Mostrando entradas con la etiqueta Ollanta Humala. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta Ollanta Humala. Mostrar todas las entradas

lunes, octubre 14

Ex presidente Humala investigado por asesinato

Ordena investigar a Humala por asesinato de Fasabi

Dra. Zoraida Ávalos advierte que a exjefe de Estado ‘no le asiste la prerrogativa funcional del antejuicio político’.
Ex presidente Humala investigado por asesinato - DePeru
La fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, remitió a la Décimo Quinta Fiscalía Provincial Penal de Lima el Informe Final de la Comisión de Fiscalización del Congreso de la República que recomienda investigar al expresidente Ollanta Humala y a su entorno más próximo por el asesinato de su exempleado todo terreno, Emerson Fasabi, perpetrado en julio de 2015, en medio de la trama siniestra del robo de las agendas de Nadine Heredia de la residencia de la calle Castrat de Surco.

“De la revisión del mencionado Proyecto de Informe Final emitido por la Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso del Parlamento Nacional, se advierte que en el marco de las investigaciones, los integrantes de la referida comisión concluyeron, entre otros aspectos, que la muerte de Emerson Fasabi Moscovich se habría producido por la ingesta de una sustancia tóxica, descartándose al alcohol etílico como agente causante”, señala la magistrada en la parte considerativa del documento.

Luego indica: “Se le atribuye al ex presidente Ollanta Moisés Humala Tasso, haber realizado acciones para alterar la escena del crimen y la pérdida de evidencia criminalística, así como inducir a testigos para que declaren falsamente ante la Policía Nacional del Perú; acciones que habría realizado no directamente sino a través de Juan José Peñafiel Reyes”.

El documento -fechado el 19 de septiembre último- fue remitido al despacho del fiscal provincial Fidel Castro Chirinos, quien en dos ocasiones anteriores archivó la investigación penal de este espinoso caso al establecer que el excabo EP de 27 años había muerto a consecuencia de una pancreatitis aguda, como determinaron inicialmente los médicos legistas Raúl Walter Mostajo Merino (Colegio Médico N° 31817) y Jorge Hipólito Vilcapaza Atamari (Colegio Médico N° 37954).

El Informe Final de la citada Comisión de Fiscalización fue enviado en semanas pasadas al despacho de Zoraida Ávalos por el abogado de la familia Fasabi, Sandro Balvín Sáenz, un año y medio después de que el mencionado grupo de trabajo indagador estableciera que el muchacho ucayalino había sido envenenado en la noche-madrugada del 21 al 22 de julio de 2015 en el cuarto ‘D’ del N° 100 de la calle Fernando Castrat, a escasos 50 metros de la residencia de los Humala-Heredia.

La resolución de la máxima representante del Ministerio Público indica: “Consecuentemente, teniendo en cuenta la existencia de una investigación contra Ollanta Moisés Humala Tasso y otros, respecto de la presunta participación en el deceso de Emerson Fasabi Moscovich ante la Décimo Quinta Fiscalía Provincial Penal de Lima -la que actualmente se encuentra en trámite, Carpeta N° 303-2015- corresponde que los presentes actuados sean remitidos para que se proceda conforme a sus atribuciones”.

Pero hay más, pues la resolución de la fiscal Ávalos considera previamente que al exjefe de Estado no le corresponde en esta investigación ninguna prerrogativa constitucional.
“Se aprecia que los hechos atribuidos a Ollanta Moisés Humala Tasso -haber obstruido en el esclarecimiento del deceso de Emerson Fasabi Moscovich-, no se enmarca dentro de algún delito cometido en el ejercicio de sus funciones como Presidente de la República, sino como delitos comunes. Por lo tanto, resulta claro que no le asiste la prerrogativa funcional del antejuicio político, debiendo entonces evaluarse la conducta imputada desde la perspectiva de la presunta comisión de un delito común”, se indica.

Emerson Fasabi fue hallado muerto en su cuarto de alquiler en el N° 100 de la misma calle Castrat por el chofer Juan José Peñafiel Reyes entre las 9:00 y las 9:30 de la mañana del miércoles 22 de julio de 2015. El día anterior no se presentó a trabajar en la casa de los Humala-Heredia y a nadie se le ocurrió cruzar la calle y preguntar por él, teniendo en cuenta que a partir de las 6:00 de la mañana de todos los días compraba el pan y lavaba la camioneta presidencial.

El cadáver permaneció varios días en la Morgue Central de Lima y finalmente fue entregado por orden fiscal a Peñafiel Reyes, quien en los días posteriores hizo que lo cargaran de formol en la Funeraria Frías y lo trasladó hasta el caserío de Tahuanía (Ucayali), por aire, río y tierra, en compañía del otro chofer presidencial, Oswaldo Sabino Otiniano Villaca. Según el chofer, llevó una bolsa de 4,000 soles, de los cuales 2,000 soles fueron aportados por el entonces jefe de Estado.

De acuerdo al Informe Final de la Comisión de Fiscalización -ahora en poder de la Fiscalía- la muerte de Emerson Fasabi está vinculada al robo de las agendas de la entonces primera dama Nadine Heredia, en el que habrían tenido que ver el ama de llaves Micheline Vargas y la mucama Luz Any Monteza Rimarachín.

Según una línea de investigación, Emerson Fasabi habría sacado las agendas de la entonces primera dama en bolsas de desmonte durante una remodelación de la residencia presidencial- integrada por los lotes N°s 177-183-195 de la calle Castrat. Esas obras fueron supervisadas por el chofer Otiniano Villaca, uno de los personajes de más confianza de Ollanta Humala.

Las agendas: Se concluye que la muerte de Emerson Fasabi está vinculada al robo de las agendas de la ex primera dama Nadine Heredia, en el que habrían tenido que ver el ama de llaves Micheline Vargas y la empleada de casa Luz Any Monteza Rimarachín.

Conferencia
La Disposición N° 01 firmada por la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, fue dada a conocer en la noche del jueves a través de una conferencia de prensa a la que asistieron los periodistas Luis Torrico Carrasa, Eduardo Deza León y Jesús Molina Ormeño, quienes en agosto de 2015 dieron a conocer en la revista ‘Velaverde’ el extraño deceso del excabo del Ejército Emerson Fasabi, frente a la residencia de los HumalaHereda en Surco. Š Es de subrayar que fue Deza León quien llevó adelante la investigación durante estos años, y que al parecer da sus primeros frutos sustantivos.

Informe final del Congreso es lapidario
La conclusión más importante del Informe Final de la Comisión de Fiscalización del Congreso de la República que acaba de acoger la fiscal de la Nación tiene que ver con el Capítulo V, sobre Conclusiones, que a la letra señala:

1. Se ha determinado que el Informe de Necropsia N° 002515-2015 ha sido deficiente en cuanto a su procedimiento y conclusiones respecto a la causa de la muerte; mientras que el informe pericial de parte encomendado por esta comisión al perito auditor, Dr. Saúl Díaz Bendivel, concluyó que el deceso de Emerson Fasabi Moscobich fue de TIPO HOMICIDA, tratándose de una muerte violenta por INGESTA DE SUSTANCIA TÓXICA, descartándose el alcohol etílico como agente causante, la misma que se habría producido entre las 21:00 horas del día 21 de julio de 2015 y las 3:00 horas del día siguiente.

Es de recordar que Ollanta Humala fue investigado por la presunta comisión del delito contra la vida, el cuerpo y la salud en la modalidad de homicidio calificado.

Y la ex primera dama Nadine Heredia fue pesquisada por los presuntos delitos contra la vida, el cuerpo y la salud en la modalidad de lesiones graves y homicidio calificado; asimismo contra la presunta violación de libertad personal en calidad de secuestro en agravio de Fasabi.

A raíz de la resolución de archivo definitivo del caso de parte del fiscal Fidel Castro Chirinos, el abogado de los Humala-Heredia en el caso de los aportes de campaña de Odebrecht y otras constructoras brasileñas, César Nakazaki, saludó la decisión de dicho magistrado y consideró que la comisión fiscalizadora del Congreso “jamás debió investigar” este hecho.

“Era indispensable archivar la mayor evidencia de la politización del caso del expresidente Humala. Congreso jamás debió investigar y Fiscalía acertadamente reconoció contundencia de la prueba médica. No hubo muerte violenta por mano ajena”, escribió en Twitter. Pero todo indica que se equivocó.

El fiscal del caso al parecer era “hermanito”
El fiscal provincial a cargo del caso Fasabi desde hace unos cinco años, Fidel Castro Chirinos, es mencionado en un audio por el cuestionado vocal César Hinostroza, en un intento fallido por convertirlo en fiscal superior. Esta es la transcripción textual de la conversación que sostiene con un amigo de Fidel Castro:

– Amigo: Oye, hermanito lindo, mira, a Fidel ya lo citaron para el 3 para la entrevista. Fidel Castro. Sí.
– Hinostroza: Me dicen que lo han bajado, ¿no?
– Amigo: Sí, está cuarto. Está cuarto.
– Hinostroza: ¿Y qué ha pasado, hermano? ¿No ha tenido currículum?
– Amigo: El currículum.

domingo, mayo 19

Sobornos conocidos que recibieron Fujimori, Toledo, García, Humala y PPK

¿Cuánto cuesta corromper a una autoridad en el Perú?

Vergüenza en cifras. Los gobiernos de Alberto Fujimori, Alejandro Toledo, Alan García y Ollanta Humala están comprometidos con pagos millonarios e ilícitos. Pedro Pablo Kuczynski no está exento: su firma asesoró a la empresa con oscuros contratos mientras fue ministro.

Los pagos de millonarios sobornos a funcionarios públicos expuestos en la última semana por el exsuperintendente de Odebrecht en el Perú, Jorge Barata, solo nos recuerdan que la corrupción ha sido un nefasto pasivo enquistado en la construcción del país que ahora conocemos y desconocemos.

El escándalo Lava Jato es considerado el caso de corrupción más grande en la historia de América Latina, pero los peruanos ya hemos vivido una época manchada por sobornos y compra de lealtades; el régimen de Alberto Fujimori (1990-2000) no dejó dudas. Fue una década de festín para los corruptos.

Según Historia de la corrupción en el Perú, libro del fallecido historiador Alfonso W. Quiroz, US$2,038 millones fue el promedio anual del costo de la corrupción durante el gobierno fujimorista. Gran parte del dinero desviado provenía del erario nacional.
Sobornos conocidos que recibieron Fujimori, Toledo, García, Humala y PPK - DePeru
Aquí es donde aparece el entonces asesor presidencial Vladimiro Montesinos, hoy con más de 30 condenas sobre sus hombros. Una de ellas por la compra ilegal de armamento.

Hasta ahora, el Estado peruano busca repatriar dinero que Montesinos ocultó en cuentas bancarias en Suiza y Luxemburgo. Con los US$15 millones que próximamente se van a recuperar, el dinero rastreado en bancos a la mafia montesinista suma más de US$90 millones.
Sobornos conocidos que recibieron Fujimori, Toledo, García, Humala y PPK
La primera gestión del fallecido Alan García (1985-1990), así como la segunda, estuvo plagada de cuestionamientos. Leonel Figueroa y Héctor Neyra fueron directivos del Banco Central de Reserva que recibieron US$3 millones en coimas por depositar reservas públicas en el Banco Internacional de Crédito y Comercio (BCCI). Ambos fueron encarcelados, pero nunca implicaron a García pese a las evidencias.
Sobornos conocidos que recibieron Fujimori, Toledo, García, Humala y PPK
Desde la administración de Fujimori –y a excepción del ex gobernante Valentín Paniagua–, todos los demás mandatarios están comprometidos con dineros ilegales. Sus mandos medios se sumaron al desfalco de los recursos públicos.

En estos últimos 30 años poco o nada se pudo hacer contra la corrupción.

TENGA EN CUENTA

- Odebrecht reconoció desembolso de dinero ilegal bajo dos modalidades: pago de coimas y aportes de campañas. De ambas maneras buscaba asegurarse la concesión de obras públicas con el gobernante de turno.

- En el caso Lava Jato aún no hay funcionarios sentenciados, aunque el Ministerio Público se encuentra muy cerca de acusarlos. Las pruebas entregadas por Barata serán determinantes para lograr las condenas.

viernes, febrero 22

Exfuncionario de Odebrecht confirma entrega de dinero a Nadine Heredia

Odebrecht: Trindade Serra asegura que sostuvo reuniones con Nadine Heredia

El exfuncionario de Odebrecht confirma entrega de dinero.
Exfuncionario de Odebrecht confirma entrega de dinero a Nadine Heredia - DePeru
Lluvia de información. Raymundo Trindade Serra, exgerente de relaciones institucionales de Odebrecht, confirmó – en el quinto día de interrogatorios en Brasil – que sostuvo dos reuniones con Nadine Heredia para aportar dinero a la campaña presidencial de Ollanta Humala.

En esta línea, el exfuncionario de la constructora brasileña reveló que primero se reunió con Ollanta Humala y Nadine Heredia, posteriormente tuvo una reunión sólo con Nadine Heredia, en la que Jorge Barata hizo la entrega de dinero en efectivo.

Esta información fue brindada al fiscal Germán Juárez Atoche, quien se encuentra en Brasil: “Raymundo Trindade Serra declaró al fiscal Juárez que él acompañó a Jorge Barata al dpto. de los Humala Heredia ubicado en la avenida Armendáriz en Miraflores a entregar US$ 1 de los US$3 millones que Odebrecht aportó a la campaña”, informó la periodista Graciela Villasís, quien se encuentra en Brasil.

Debemos recordar que, el testimonio de Trindade Serra coincide con el testimonio que Jorge Barata brindó en febrero de 2018 en la sede de la Procuraduría de Sao Paulo en la que habló sobre la entrega de dos millones de dólares.

lunes, diciembre 17

Alan García sobre satélite: Es una estafa para el Perú

Perú SAT-1: Alan García y Ollanta Humala enfrentados por satélite

Los expresidentes Alan García y Ollanta Humala se enfrentaron por el satélite Perú SAT-1, tras revelarse que tiene fallas en su “interretina”, lo cual ocasiona que un 28 % de las fotografías tomadas por el equipo espacial no sean de utilidad para el país.
Alan García sobre satélite: Es una estafa para el Perú
El Perú SAT-1 fue adquirido por el exmandatario Ollanta Humala en el 2014. La compra del mismo a la empresa francesa Airbus DS, que está valorizada en US$205 millones (S/ 575 millones), según dijo el líder aprista “es una estafa para el Perú”.
“Encima del Perú hay satélites geoestacionarios a los cuales, por 50 dólares, se compran fotografías del lugar que usted quiera. Han hecho que el Perú malgaste 600 millones de soles en algo que no sirve y que seguro tuvo motivaciones ilícitas en su adquisición”, comentó Alan García en diálogo con la prensa.

Por su parte, Ollanta Humala le respondió vía Twitter. “Ya nada sorprende de Alan García, obsesivo para estar siempre en casos de corrupción, experto en huir del país y pedir asilos, siempre leal con sus empresarios mafiosos y tejedor de cortinas de humo; en suma la antítesis de cómo se debe hacer política”, escribió.
Conida y Airbus DS

La compañía europea a la cual se le compró el satélite admitió que “el problema es muy complejo y requiere personas específicas involucradas en el desarrollo del algoritmo de refinamiento de actitud geométrica que se ha puesto a disposición para esta resolución de anomalías”.

Por su lado, la Comisión Nacional de Investigación y Desarrollo Aeroespacial (Conida) aclaró que el satélite PerúSAT-1 está trabajando en perfectas condiciones.

domingo, diciembre 16

Ollanta y su obra de 1,300 a 5,400 millones de dólares

La gran estafa de la Refinería de Talara 

El Gobierno de Ollanta Humala nunca indicó lo que realmente quería hacer con esa faraónica obra, que de costar US$ 1,300 millones pasó a la astronómica suma de  US$ 5,400.
Ollanta y su obra de 1,300 a 5,400 millones de dolares - DePeru
El Proyecto de Modernización de la Refinería de Talara (PMRT), a cargo de la empresa española Técnicas Reunidas Talara, es uno de los megaproyectos más cuestionados del Gobierno de Ollanta Humala por involucrar presuntos hechos de corrupción durante su ejecución.

Para el economista Manuel Romero Caro, se trata de uno de los engaños más grandes de la historia del país, pues las autoridades de ese entonces nunca precisaron lo que realmente querían hacer con la obra.

Cuando el PMRT fue presentado a la población, durante el segundo Gobierno de Alan García (2006-2011), se aseguró que sólo se modernizaría la refinería existente para lo cual  se debía efectuar un proceso de desulfuración que le costaba a Petroperú cerca de 1,300 millones de dólares.

Pero en el julio de 2013, en pleno Gobierno nacionalista, el entonces presidente de la República, Ollanta Humala, anunciaba que las obras costarían 3,500 millones de dólares, de los cuales 2,730 millones serían asumidos por el Estado. Es decir, se duplicó el monto establecido inicialmente.

“La Refinería de Talara tiene un gran pecado original, nunca nos dijeron qué era lo que realmente quisieron hacer y nos mintieron a todos. Nos vendieron la idea de desulfuración para no contaminar los pulmones de la población, así como aumentar la capacidad de la vieja refinería”, afirmó el economista.

Lo cierto es que, tal como lo anunció en su momento, y ante los diferentes cuestionamientos, el gerente general de Petroperú, Eduardo García Rosell, no se trataba de un “proyecto de modernización”, sino de una nueva refinería petrolera que, según él,  produciría cerca de 95,000 barriles al día, cuando la anterior no llegaba ni a la mitad de ese número.

“Es algo espantoso. El tema es bien sencillo, ¿por qué se necesitaban meter miles de millones de dólares para sacar adelante una gasolina que al final resultaba ser más cara que la importada? ¿De dónde iban a sacar la materia prima si todo lo que existe en el Perú no alcanza?”, cuestionó el economista. Esas preguntas deberán ser respondidas por las respectivas autoridades.

Durante el proceso de construcción, Petroperú comenzó a subir el precio de la gasolina y, por lo mismo, el Estado nunca se atrevió a decir cuál sería la rentabilidad real del proyecto.

Otro de los grandes señalamientos, indicó Romero Caro, es que dicho proyecto fue exonerado en su totalidad de todo tipo de firmas y concursos para lograr su desarrollo.

“Creo que lo exoneró la bancada nacionalista de ese entonces, incluso no pasó por Proinversión. Pero lo peor de todo es que hasta el día de hoy se sigue con la gran mentira”, sostuvo.

Como se sabe, actualmente el Proyecto de Modernización de la Refinería de Talara abarca un monto de inversión que supera los 5,400 millones de dólares, precio multiplicado por cuatro, comparado con su valor inicial.

“No sabían cómo iba a evolucionar la demanda en 30 años pero ellos ya habían firmado un cheque en blanco y ese es un hueco inmenso que nadie se ha dado cuenta, pero que todos pagamos”, señaló Romero Caro. Precisó que resultaría difícil paralizar los trabajos en estos momentos por el avance de la obra y el pago ya realizado.

Agregó que el de la refinería es un proyecto que no tiene sustento por ningún lado porque cuando se culmine, el país solo tendrá dos opciones: cobrar el precio del mercado internacional por la materia y dejar que el Estado peruano pague por el diferencial, o no cobrar el precio internacional y dejar que los importadores ganen en el mercado.

Gasoducto: otro “elefante blanco”

Otro de los “elefantes blancos” cuestionados por presuntos hechos de corrupción durante su desarrollo es el Gasoducto Sur Peruano (GSP), a cargo de la constructora brasileña Odebrecht. A pesar de ello, en las declaraciones de colaboración eficaz de Marcelo Odebrecht y Jorge Barata, no se admitió el pago de coimas en dicho proyecto.

Los representantes de Odebrecht solo aceptaron que hubo hechos de corrupción en cuatro megaproyectos: Metro de Lima, Costa Verde del Callao, Interoceánica y la Vía de Evitamiento. Sin embargo, solo serían un porcentaje pequeño de las obras ejecutadas en el país.

Uno de los principales cuestionamientos que se hicieron luego de la firma del contrato con Kuntur, además de la solvencia económica, fueron las reservas. El entonces presidente Alan García solo aseguró un millón de trillones de pies cúbicos (TCF), cuando el proyecto necesitaba por lo menos cinco TCF.

En el periodo de Ollanta Humala como presidente de la República se inicia un proceso de renegociación. Sin embargo, en marzo del 2012, el líder nacionalista inaugura el Gasoducto y cuatro meses después, exactamente el 28 de julio del mismo año, Kuntur le pidió dinero al Estado para la obra, pero como éste decidió no otorgarlo, convocaron a una nueva licitación.

“Lo gracioso es que esa nueva licitación tenía el mismo trazo y el mismo estudio de impacto ambiental. La esencia de eso fue los subsidios porque si se ganaba en un proceso de licitación terminaba llevándoselo todo Odebrech”, explicó el economista Manuel Romero Caro.

“La excusa fue esa. El Gobierno canjeó un proyecto privado, sin subsidios, donde todo era pagado por Kuntur – Odebrecht, por un elefante blanco que exprimió a todos los consumidores”, detalló.

Según lo precisado por Manuel Romero Caro, si ya se sabía que Kuntur pasó a ser propiedad en un 100 % de Odebrecht, y que la brasileña continuaría con el proyecto, a diferencia de Kuntur, Odebrecht sí contaría con subsidio estatal, y el Gobierno “solo tenía que ejecutarle la carta fianza para evitar el pago de millones de dólares en un arbitraje”.

“Lo único que tenía que hacer el Gobierno era ejecutarle la carta fianza [a Odebrecht] pero nunca lo hizo porque nunca vencía. Cada vez que iba a expirar, Odebrecht iba al Ministerio Público para renovar la vigencia. Con eso hubieran evitado regalarle 70 millones de dólares en un arbitraje”, sostuvo.

La nueva concesión fue desarrollada a través de un “contrato boot”, es decir, que no permitía la ejecución de obras hasta que no se dé un cierre financiero. Este mismo inicia el 30 de junio de 2014, pero tres meses antes el escándalo por el caso Lava Jato ya había estallado, y por esas fechas ya estaban por sentenciar a Marcelo Odebrecht. Pese a ello, le entregaron la buena pro a Odebrecht y los gastos fueron solventados por el Estado.

CORRUPCIÓN CLARÍSIMA

Algo que tienen en común la Refinería de Talara y el Gasoducto Sur Peruano es que se trabajaron durante el final de gobierno de Alan García y el inicio del periodo gubernamental de Ollanta Humala Tasso.
Ollanta y su obra de 1,300 a 5,400 millones de dolares
“Yo vi la corrupción clarísima entre marzo y julio de 2014. En ese ínterin, el exministro [Eleodoro] Mayorga anunció que se había creado una Comisión Estatal Interministerial para determinar cuál sería el precio del etano. No se había secado la tinta del Gasoducto y esos sinvergüenzas querían hacer la Petroquímica que era el doble del otro”, denunció Manuel Romero Caro.

Además, detalló, en los últimos días del gobierno de García, se aprobó un proyecto de ley que le daba todas las facilidades en el Consejo Petroquímico y diseñaba el control de precios.

“Todos los que delinquieron deben ir a la cárcel sin importar su condición”, pues ahora, con los intentos por entrar a la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), se ha creado una figura en la que las personas jurídicas también tienen responsabilidad.

“Creo que todos los que delinquieron deben ir a la cárcel, ricos, pobres o lo que fueran porque los culpables son las personas no los fierros”, concluyó.

Se quemaron etapas para acelerar entrega de proyecto

Para Manuel Romero Caro, tanto el Gasoducto como otras megaobras se caracterizan por haber pasado por una serie de irregularidades y exoneraciones que permitieron su rápida aprobación.

“Todos quemaron etapas y pasaron una serie de exoneraciones, el tema es que había presión mediática, gremial y empresarial. Cada año, se encargaban estudios de brecha de infraestructura, y si a todo eso se le agrega los sobornos, ya tienes un caldo de cultivo que da una idea del contexto en el que se estaban aprobando estos megaproyectos”, indicó.

Destacó que el primer problema que tiene el Gobierno es la ausencia de priorización intersectorial y planeamiento, pues no saben cómo solucionar los problemas que hallaron en las obras. Específicamente, en el caso del Gasoducto, indicó que hubo un gran debate para decidir por donde pasaría el proyecto y hoy, 13 años después, el gobierno opta por la primera opción que tuvieron.

“En 2005, durante el periodo de Alejandro Toledo, hubo un gran debate en el país para ver si se hacía un Gasoducto Costero a través del Trapecio Andino, pero en ese periodo sacaron nuevas leyes de prioridad nacional y pasó un año sin que se haga nada en el proyecto”, indicó.

“Cuando salió Toledo y entró Alan García hubo otro debate donde se sacó una segunda ley que con la que se presenta Conduit Capital Partners, un fondo de inversión energética norteamericana, al que se le otorga la concesión”, añadió Romero Caro.

Con dicha concesión, el Gasoducto  pasaba a ser un proyecto 100% privado que no tendría subsidios ni financiamiento estatal. Una vez firmado el contrato, y posterior a los estudios de Proinversión y de impacto ambiental, la compañía estadounidense acordó vender su participación restante en el proyecto peruano del Gasoducto Andino del Sur (Kuntur).

“Lo más importante que hicieron fue el estudio de impacto ambiental, y cuando lo terminaron se dieron cuenta que era un proyecto viable pero con rentabilidad baja; sin embargo, Odebrecht ya le había echado el ojo”, sostuvo el economista.

SE ADECUÓ CONTRATO EN FAVOR DE ODEBRECHT

Manuel Romero Caro indicó que “varios colaboradores eficaces denunciaron que la entonces gerente general de Kuntur, Claudia Hokama, se reunía con los funcionarios de Proinversión, antes del otorgamiento de la buena pro, para ver como adecuaban el contrato a lo solicitado por Odebrecht”.

“Es por eso que para el 17 de abril de 2013, cuando envían un oficio al comité del Gasoducto solicitando información del contrato celebrado entre el Estado y Kuntur, obtuvieron respuesta un año después, exactamente el 30 de abril de 2014. En dicho documento, precisaron que se encontraba suspendida la evaluación referida al programa de evaluación de obras, presentado por Kuntur, hasta la conclusión de las negociaciones”, indicó.

domingo, diciembre 9

Obras de Ollanta son perdida para el estado

Ollanta y sus ministros implicados en presunta colusión agravada 

Solo se han registrado ingresos por S/ 9 millones por eventos realizados, mientras que los gastos de mantenimiento en los últimos tres años ascienden a S/ 19 millones.
Obras de Ollanta son perdida para el estado - DePeru
Durante el gobierno de Ollanta Humala, el Centro de Convenciones de Lima fue edificado por la empresa brasileña OAS Sucursal del Perú con un costó de 539 millones de soles. Fue el Ministerio de Vivienda el encargado del proyecto y del presupuesto a través del programa Nuestras Ciudades.

Para que OAS interveniera ganó un concurso hecho a la medida. Por ello, el gobierno de Humala saltó las vallas legales del control y contrató a organismos internacionales para que se encargaran de la administración, supervisión y contratación de las empresas constructoras supervisoras, flexibilizando todos los plazos y procesos.

Es así como aparece en escena la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) cuyo rubro de especialidad nada tiene que ver con las obras de arquitectura.  La OIM había ofrecido un mayor porcentaje de retorno al gobierno peruano que sus dos competidores: la Organización de Estados Iberoamericanos y la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS).

El 5 de marzo de 2014, en un proceso de convocatoria direccionado, la constructora OAS resulta ganadora frente a otras constructoras como Consorcio OHL y JJC.  OAS prometió construir el edificio en 525 días, es decir, un año y cinco meses, en tanto que la OIM convocó a la empresa supervisora de la obra recayendo la responsabilidad en el consorcio Centro de Convenciones Cesel Ingenieros y Pinearq de España.

Todos los argumentos para presentar en sociedad y justificar la inversión estaban orientados a asegurar que el Centro de Convenciones de Lima sería sede de un evento extraordinario como era el de las Juntas de Gobernadores del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional. Paradójicamente, era un evento sobre pobreza y finanzas.

Aún sin terminar, obtuvo 4 mil observaciones realizadas por la Contraloría General de la República. Pese a ello, el local fue abierto, mediante acta de entrega anticipada en septiembre de 2015, para acoger a la junta de gobernadores.

La constructora OAS no quiso terminar los trabajos, respaldada por el consorcio supervisor que señalaba que la obra se encontraba “sustancialmente terminada”.

La Comisión Lava Jato, presidida por Rosa Bartra, pidió información a la OIM específicamente sobre el funcionario Édgar Wilfredo Cornejo Cornejo y, como era de esperarse,  la OIM, Cornejo y otros, rechazaron la convocatoria aduciendo su privilegio de inmunidad diplomática dentro del marco de los tratados internacionales suscritos con el Perú.

PÉRDIDAS

La comisión investigadora ha encontrado que el Estado ha perdido casi 67 millones de soles por daños y perjuicios en tanto la obra sigue sin concluir. A la fecha sólo se ha registrado ingresos por 9 millones de soles por eventos realizados y solo los gastos de operación y mantenimiento de los últimos tres años ascienden a 19 millones de soles.

Tras todos los hechos investigados,  la comisión congresal ha determinado que el expresidente Ollanta Humala y los exministros de Vivienda, René Cornejo Díaz y Milton Von Hesse, han incurrido en infracción constitucional.

También se determinaron las siguientes responsabilidades penales: delito de colusión agravada a Ollanta Humala Tasso y René Cornejo Díaz, exministro; Luis Obdulio Tagle Pizarro, exdirector ejecutivo del Programa Nuestras Ciudades;  Ricardo Salinas Vicachagua, ex coordinador técnico del comité técnico;  José Iván Dávalos Saravia, jefe de misión de la OIM-Perú;  Ricardo Vidal Núñez, exviceministro de Vivienda y Urbanismo y expresidente de la Comisión Técnica;  Jesús Gattas Abugattás Abuid, representante legal del consorcio supervisor Centro de Convenciones; Valfredo de Assis Ribeiro Filho, representante de la Constructora OAS sucursal Perú, y a Leonardo Fracassi Costa, representante legal de la Constructora OAS S.A. Sucursal del Perú.

Y por el delito de omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales, a Milton Von Hesse La Serna, exministro de Vivienda; Wilhelm Eduardo José Funcke Figueroa, ex director ejecutivo del Programa Nuestras Ciudades, y a Claudia Janet Salaverry Hernández, ex directora nacional del Proyecto Centro de Convenciones y ex directora general de la Oficina General de Administración.

TERCEROS

La comisión recomienda que se incorpore a la empresa OAS y al consorcio supervisor Centro de Convenciones, conformado por Cesel Ingenieros y Pinearq como terceros civiles; además, se recomienda al Ministerio Público abrir una investigación a René Cornejo Díaz por registros de operaciones financieras sospechosas.

Así también se recomienda a la Agencia de Promoción de la Inversión Privada, concluir con el concurso público Internacional del proyecto de operación y mantenimiento del Centro de Convenciones en Lima – Perú.

La comisión sugirió al Ministerio de Vivienda que evalúe cursar invitación para conciliar junto a la constructora OAS, como el consorcio supervisor Centro de Convenciones, por incumplir cláusulas en los respectivos contratos. Del mismo modo, se le recomienda al Ministerio de Relaciones Exteriores realizar los trámites necesarios y solicitar a la Corte Internacional de Justicia su opinión sobre las funciones de las organizaciones internacionales, su alcance de los privilegios e inmunidades y qué tipo de convenios puede realizarse con ellas.

Recomiendan investigación fiscal

El informe de la Comisión Lava Jato recomienda al Ministerio Público investigar por el delito de colusión agravada al expresidente Ollanta Humala, René Cornejo Díaz, exministro de Vivienda (2011-2014); Milton Von Hesse, exministro de Vivienda (2014-2015); Ricardo Vidal Núñez, exviceministro de Vivienda y Urbanismo; Luis Obdulio Tagle, exdirector del programa Nuestras Ciudades; y Ricardo Salinas Vilcachagua, exfuncionario del Ministerio de Vivienda.

Así como a José Díaz Oliden, exdirector del programa Nuestras Ciudades; Valfredo de Assis Ribeiro, representante de OAS; y Leonardo Fracassi Costa, representante legal de OAS.

Cabe precisar que el crimen de colusión agravada puede llevar al imputado a una condena privativa de la libertad de entre seis a 15 años. En el caso de Humala “habría concertado con la Constructora OAS S.A. Sucursal del Perú, a fin que resultara ganadora” del proyecto “y que se le efectuasen los pagos correspondientes, pese a haberse retrasado en la ejecución de la obra”.

Además, indica que habrían necesitado el “apoyo” de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), que gozaba de privilegios e inmunidades, los cuales eran usados para direccionar los procesos y así evitar todo tipo de cuestionamientos y control, añade el informe.

Contra el exjefe de Estado también recomiendan “una denuncia constitucional” por “infracción al principio de Buena Administración” y no emitir algún pronunciamiento sobre el retraso de la ejecución de la obra o subsanación de observaciones.

De otro lado, René Cornejo habría autorizado la suscripción del convenio específico con la OIM, a pesar de que no era competente por especializarse en temas de migración.

Al parecer, el exministro también incumplió el Trato Igualitario. Supuestamente, suscribió una resolución ministerial avalando a la OIM, variando “las condiciones de propuesta al no reconocer ningún porcentaje de retorno por asistencia técnica”.

Mientras tanto, Milton Von Hesse La Serna “omitió supervisar las acciones de sus subordinados al permitir la suscripción de los contratos con la Constructora OAS S.A. Sucursal del Perú y el Consorcio Supervisor del Centro de Convenciones, pese a los hechos irregulares suscitados durante sus respectivos procesos de selección y a la transgresión del principio de transparencia establecido en la ley”, refiere el informe.

“Esta omisión se habría realizado con conocimiento y voluntad (conducta dolosa), pues Milton Martín von Hesse La Serna conocía o debía conocer que la supervisión de sus subordinados era parte de sus obligaciones como ministro”, resalta.

El oficio sostiene que el exviceministro de Vivienda y Urbanismo, Ricardo Vidal, “habría colaborado para que la Constructora OAS resultara ganadora y se beneficie económicamente”.

“Ello se habría concretado a través de las reuniones que sostuvo con Valfredo de Assis Ribeiro Filho en las instalaciones del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento antes de la etapa de presentación de propuestas”, precisa la investigación.

ELEFANTE BLANCO

El informe también muestra pruebas para sostener que el Centro de Convenciones de Lima sería un “elefante blanco”. El equipo de investigación Lava Jato citó un estudio de la Contraloría General de la República, realizada el 29 de diciembre de 2017, donde se evidencia que hay una pérdida operativa de S/ 9’738,622.27, la cual es asumida por el Estado.

Asimismo, evidencia que las instalaciones del Centro de Convenciones de Lima no se explota al 100 %, excepto cuando hay grandes protocolos, como la Junta de Gobernadores del Banco Mundial (BM) y del Fondo Monetario Internacional (FMI), realizada en octubre de 2015 y donde asistieron 11,000 personas.

También la Cumbre de Líderes APEC, evento realizado por el Ministerio de Relaciones Exteriores, en noviembre de 2016, y cuyo aforo fue de 10 mil invitados. Asimismo, el XXXII Congreso Panamericano de Oftalmología, organizado por la Sociedad Peruana de Oftalmología en agosto de 2017; la 130º Asamblea del Comité Olímpico Internacional en septiembre de 2017; o el próximo COP 15, que el Ministerio del Ambiente tendrá que llevar a cabo en diciembre de 2020.

LA SITUACIÓN NO MEJORA

El 5 de marzo de 2018, mediante un informe, César Niño de Guzmán, coordinador del proyecto, señaló que el Ministerio de Vivienda “propuso que se le trasladara la obligación de implementar las partidas al operador que resultara ganador de la buena pro”. Sin embargo, identificó una serie de escenarios.

“(1) Ningún operador acepte subsanar las observaciones, por lo que el proceso de selección continuará paralizado, (2) un operador acepte subsanar, pero solicitará que se le incremente el monto del cofinanciamiento (…), (4) el ministerio asuma la subsanación de las observaciones a fin de no entorpecer el proceso de selección del operador”, refiere el informe.

De otro lado, el costo de operación y mantenimiento continúa incrementándose. En el año 2015 fue de 1’364,045.08; en el 2016 de 7’196,586.82; en el 2017, 7’166,586.82; y en el 2018, 3’290,982.33.

Asimismo, en convenios suscritos con instituciones públicas entre septiembre de 2015 a junio de 2018, hubo un ingreso de 5’554,200.67. Mientras que en contratos con empresas privadas, por el mismo lapso de tiempo, se recaudaron 3’725,625.05.

“Se observa que los gastos efectuados para la operación y mantenimiento del Centro de Convenciones son superiores a los ingresos por su alquiler, lo cual genera una pérdida operativa de S/ 9’738,622.27 que viene siendo asumida por el Estado”, finaliza el informe Lava Jato.

domingo, diciembre 2

¿Gobierno se gasto S/ 1,200 millones en publicidad estatal?

Ollanta Humala y PPK gastaron S/ 1,200 millones en publicidad estatal

Información se basa en un reporte de la Presidencia del Consejo de Ministros.
¿Gobierno se gasto S/ 1,200 millones en publicidad estatal? - DePeru
Los gobiernos de Ollanta Humala y Pedro Pablo Kuczynski gastaron en conjunto más de 1,200 millones de soles en publicidad estatal, reveló el presidente de la Comisión de Transportes y Comunicaciones del Congreso, Roy Ventura (Fuerza Popular).

Durante el debate de las observaciones planteadas por el Ejecutivo al dictamen que prohíbe la publicidad estatal en los medios privados, Ventura precisó que en el régimen humalista se gastaron 916 millones de soles en publicidad estatal.

En tanto que durante los meses en que Kuczynski se mantuvo en el poder, se gastaron 570 millones por este mismo concepto, de acuerdo con un reporte remitido por la Presidencia del Consejo de Ministros.

Ventura explicó que los gastos en publicidad estatal aumentaron a causa de las exoneraciones implementadas por la gestión de Humala en 2014, cuando se otorgaron facilidades para contrataciones directas entre el Gobierno y los medios de comunicación.

“Desde el 2014, la Ley 30225, que fue la iniciativa del gobierno de Ollanta Humala, modifica la ley de contrataciones del Estado, y hace precisiones en el artículo 27, referente a contrataciones directas. Antes de 2014, solo había tres excepciones, pero después se implementaron más”, explicó.

En declaraciones a la prensa, el parlamentario fujimorista manifestó que esta cantidad de dinero invertido en publicidad generó ciertas observaciones de parte del defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, quien participó en la sesión.

“Es que estos son grandes recursos, comparados con lo que tiene la Defensoría del Pueblo. Cuando se enteró de lo que habían gastado los gobiernos de Humala y Kuczynski, nos mostró su disconformidad”, afirmó.

No obstante, se debe precisar que durante la sesión, Walter Gutiérrez criticó que se pretenda limitar las vías de comunicación del Gobierno solo a las redes sociales, ya que esta vía no es accesible para toda la población.

“A la Defensoría del Pueblo le parece que es insuficiente apelar o echar mano solo de las redes sociales. Si miramos el mapa del país advertimos que las zonas rurales son las zonas donde menos cobertura existe, donde hay menos posibilidades de que funcionen los medios digitales”, afirmó.

Por su parte, el director ejecutivo del Consejo de la Prensa Peruana (CPP), Rodrigo Villarán, opinó durante la sesión que la propuesta de Mauricio Mulder es innecesaria, y que solo se debería regular la ley vigente.

“Creemos que la autógrafa de ley es una norma innecesaria. Debemos apuntar a la promulgación de un reglamento [porque] la iniciativa es una norma que afecta la libertad de expresión de forma excesiva e innecesaria”, enfatizó.

lunes, noviembre 26

Ordenan devolver inmuebles a Ollanta Humala

Sala de Apelaciones ordena devolver inmuebles a Ollanta Humala y Nadine Heredia

Los bienes incautados a Ollanta Humala y Nadine Heredia ahora cuentan con una orden de devolución referida a Pronabi.
Ordenan devolver inmuebles a Ollanta Humala - DePeru
Pronabi ordena devolver inmuebles de Ollanta Humala y Nadine Heredia.
La Primera Sala Penal de Apelaciones Nacional ordenó al Programa Nacional de Bienes Incautados (Pronabi) la devolución de las viviendas de Ollanta Humala y Nadine Heredia, las cuales fueron allanadas en mayo último en el marco de la investigación por el caso Odebrecht.

A través de un expediente revocó la incautación y desposesión del inmueble ubicado en Fernando Castrat 177-183 y el predio en Las Salinas, Lurín, pertenecientes a Nadine Heredia y su madre Antonia Alarcón.
Como se recuerda, en mayo, a través de una resolución judicial, se ordenó la incautación de los bienes inmuebles de Ollanta Humala y Nadine Heredia, pues según el argumento citado en el documento estas viviendas habrían sido adquiridas de forma ilegal.

En el documento expedido por el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria, a cargo del juez Richard Concepción Carhuancho, existen motivos razonables para sostener que se trata de inmuebles que constituyen objeto de lavado de activos y, por ende, está justificado el allanamiento de los mismos.
Ordenan devolver inmuebles a Ollanta Humala
Cabe destacar que en la resolución solo se habla de la orden de devolución de dos inmuebles, sin embargo quedan pendientes las viviendas de Urbanización Prolongación Benavides 2da etapa - Santiago de Surco, La Victoria y La Molina. Esta última perteneciente a Rocío del Carmen Calderón Vínatea, amiga de Nadine Heredia.


El 7 de mayo de 2018 un grupo de fiscales incautaron este lunes 5 inmuebles vinculados a la expareja presidencial, Ollanta Humala y Nadine Heredia, luego que estos recuperaron su libertad tras el fallo de Tribunal Constitucional. En dicha ocasión solo se les dio plazo máximo hasta las 10 de la noche para abandonar la vivienda.

domingo, noviembre 25

Odebrecht financió campañas presidenciales en el Perú

Odebrecht confirmó que financió campañas presidenciales de Keiko Fujimori y Ollanta Humala
Odebrecht financió campañas presidenciales en el Perú
“El señor Odebrecht ha sido bastante explícito en todas sus respuestas”. /img/flickr
El empresario brasileño Marcelo Odebrecht confirmó que su compañía financió en el año 2011 las campañas presidenciales de los candidatos Keiko Fujimori y Ollanta Humala.
Durante las declaraciones, Odebrecht también aseveró que las siglas “AG” que se pueden leer en su agenda sí se refieren al expresidente Alan García.

“El señor Odebrecht ha sido bastante explícito en todas sus respuestas”, comentó el coordinador de la Fiscalía de Lavados de Activos de Perú, Rafael Vela, quien estuvo acompañado en el interrogatorio por los también fiscales: José Pérez y Walter Villanueva.

Los fiscales viajaron a una cárcel de Curitiba, en Brasil, para interrogar por segunda vez en el año al exdirector de la polémica constructora, esperando poder recopilar mayor información de las iniciales AG y OH encontradas en la agenda de Odebrecht y que parecían referirse a los exmandatarios Alan García y Ollanta Humala.

Tras el largo interrogatorio, que tuvo una duración de cuatro horas, Odebrecht informó que las empresas consorciadas con la constructora en Perú “sabían lo que estaban haciendo”.

Según Odebrecht, su constructora solo ayudaba en las campañas de los candidatos presidenciales que tenían posibilidades de ganar, para que la empresa pudiese tener las puertas abiertas y así realizar nuevos proyectos en el país, una vez llegara a la presidencia el candidato financiado.

Hasta ahora, tanto Alan García como Keiko Fujimori habían negado haber recibido financiación de la constructora brasiñeña; si embargo, con la confirmación del empresario se logró tener la certeza de la entrega de dinero a los políticos.

Aunque al no existir un documento oficial sobre las declaraciones del ejecutivo, Fujimori volvió a negar las declaraciones, y aseguró que los medios locales mienten. Debido a esto, Edward García Navarro, quien defiende a la líder política, anunció que iniciará acciones penales contra el diario El Comercio por supuesta “difamación”.

Es importante destacar que la justicia peruana trata de revelar la “verdad total” sobre los 29 millones de dólares que la empresa brasileña reconoció haber entregado a funcionarios peruanos entre el año 2005 y el 2014, años que coinciden con los períodos presidenciales de Alejandro Toledo (2001-2006), Alan García (2006-2011) y Ollanta Humala (2011-2016).

“Si no revelamos completamente todo, será un desastre. Y no vamos solo a revelar la verdad en un país”, indicó el vicepresidente y director global de Cumplimiento de Odebrecht, Michael F. Munro.

Un informe de la Policía de Andorra ya había revelado los nombres de los quienes recibieron USD $15 millones, que habrían sido pagado a través de cuentas en la Banca Privada d’Andorra (BPA).

El informe destapó que los beneficiados fueron: Miguel Atala Herrera, exvicepresidente de Petroperú (2008-11), a quien se le habrían entregado USD $1,3 millones mediante la sociedad Ammarin Investment; Jorge Horacio Cánepa, exárbitro de la Cámara de Comercio de Lima (2009-15), quien habría recibido USD $1,4 millones a través de una cuenta abierta en 2013 en la BPA a nombre de Maxcrane Finance; asimismo, está presuntamente implicado el presidente de la consultora Alpha Consult, Rómulo Jorge Peñaranda Castañeda, vinculado a la firma Randalee Investments y a quien Odebrecht le habría pagado un monto de USD $2,6 millones en mayo del 2010.

Asimismo, el reporte nombra que el exgerente de Seguridad de Lima y expresidente de Emape (2011-14), Gabriel Prado Ramos, recibió USD $3,6 de la firma de Odebrecht, Aeon Group y al exdirector de Ositran (2007-2012), Juan Carlos Zevallos Ugarte, a quien se le pagó USD $780.000.

Perú a penas es uno de los muchos países de la región en el que se investiga el mayor escándalo de corrupción que incluye sobornos y lavado de dinero a grandes empresarios y políticos.

En el país grandes líderes como Keiko Fujimori, Alejandro Toledo, Alan García y Ollanta Humala se han visto envueltos en las investigaciones, lo que a situado al país como uno de los países en el que más líderes se han visto implicados.

sábado, noviembre 24

Toledo, Humala y PPK los más investigados por caso Lava Jato

Alejandro Toledo, Ollanta Humala y PPK son los más acusados por Lava Jato

La comisión del Congreso investigó 11 megaproyectos ejecutadas por empresas brasileñas. El citadro grupo de trabaja recomienda al Ministerio Público abrir investigación a ex presidentes, menos a Alan García.
Toledo, Humala y PPK los mas investigados por caso Lava Jato - DePeru
Toledo es acusado de recibir US$20 millones de Odebrecht a cambio de la Interoceánica Sur.
El informe de la comisión Lava Jato del Congreso salió a la luz con mucho ruido, pero con pocas sorpresas. Ha señalado responsabilidades delictivas en conocidos ex funcionarios, aunque todo indica que se olvidó de algunos peces gordos.

La congresista Rosa Bartra, presidenta del citado grupo de trabajo, decidió recomendar al Ministerio Público abrir investigación a los ex presidentes Alejandro Toledo, Ollanta Humala y Pedro Pablo Kuczynski; a ex ministros y viceministros; al alcalde de Lima, Luis Castañeda Lossio; a la ex alcaldesa Susana Villarán; y a otros funcionarios estatales. Así como calificó de terceros civiles responsables a diversas empresas.
La comisión parlamentaria investigó 11 megaproyectos que fueron adjudicados a diversas empresas brasileñas y a sus consorciadas: Gasoducto Sur, Proyecto de Irrigación Olmos, IIRSA Sur, Metro 1 de Lima, entre otros.

En el caso del Proyecto Especial de Irrigación e Hidroenergético de Olmos, el grupo de trabajo de la fujimorista Bartra puso bajo la lupa a Kuczynski y Humala.

Para la comisión Lava Jato, Humala actuó en provecho de Odebrecht debido al aporte de US$3 millones que recibió para su campaña electoral de acuerdo con las declaraciones de Jorge Barata, ex ejecutivo de Odebrecht en el Perú; y Marcelo Odebrecht, ex CEO de la constructora del mismo nombre. 

Según el documento, Humala en menos de un año, desde que asumió sus funciones en 2011, le reconoció al Concesionario Trasvase Olmos de Odebrecht US$43’642,000 y se transfirieron los montos al gobierno regional para que este le pague a los brasileños.

Kuczynski también está cuestionado por Olmos. Entre 2004 y 2006, cuando fue ministro de Economía y presidente del Consejo de Ministros, su empresa Westfield Capital recibió cuatro pagos de Odebrecht por consultorías.

En otro de los capítulos del informe Lava Jato, se señala que en el caso Gasoducto Sur se utilizaron los recursos económicos del Estado para favorecer ilegalmente a las empresas Odebrecht, OAS, Andrade Gutierrez, Queiroz Galvao, Camargo Correa, sus consorciadas, funcionarios y particulares. 

Según la comisión, Humala se habría coludido con ejecutivos de Odebrecht. “Se reunieron hasta en dos ocasiones en 2012 en Palacio para fijar en el contrato una serie de cláusulas en contra de los intereses del Estado”, se lee en el informe.

La comisión Lava Jato también decidió denunciar a Humala por infracción al principio de buena administración, por autorizar al Ministerio de Vivienda a usar la Organización Internacional para las Migraciones para que se encargue de la selección y contratación de las empresas que ejecutaron y supervisaron el Centro de Convenciones de Lima. 

En un inicio estaba previsto que se pague S/454.9 millones por la obra, pero finalmente se pagó S/499.3 millones, casi S/50 millones más.

Una de las hipótesis de Bartra es que Humala concertó con OAS para que se pague ese monto a pesar del retraso en la entrega de la referida obra.

VILLARÁN Y CASTAÑEDA

El informe indica que la ex alcaldesa de Lima, Susana Villarán, habría favorecido a las empresas brasileñas OAS, en el proyecto Línea Amarilla, y Odebrecht, en Vías Nuevas de Lima. 

Además, precisa que hay evidencias de que la ex burgomaestre de Lima recibió una coima para favorecer a OAS, por lo que recomienda denunciarla por lavado de activos, negociación incompatible, cohecho pasivo y falsedad ideológica.

Mientras que el alcalde de Lima, Luis Castañeda Lossio, habría incurrido en tráfico de influencias al suscribir los contratos de concesión del proyecto Línea Amarilla. Se le acusa de tráfico de influencias. 

TOLEDO Y CONSORCIADAS

En la obra IIRSA Sur, el grupo de Bartra recomienda acusar a Alejandro Toledo por haber recibido US$3 millones en sobornos de Odebrecht a cambio de la concesión de la vía. 

Según el informe, diversas constructoras nacionales también se habrían confabulado para pagar el soborno solicitado por Toledo a cambio de la Interoceánica Sur, tramos II y III. Se trata de las firmas Graña y Montero, JJ Camet e Ingenieros Civiles y Contratistas Generales S.A. 

En el Metro de Lima 1, Bartra recomienda investigar al ex ministro Enrique Cornejo por asociación ilícita para delinquir, negociación incompatible y colusión agravada. También al ex viceministro Jorge Cuba, por colusión, cohecho y lavado de dinero. 

Sin embargo, a quien no se recomienda abrir investigación es al ex presidente Alan García a pesar de que se reunió en 15 ocasiones con Jorge Barata en Palacio de Gobierno.

Este documento será expuesto en el Pleno del Congreso el próximo lunes. Se someterá a debate para su aprobación y se enviará al Ministerio Público para que sirva como un insumo más en las pesquisas fiscales.

ESPOSO DE LETONA NO APARECE EN INFORME

En 2014, el abogado José Guzmán, esposo de la congresista fujimorista Úrsula Letona, cumplió un papel importante en la adjudicación del proyecto Gasoducto Sur, a cargo de Odebrecht. Para el Ministerio Público, hubo ilícitos en esta ejecución. 

Guzmán, quien fue asesor de Proinversión, suscribió un informe que, de acuerdo con los cuestionamiento que recibió la comisión Lava Jato, habría servido para impedir que el consorcio Gasoducto Peruano del Sur continuara en carrera con Odebrecht. 

En febrero de 2018, la comisión Lava Jato recogió el testimonio de Guzmán, quien no fue incluido en el informe final. En aquella ocasión, el esposo de Letona aclaró que su participación fue como asesor externo en temas de hidrocarburos, entre febrero y julio de 2014.

Además, afirmó que es falso que haya suscrito un informe que recomiende al comité encargado de adjudicar las obras del Gasoducto Sur Peruano la descalificación de alguno de los postores. 

Por el contrario, dijo que él recomendó que se le dé la posibilidad al Gasoducto Peruano del Sur, competidor de Odebrecht, de subsanar su participación porcentual. Letona aseguró que su esposo actuó en calidad de asesor técnico, y no legal, por lo cual descartó algún hecho ilícito que lo involucre.

sábado, noviembre 3

Toledo, Ollanta Humala y PPK serán investigados por caso Lava Jato

Alejandro Toledo, Ollanta Humala y PPK son los más acusados por Lava Jato

La comisión del Congreso investigó 11 megaproyectos ejecutadas por empresas brasileñas. El citadro grupo de trabaja recomienda al Ministerio Público abrir investigación a ex presidentes, menos a Alan García.
Toledo, Ollanta Humala y PPK serán investigados por caso Lava Jato - DePeru
Toledo es acusado de recibir US$20 millones de Odebrecht a cambio de la Interoceánica Sur.
El informe de la comisión Lava Jato del Congreso salió a la luz con mucho ruido, pero con pocas sorpresas. Ha señalado responsabilidades delictivas en conocidos ex funcionarios, aunque todo indica que se olvidó de algunos peces gordos.

La congresista Rosa Bartra, presidenta del citado grupo de trabajo, decidió recomendar al Ministerio Público abrir investigación a los ex presidentes Alejandro Toledo, Ollanta Humala y Pedro Pablo Kuczynski; a ex ministros y viceministros; al alcalde de Lima, Luis Castañeda Lossio; a la ex alcaldesa Susana Villarán; y a otros funcionarios estatales. Así como calificó de terceros civiles responsables a diversas empresas. 

La comisión parlamentaria investigó 11 megaproyectos que fueron adjudicados a diversas empresas brasileñas y a sus consorciadas: Gasoducto Sur, Proyecto de Irrigación Olmos, IIRSA Sur, Metro 1 de Lima, entre otros.

En el caso del Proyecto Especial de Irrigación e Hidroenergético de Olmos, el grupo de trabajo de la fujimorista Bartra puso bajo la lupa a Kuczynski y Humala.

Para la comisión Lava Jato, Humala actuó en provecho de Odebrecht debido al aporte de US$3 millones que recibió para su campaña electoral de acuerdo con las declaraciones de Jorge Barata, ex ejecutivo de Odebrecht en el Perú; y Marcelo Odebrecht, ex CEO de la constructora del mismo nombre. 

Según el documento, Humala en menos de un año, desde que asumió sus funciones en 2011, le reconoció al Concesionario Trasvase Olmos de Odebrecht US$43’642,000 y se transfirieron los montos al gobierno regional para que este le pague a los brasileños.

Kuczynski también está cuestionado por Olmos. Entre 2004 y 2006, cuando fue ministro de Economía y presidente del Consejo de Ministros, su empresa Westfield Capital recibió cuatro pagos de Odebrecht por consultorías.

En otro de los capítulos del informe Lava Jato, se señala que en el caso Gasoducto Sur se utilizaron los recursos económicos del Estado para favorecer ilegalmente a las empresas Odebrecht, OAS, Andrade Gutierrez, Queiroz Galvao, Camargo Correa, sus consorciadas, funcionarios y particulares. 

Según la comisión, Humala se habría coludido con ejecutivos de Odebrecht. “Se reunieron hasta en dos ocasiones en 2012 en Palacio para fijar en el contrato una serie de cláusulas en contra de los intereses del Estado”, se lee en el informe.

La comisión Lava Jato también decidió denunciar a Humala por infracción al principio de buena administración, por autorizar al Ministerio de Vivienda a usar la Organización Internacional para las Migraciones para que se encargue de la selección y contratación de las empresas que ejecutaron y supervisaron el Centro de Convenciones de Lima. 

En un inicio estaba previsto que se pague S/454.9 millones por la obra, pero finalmente se pagó S/499.3 millones, casi S/50 millones más.

Una de las hipótesis de Bartra es que Humala concertó con OAS para que se pague ese monto a pesar del retraso en la entrega de la referida obra.

VILLARÁN Y CASTAÑEDA 

El informe indica que la ex alcaldesa de Lima, Susana Villarán, habría favorecido a las empresas brasileñas OAS, en el proyecto Línea Amarilla, y Odebrecht, en Vías Nuevas de Lima. 

Además, precisa que hay evidencias de que la ex burgomaestre de Lima recibió una coima para favorecer a OAS, por lo que recomienda denunciarla por lavado de activos, negociación incompatible, cohecho pasivo y falsedad ideológica.

Mientras que el alcalde de Lima, Luis Castañeda Lossio, habría incurrido en tráfico de influencias al suscribir los contratos de concesión del proyecto Línea Amarilla. Se le acusa de tráfico de influencias. 

TOLEDO Y CONSORCIADAS 

En la obra IIRSA Sur, el grupo de Bartra recomienda acusar a Alejandro Toledo por haber recibido US$3 millones en sobornos de Odebrecht a cambio de la concesión de la vía. 

Según el informe, diversas constructoras nacionales también se habrían confabulado para pagar el soborno solicitado por Toledo a cambio de la Interoceánica Sur, tramos II y III. Se trata de las firmas Graña y Montero, JJ Camet e Ingenieros Civiles y Contratistas Generales S.A. 

En el Metro de Lima 1, Bartra recomienda investigar al ex ministro Enrique Cornejo por asociación ilícita para delinquir, negociación incompatible y colusión agravada. También al ex viceministro Jorge Cuba, por colusión, cohecho y lavado de dinero. 

Sin embargo, a quien no se recomienda abrir investigación es al ex presidente Alan García a pesar de que se reunió en 15 ocasiones con Jorge Barata en Palacio de Gobierno.

Este documento será expuesto en el Pleno del Congreso el próximo lunes. Se someterá a debate para su aprobación y se enviará al Ministerio Público para que sirva como un insumo más en las pesquisas fiscales.

ESPOSO DE LETONA NO APARECE EN INFORME

En 2014, el abogado José Guzmán, esposo de la congresista fujimorista Úrsula Letona, cumplió un papel importante en la adjudicación del proyecto Gasoducto Sur, a cargo de Odebrecht. Para el Ministerio Público, hubo ilícitos en esta ejecución. 

Guzmán, quien fue asesor de Proinversión, suscribió un informe que, de acuerdo con los cuestionamiento que recibió la comisión Lava Jato, habría servido para impedir que el consorcio Gasoducto Peruano del Sur continuara en carrera con Odebrecht. 

En febrero de 2018, la comisión Lava Jato recogió el testimonio de Guzmán, quien no fue incluido en el informe final. En aquella ocasión, el esposo de Letona aclaró que su participación fue como asesor externo en temas de hidrocarburos, entre febrero y julio de 2014.

Además, afirmó que es falso que haya suscrito un informe que recomiende al comité encargado de adjudicar las obras del Gasoducto Sur Peruano la descalificación de alguno de los postores. 

Por el contrario, dijo que él recomendó que se le dé la posibilidad al Gasoducto Peruano del Sur, competidor de Odebrecht, de subsanar su participación porcentual. Letona aseguró que su esposo actuó en calidad de asesor técnico, y no legal, por lo cual descartó algún hecho ilícito que lo involucre.