blanco”
Otro de los “elefantes blancos” cuestionados por presuntos hechos de corrupción durante su desarrollo es el Gasoducto Sur Peruano (GSP), a cargo de la constructora brasileña Odebrecht. A pesar de ello, en las declaraciones de colaboración eficaz de Marcelo Odebrecht y Jorge Barata, no se admitió el pago de coimas en dicho proyecto.
Los representantes de Odebrecht solo aceptaron que hubo hechos de corrupción en cuatro megaproyectos: Metro de Lima, Costa Verde del Callao, Interoceánica y la Vía de Evitamiento. Sin embargo, solo serían un porcentaje pequeño de las obras ejecutadas en el país.
Uno de los principales cuestionamientos que se hicieron luego de la firma del contrato con Kuntur, además de la solvencia económica, fueron las reservas. El entonces presidente Alan García solo aseguró un millón de trillones de pies cúbicos (TCF), cuando el proyecto necesitaba por lo menos cinco TCF.
En el periodo de Ollanta Humala como presidente de la República se inicia un proceso de renegociación. Sin embargo, en marzo del 2012, el líder nacionalista inaugura el Gasoducto y cuatro meses después, exactamente el 28 de julio del mismo año, Kuntur le pidió dinero al Estado para la obra, pero como éste decidió no otorgarlo, convocaron a una nueva licitación.
“Lo gracioso es que esa nueva licitación tenía el mismo trazo y el mismo estudio de impacto ambiental. La esencia de eso fue los subsidios porque si se ganaba en un proceso de licitación terminaba llevándoselo todo Odebrech”, explicó el economista Manuel Romero Caro.
“La excusa fue esa. El Gobierno canjeó un proyecto privado, sin subsidios, donde todo era pagado por Kuntur – Odebrecht, por un elefante blanco que exprimió a todos los consumidores”, detalló.
Según lo precisado por Manuel Romero Caro, si ya se sabía que Kuntur pasó a ser propiedad en un 100 % de Odebrecht, y que la brasileña continuaría con el proyecto, a diferencia de Kuntur, Odebrecht sí contaría con subsidio estatal, y el Gobierno “solo tenía que ejecutarle la carta fianza para evitar el pago de millones de dólares en un arbitraje”.
“Lo único que tenía que hacer el Gobierno era ejecutarle la carta fianza [a Odebrecht] pero nunca lo hizo porque nunca vencía. Cada vez que iba a expirar, Odebrecht iba al Ministerio Público para renovar la vigencia. Con eso hubieran evitado regalarle 70 millones de dólares en un arbitraje”, sostuvo.
La nueva concesión fue desarrollada a través de un “contrato boot”, es decir, que no permitía la ejecución de obras hasta que no se dé un cierre financiero. Este mismo inicia el 30 de junio de 2014, pero tres meses antes el escándalo por el caso Lava Jato ya había estallado, y por esas fechas ya estaban por sentenciar a Marcelo Odebrecht. Pese a ello, le entregaron la buena pro a Odebrecht y los gastos fueron solventados por el Estado.
“CORRUPCIÓN CLARÍSIMA”
Algo que tienen en común la Refinería de Talara y el Gasoducto Sur Peruano es que se trabajaron durante el final de gobierno de Alan García y el inicio del periodo gubernamental de Ollanta Humala Tasso.
“Yo vi la corrupción clarísima entre marzo y julio de 2014. En ese ínterin, el exministro [Eleodoro] Mayorga anunció que se había creado una Comisión Estatal Interministerial para determinar cuál sería el precio del etano. No se había secado la tinta del Gasoducto y esos sinvergüenzas querían hacer la Petroquímica que era el doble del otro”, denunció Manuel Romero Caro.
Además, detalló, en los últimos días del gobierno de García, se aprobó un proyecto de ley que le daba todas las facilidades en el Consejo Petroquímico y diseñaba el control de precios.
“Todos los que delinquieron deben ir a la cárcel sin importar su condición”, pues ahora, con los intentos por entrar a la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), se ha creado una figura en la que las personas jurídicas también tienen responsabilidad.
“Creo que todos los que delinquieron deben ir a la cárcel, ricos, pobres o lo que fueran porque los culpables son las personas no los fierros”, concluyó.
“Se quemaron etapas para acelerar entrega de proyecto”
Para Manuel Romero Caro, tanto el Gasoducto como otras megaobras se caracterizan por haber pasado por una serie de irregularidades y exoneraciones que permitieron su rápida aprobación.
“Todos quemaron etapas y pasaron una serie de exoneraciones, el tema es que había presión mediática, gremial y empresarial. Cada año, se encargaban estudios de brecha de infraestructura, y si a todo eso se le agrega los sobornos, ya tienes un caldo de cultivo que da una idea del contexto en el que se estaban aprobando estos megaproyectos”, indicó.
Destacó que el primer problema que tiene el Gobierno es la ausencia de priorización intersectorial y planeamiento, pues no saben cómo solucionar los problemas que hallaron en las obras. Específicamente, en el caso del Gasoducto, indicó que hubo un gran debate para decidir por donde pasaría el proyecto y hoy, 13 años después, el gobierno opta por la primera opción que tuvieron.
“En 2005, durante el periodo de Alejandro Toledo, hubo un gran debate en el país para ver si se hacía un Gasoducto Costero a través del Trapecio Andino, pero en ese periodo sacaron nuevas leyes de prioridad nacional y pasó un año sin que se haga nada en el proyecto”, indicó.
“Cuando salió Toledo y entró Alan García hubo otro debate donde se sacó una segunda ley que con la que se presenta Conduit Capital Partners, un fondo de inversión energética norteamericana, al que se le otorga la concesión”, añadió Romero Caro.
Con dicha concesión, el Gasoducto pasaba a ser un proyecto 100% privado que no tendría subsidios ni financiamiento estatal. Una vez firmado el contrato, y posterior a los estudios de Proinversión y de impacto ambiental, la compañía estadounidense acordó vender su participación restante en el proyecto peruano del Gasoducto Andino del Sur (Kuntur).
“Lo más importante que hicieron fue el estudio de impacto ambiental, y cuando lo terminaron se dieron cuenta que era un proyecto viable pero con rentabilidad baja; sin embargo, Odebrecht ya le había echado el ojo”, sostuvo el economista.
SE ADECUÓ CONTRATO EN FAVOR DE ODEBRECHT
Manuel Romero Caro indicó que “varios colaboradores eficaces denunciaron que la entonces gerente general de Kuntur, Claudia Hokama, se reunía con los funcionarios de Proinversión, antes del otorgamiento de la buena pro, para ver como adecuaban el contrato a lo solicitado por Odebrecht”.
“Es por eso que para el 17 de abril de 2013, cuando envían un oficio al comité del Gasoducto solicitando información del contrato celebrado entre el Estado y Kuntur, obtuvieron respuesta un año después, exactamente el 30 de abril de 2014. En dicho documento, precisaron que se encontraba suspendida la evaluación referida al programa de evaluación de obras, presentado por Kuntur, hasta la conclusión de las negociaciones”, indicó.
Créditos/expreso.com.pe/Scarlet Reyes Verástegui.
El Gobierno de Ollanta Humala nunca indicó lo que realmente quería hacer con esa faraónica obra, que de costar US$ 1,300 millones pasó a la astronómica suma de US$ 5,400.
El Proyecto de Modernización de la Refinería de Talara (PMRT), a cargo de la empresa española Técnicas Reunidas Talara, es uno de los megaproyectos más cuestionados del Gobierno de Ollanta Humala por involucrar presuntos hechos de corrupción durante su ejecución.
Para el economista Manuel Romero Caro, se trata de uno de los engaños más grandes de la historia del país, pues las autoridades de ese entonces nunca precisaron lo que realmente querían hacer con la obra.
Cuando el PMRT fue presentado a la población, durante el segundo Gobierno de Alan García (2006-2011), se aseguró que sólo se modernizaría la refinería existente para lo cual se debía efectuar un proceso de desulfuración que le costaba a Petroperú cerca de 1,300 millones de dólares.
Pero en el julio de 2013, en pleno Gobierno nacionalista, el entonces presidente de la República, Ollanta Humala, anunciaba que las obras costarían 3,500 millones de dólares, de los cuales 2,730 millones serían asumidos por el Estado. Es decir, se duplicó el monto establecido inicialmente.
“La Refinería de Talara tiene un gran pecado original, nunca nos dijeron qué era lo que realmente quisieron hacer y nos mintieron a todos. Nos vendieron la idea de desulfuración para no contaminar los pulmones de la población, así como aumentar la capacidad de la vieja refinería”, afirmó el economista.
Lo cierto es que, tal como lo anunció en su momento, y ante los diferentes cuestionamientos, el gerente general de Petroperú, Eduardo García Rosell, no se trataba de un “proyecto de modernización”, sino de una nueva refinería petrolera que, según él, produciría cerca de 95,000 barriles al día, cuando la anterior no llegaba ni a la mitad de ese número.
“Es algo espantoso. El tema es bien sencillo, ¿por qué se necesitaban meter miles de millones de dólares para sacar adelante una gasolina que al final resultaba ser más cara que la importada? ¿De dónde iban a sacar la materia prima si todo lo que existe en el Perú no alcanza?”, cuestionó el economista. Esas preguntas deberán ser respondidas por las respectivas autoridades.
Durante el proceso de construcción, Petroperú comenzó a subir el precio de la gasolina y, por lo mismo, el Estado nunca se atrevió a decir cuál sería la rentabilidad real del proyecto.
Otro de los grandes señalamientos, indicó Romero Caro, es que dicho proyecto fue exonerado en su totalidad de todo tipo de firmas y concursos para lograr su desarrollo.
“Creo que lo exoneró la bancada nacionalista de ese entonces, incluso no pasó por Proinversión. Pero lo peor de todo es que hasta el día de hoy se sigue con la gran mentira”, sostuvo.
Como se sabe, actualmente el Proyecto de Modernización de la Refinería de Talara abarca un monto de inversión que supera los 5,400 millones de dólares, precio multiplicado por cuatro, comparado con su valor inicial.
“No sabían cómo iba a evolucionar la demanda en 30 años pero ellos ya habían firmado un cheque en blanco y ese es un hueco inmenso que nadie se ha dado cuenta, pero que todos pagamos”, señaló Romero Caro. Precisó que resultaría difícil paralizar los trabajos en estos momentos por el avance de la obra y el pago ya realizado.
Agregó que el de la refinería es un proyecto que no tiene sustento por ningún lado porque cuando se culmine, el país solo tendrá dos opciones: cobrar el precio del mercado internacional por la materia y dejar que el Estado peruano pague por el diferencial, o no cobrar el precio internacional y dejar que los importadores ganen en el mercado.
Gasoducto: otro “elefante blanco”
Otro de los “elefantes blancos” cuestionados por presuntos hechos de corrupción durante su desarrollo es el Gasoducto Sur Peruano (GSP), a cargo de la constructora brasileña Odebrecht. A pesar de ello, en las declaraciones de colaboración eficaz de Marcelo Odebrecht y Jorge Barata, no se admitió el pago de coimas en dicho proyecto.
Los representantes de Odebrecht solo aceptaron que hubo hechos de corrupción en cuatro megaproyectos: Metro de Lima, Costa Verde del Callao, Interoceánica y la Vía de Evitamiento. Sin embargo, solo serían un porcentaje pequeño de las obras ejecutadas en el país.
Uno de los principales cuestionamientos que se hicieron luego de la firma del contrato con Kuntur, además de la solvencia económica, fueron las reservas. El entonces presidente Alan García solo aseguró un millón de trillones de pies cúbicos (TCF), cuando el proyecto necesitaba por lo menos cinco TCF.
En el periodo de Ollanta Humala como presidente de la República se inicia un proceso de renegociación. Sin embargo, en marzo del 2012, el líder nacionalista inaugura el Gasoducto y cuatro meses después, exactamente el 28 de julio del mismo año, Kuntur le pidió dinero al Estado para la obra, pero como éste decidió no otorgarlo, convocaron a una nueva licitación.
“Lo gracioso es que esa nueva licitación tenía el mismo trazo y el mismo estudio de impacto ambiental. La esencia de eso fue los subsidios porque si se ganaba en un proceso de licitación terminaba llevándoselo todo Odebrech”, explicó el economista Manuel Romero Caro.
“La excusa fue esa. El Gobierno canjeó un proyecto privado, sin subsidios, donde todo era pagado por Kuntur – Odebrecht, por un elefante blanco que exprimió a todos los consumidores”, detalló.
Según lo precisado por Manuel Romero Caro, si ya se sabía que Kuntur pasó a ser propiedad en un 100 % de Odebrecht, y que la brasileña continuaría con el proyecto, a diferencia de Kuntur, Odebrecht sí contaría con subsidio estatal, y el Gobierno “solo tenía que ejecutarle la carta fianza para evitar el pago de millones de dólares en un arbitraje”.
“Lo único que tenía que hacer el Gobierno era ejecutarle la carta fianza [a Odebrecht] pero nunca lo hizo porque nunca vencía. Cada vez que iba a expirar, Odebrecht iba al Ministerio Público para renovar la vigencia. Con eso hubieran evitado regalarle 70 millones de dólares en un arbitraje”, sostuvo.
La nueva concesión fue desarrollada a través de un “contrato boot”, es decir, que no permitía la ejecución de obras hasta que no se dé un cierre financiero. Este mismo inicia el 30 de junio de 2014, pero tres meses antes el escándalo por el caso Lava Jato ya había estallado, y por esas fechas ya estaban por sentenciar a Marcelo Odebrecht. Pese a ello, le entregaron la buena pro a Odebrecht y los gastos fueron solventados por el Estado.
“CORRUPCIÓN CLARÍSIMA”
Algo que tienen en común la Refinería de Talara y el Gasoducto Sur Peruano es que se trabajaron durante el final de gobierno de Alan García y el inicio del periodo gubernamental de Ollanta Humala Tasso.
Además, detalló, en los últimos días del gobierno de García, se aprobó un proyecto de ley que le daba todas las facilidades en el Consejo Petroquímico y diseñaba el control de precios.
“Todos los que delinquieron deben ir a la cárcel sin importar su condición”, pues ahora, con los intentos por entrar a la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), se ha creado una figura en la que las personas jurídicas también tienen responsabilidad.
“Creo que todos los que delinquieron deben ir a la cárcel, ricos, pobres o lo que fueran porque los culpables son las personas no los fierros”, concluyó.
“Se quemaron etapas para acelerar entrega de proyecto”
Para Manuel Romero Caro, tanto el Gasoducto como otras megaobras se caracterizan por haber pasado por una serie de irregularidades y exoneraciones que permitieron su rápida aprobación.
“Todos quemaron etapas y pasaron una serie de exoneraciones, el tema es que había presión mediática, gremial y empresarial. Cada año, se encargaban estudios de brecha de infraestructura, y si a todo eso se le agrega los sobornos, ya tienes un caldo de cultivo que da una idea del contexto en el que se estaban aprobando estos megaproyectos”, indicó.
Destacó que el primer problema que tiene el Gobierno es la ausencia de priorización intersectorial y planeamiento, pues no saben cómo solucionar los problemas que hallaron en las obras. Específicamente, en el caso del Gasoducto, indicó que hubo un gran debate para decidir por donde pasaría el proyecto y hoy, 13 años después, el gobierno opta por la primera opción que tuvieron.
“En 2005, durante el periodo de Alejandro Toledo, hubo un gran debate en el país para ver si se hacía un Gasoducto Costero a través del Trapecio Andino, pero en ese periodo sacaron nuevas leyes de prioridad nacional y pasó un año sin que se haga nada en el proyecto”, indicó.
“Cuando salió Toledo y entró Alan García hubo otro debate donde se sacó una segunda ley que con la que se presenta Conduit Capital Partners, un fondo de inversión energética norteamericana, al que se le otorga la concesión”, añadió Romero Caro.
Con dicha concesión, el Gasoducto pasaba a ser un proyecto 100% privado que no tendría subsidios ni financiamiento estatal. Una vez firmado el contrato, y posterior a los estudios de Proinversión y de impacto ambiental, la compañía estadounidense acordó vender su participación restante en el proyecto peruano del Gasoducto Andino del Sur (Kuntur).
“Lo más importante que hicieron fue el estudio de impacto ambiental, y cuando lo terminaron se dieron cuenta que era un proyecto viable pero con rentabilidad baja; sin embargo, Odebrecht ya le había echado el ojo”, sostuvo el economista.
SE ADECUÓ CONTRATO EN FAVOR DE ODEBRECHT
Manuel Romero Caro indicó que “varios colaboradores eficaces denunciaron que la entonces gerente general de Kuntur, Claudia Hokama, se reunía con los funcionarios de Proinversión, antes del otorgamiento de la buena pro, para ver como adecuaban el contrato a lo solicitado por Odebrecht”.
“Es por eso que para el 17 de abril de 2013, cuando envían un oficio al comité del Gasoducto solicitando información del contrato celebrado entre el Estado y Kuntur, obtuvieron respuesta un año después, exactamente el 30 de abril de 2014. En dicho documento, precisaron que se encontraba suspendida la evaluación referida al programa de evaluación de obras, presentado por Kuntur, hasta la conclusión de las negociaciones”, indicó.
Créditos/expreso.com.pe/Scarlet Reyes Verástegui.
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