Martin Vizcarra conspiró contra PPK

Roberto Vieira: «Martin Vizcarra me pidió que vacara a PPK»

El excongresista reveló que el presidente de la República, Martín Vizcarra, "conspiró" contra Pedro Pablo Kuczynski (PPK) en la primera y segunda vacancia presidencial.

El excongresista Roberto Vieira aseguró anoche que el presidente de la República, Martín Vizcarra, «conspiró» contra Pedro Pablo Kuczynski (PPK) en la primera y segunda vacancia presidencial.

«De la primera vacancia no tengo pruebas, pero en la segunda él (Martín Vizcarra) me pidió que vacara a PPK cuando estaba en Canadá», manifestó en una entrevista con Milagros Milagros en Willax.

«El propio presidente, a través del Whatsapp, me mandó un mensaje cuando yo le hice una consulta sobre la situación tan crítica que vivía el país. Me pidió que vacara a PPK», agregó.

Vieira, quién perteneció a la bancada de PPK, instó a Vizcarra Cornejo que lo niegue si le pidió o no vacar al expresidente. «Yo lo estoy hablando directamente, sin rodeos, ¡Que me lo niegue! (…) Ahora que él (Martín Vizcarra) está hablando de golpistas y conspiradores», puntualizó.

En el programa #MilagrosLeivaEntrevista, el ex congresista Roberto Vieira, aseguró que Martín Vizcarra conspiró para la vacancia del Presidente Pedro Pablo Kuczynski.
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— Willax Televisión (@willaxtv) September 16, 2020

Poder Judicial autorizó la incautación de dos propiedades de PPK

Poder Judicial ordenó incautar dos propiedades vinculadas a PPK

El Poder Judicial autorizó el allanamiento con fines de incautación de un terreno en Cieneguilla y parte del inmueble donde vive actualmente, ambos adquiridos por Dorado Asset Management.

El Poder Judicial autorizó la incautación de dos propiedades que fueron adquiridas por la empresa Dorado Asset Management Company S.A.C. como parte de la investigación contra Pedro Pablo Kuczynski (PPK). Entre los bienes que fueron alcanzados por esta diligencia, se encuentra parte del actual domicilio del expresidente.

Según informó El Comercio, el titular del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios, Jorge Luis Chávez Tamariz, aprobó el pedido de los fiscales del equipo especial Lava Jato para incautar dos inmuebles que son propiedad de la empresa Dorado Asset Management.

La incautación será con fines de decomiso de dos bienes: la casa ubicada en la calle Choquehuanca 967 (puerta principal) y 953 (garage), en San Isidro; y el lote 2-B de la zona 9 de Cieneguilla. En ambos casos, se autoriza el allanamiento con descerraje en caso de encontrar algún tipo de resistencia.

Los bienes pasarán a ser propiedad del Programa Nacional de Bienes Incautados (Pronabi).

Como se recuerda, el Ministerio Público solicitó la incorporación como investigada de la empresa Dorado Asset Management Ltd, propiedad del expresidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK), en el marco de la investigación por el caso Odebrecht.

El juez Jorge Chávez Tamariz, del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional Permanente Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios, declaró fundado este pedido.

Según explicó, de los alegatos presentados se determinó que el dinero que habría recibido la empresa Dorado provendría de los pagos que realizó Odebrecht a través de Westfield Capital -también propiedad de PPK- por los proyectos del Trasvase Olmos e IIRSA II tramos 2 y 3.

Fiscalía pide 36 meses de prisión para PPK

Piden 36 meses de prisión preventiva para PPK por visita de políticos durante arresto domiciliario

César Nakazaki, abogado de PPK criticó a través de sus redes sociales el uso político del caso de su patrocinado.

El fiscal José Domingo Pérez pidió 36 meses de prisión preventiva contra el expresidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, por haber incumplido reglas de conducta  y recibir las visitas de varios políticos en su domicilio, a pesar que se encuentra cumpliendo arresto domiciliario.

Según el documento fiscal, el exmandatario recibió visitas de la vicepresidenta y congresista Mercedes Aráoz hasta en nueve oportunidades, tres veces de parte de Gilbert Violeta y dos de Carlos Bruce, incumpliendo la reglamentación de la prisión domiciliaria, toda vez que PPK tiene prohibido realizar actividad política o reuniones sociales en su vivienda.

Al respecto, la defensa de PPK, César Nakazaki, criticó a través de sus redes sociales el uso político del caso de su patrocinado. "Ahora en medio de una guerra de fiscales, una vez más, Fiscal Pérez vuelve a emplear como arma o pieza de ajedrez maquiavélico a PPK, incautándose a la Policía registro de visitas para inventar un inexistente incumplimiento de las restricciones de la comparecencia", dijo el abogado.

"Regla de conducta es: prohibición de hacer reuniones sociales; lo que el sentido común y la experiencia social permite diferenciar de visitas de amigos, máxime si como es público PPK vive hoy solo, pues su familia radica en el extranjero", tuiteó César Nakazaki.

Sobornos conocidos que recibieron Fujimori, Toledo, García, Humala y PPK

¿Cuánto cuesta corromper a una autoridad en el Perú?

Vergüenza en cifras. Los gobiernos de Alberto Fujimori, Alejandro Toledo, Alan García y Ollanta Humala están comprometidos con pagos millonarios e ilícitos. Pedro Pablo Kuczynski no está exento: su firma asesoró a la empresa con oscuros contratos mientras fue ministro.

Los pagos de millonarios sobornos a funcionarios públicos expuestos en la última semana por el exsuperintendente de Odebrecht en el Perú, Jorge Barata, solo nos recuerdan que la corrupción ha sido un nefasto pasivo enquistado en la construcción del país que ahora conocemos y desconocemos.

El escándalo Lava Jato es considerado el caso de corrupción más grande en la historia de América Latina, pero los peruanos ya hemos vivido una época manchada por sobornos y compra de lealtades; el régimen de Alberto Fujimori (1990-2000) no dejó dudas. Fue una década de festín para los corruptos.

Según Historia de la corrupción en el Perú, libro del fallecido historiador Alfonso W. Quiroz, US$2,038 millones fue el promedio anual del costo de la corrupción durante el gobierno fujimorista. Gran parte del dinero desviado provenía del erario nacional.

Aquí es donde aparece el entonces asesor presidencial Vladimiro Montesinos, hoy con más de 30 condenas sobre sus hombros. Una de ellas por la compra ilegal de armamento.

Hasta ahora, el Estado peruano busca repatriar dinero que Montesinos ocultó en cuentas bancarias en Suiza y Luxemburgo. Con los US$15 millones que próximamente se van a recuperar, el dinero rastreado en bancos a la mafia montesinista suma más de US$90 millones.

La primera gestión del fallecido Alan García (1985-1990), así como la segunda, estuvo plagada de cuestionamientos. Leonel Figueroa y Héctor Neyra fueron directivos del Banco Central de Reserva que recibieron US$3 millones en coimas por depositar reservas públicas en el Banco Internacional de Crédito y Comercio (BCCI). Ambos fueron encarcelados, pero nunca implicaron a García pese a las evidencias.

Desde la administración de Fujimori –y a excepción del ex gobernante Valentín Paniagua–, todos los demás mandatarios están comprometidos con dineros ilegales. Sus mandos medios se sumaron al desfalco de los recursos públicos.

En estos últimos 30 años poco o nada se pudo hacer contra la corrupción.

TENGA EN CUENTA

- Odebrecht reconoció desembolso de dinero ilegal bajo dos modalidades: pago de coimas y aportes de campañas. De ambas maneras buscaba asegurarse la concesión de obras públicas con el gobernante de turno.

- En el caso Lava Jato aún no hay funcionarios sentenciados, aunque el Ministerio Público se encuentra muy cerca de acusarlos. Las pruebas entregadas por Barata serán determinantes para lograr las condenas.

Butters denuncia complot de Martín Vizcarra a Pedro Pablo Kuczynski

Vídeo | Butters denuncia complot: “Alan, Keiko y Vitocho hicieron presidente a Vizcarra”

Partido Contigo pidió que por el bien de la democracia se esclarezcan los hechos en torno a la sucesión presidencial 2018.

El periodista Phillip Butters reapareció en su programa de Combutters por Willax TV - luego de atravesar por un problema de salud- y manifestó el pasado martes que Martín Vizcarra le debe la Presidencia de la República al fallecido exmandatario Alan García, a la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, y al legislador acciopopulista Víctor Andrés García Belaunde.

“¿Saben por qué el presidente de la República (Vizcarra) es presidente de la República? Porque Alan García lo hizo presidente de la República, porque Keiko Fujimori lo hizo presidente de la República y porque Víctor Andrés García Belaunde, Vitocho, lo hizo presidente de la República”, expresó Butters.

Y agregó: “Tú, Vizcarra hipócrita, a mí me puedes decir que miento, porque tú me has llamado a mí para pedirme a mí que te ponga con Alan García. Y te has arrollidado ante Alan García para pedirle que te ayude a traicionar PPK, y tengo tres testigos. Que me lo niegue en mi cara el cobarde de Martín Vizcarra”.

El conductor de PBO Digital contó, además, que uno de sus testigos es el titular del Congreso, Daniel Salaverry, quien, según dijo, estuvo presente en una reunión que se desarrolló en su casa. “Daniel Salaverry es testigo porque eso ha sido en mi casa, y Daniel Salaverry también es un traidor a Keiko”, afirmó.

Ante ello, el partido político Contigo pidió, a través de un comunicado, que “por el bien de la democracia” se esclarezcan los hechos en torno a la sucesión presidencial 2018. “Estimamos que la confianza ciudadana y la estabilidad política de este régimen se verían afectadas por la grave imputación formulada por el periodista Phillip Butters respecto a un supuesto complot articulado por quien en ese momento ostentaba el cargo de Vicepresidente de la República (Martín Vizcarra) con el propósito de vacar al entonces Presidente Pedro Pablo Kuczynski Godard”, reza la misiva.

Butters denuncia complot de Martín Vizcarra a Pedro Pablo Kuczynski

Ex presidente Kuczynski preso por caso Odebrecht

Poder Judicial ordena la detención preliminar de Pedro Pablo Kuczynski

Se le imputa presuntos actos de corrupción en la concesión de dos obras: del Proyecto de Irrigación Olmos y la Interoceánica Perú -Brasil tramos 2 y 3 las que fueron otorgadas a Odebrecht.

El Poder Judicial (PJ) dispuso la detención preliminar del expresidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) por el plazo de 10 días por el presunto delito de corrupción de funcionarios y lavado de activos , a pedido del Ministerio Público.

En concreto, el Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria Permanente Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios a cargo de jorge Luis Chávez Támariz, fue el que admitió el pedido de detención contra el exmandatario del Ministerio Público.

La detención también es en contra de Gloria Kisic y José Luis Bernaola.

El magistrado también determinó que se lleve a cabo el allanamiento de varios inmuebles de los detenidos como parte de las investigaciones por la comisión del presunto delito de lavado de activos y corrupción . Esto, para recabar documentación y demás indicios que permitan avanzar con las investigaciones.

El Ministerio Público fundamentó su requerimiento -que fue aceptado por el Poder Judicial- "los actos de blanqueo de capital en las que incurrió el exmandatario en presunto actos de corrupción relacionados a los proyectos del Corredor Vial Interoceánico Perú - Brasil Tramos 2 y 3 y el Proyecto de Irrigación e Hidroenergético de Olmos las que fueron adjudicados a Odebrecht".

El allanamiento de los inmuebles de PPK será por un plazo máximo de 48 horas; mientras que la detención apenas será de 10 días al termino de los cuales el Ministerio Público podrá solicitar su prisión preventiva. El allanamiento es para el incautación documentos relevantes para la investigación contra PPK.

¿Barata le dio USD 300 mil a PPK?

Barata hablará de los USD 300 mil que entregó a campaña de PPK

Fiscales lo interrogarán en Brasil en la quincena de enero. Además, se le preguntaría también por los pagos por asesorías que hizo Odebrecht a la empresa del expresidente.

Para la quincena de enero, fiscales del Equipo Especial para el caso Lava Jato interrogarán al exrepresentante de la empresa Odebrecht en el Perú, Jorge Barata, para que confirme sobre el aporte que hizo la constructora para financiar la campaña del expresidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK), en las elecciones del 2011, indicaron fuentes fidedignas del Ministerio Público

“Los fiscales también solicitaron incorporar en el interrogatorio el caso del expresidente Kuczynski. Esto permitirá que Barata corrobore que si aportaron a la campaña de PPK”, sostuvo nuestra fuente fiscal.

Como es de conocimiento, la diligencia se llevará a cabo en Curitiba (Brasil), como parte de los interrogatorios que realizarán los fiscales peruanos a partir del 14 al 18 de enero del próximo año.

A PPK, según dijo Barata en marzo de este año, le dieron USD 300 mil, en efectivo y en partes. Además reveló que el nexo fue la exembajadora Susana de la Puente, aseverando que lo visitó en su oficina en la sede de Odebrecht y le solicitó el aporte, coordinaron y ella misma, la mayoría de las veces, se acercó a recibir el efectivo.

El empresario brasileño también confesó a los fiscales peruanos que en una o dos oportunidades, De la Puente envío a recoger el dinero a una persona, de la que recordaba que se llamaba “José Luis” y era pelado.

Lo que no respondió Barata es que si ese aporte también se relacionaba con los contratos de la Interoceánica, pues este es uno de los temas que formaba parte de los acuerdos de colaboración eficaz con el excoordinador del Equipo Especial, el fiscal Hamilton Castro Trigoso.

Como se recuerda, PPK, en su momento, dijo que: “le he preguntado (De la Puente) si se acordaba, y me dijo que no”. Por ello, el exjefe de Estado negó en todo momento que su campaña haya sido financiada por Odebrecht, pidiendo que todo se debe investigar a través del Jurado Nacional de Elecciones y la Oficina Nación de Procesos Electorales (ONPE).

Asesorías

Según nuestra fuente fiscal, otro de los temas que se le preguntaría a Barata es sobre los pagos por asesorías que hizo Odebrecht a las empresas del expresidente, cuando fue ministro de Economía y Finanzas en el gobierno del exmandatario Alejandro Toledo Manrique.

La constructora Odebrecht pagó USD 782,207 a la firma Westfield Capital, esta empresa es unipersonal de asesoría financiera, perteneciente a PPK, reveló en su momento la congresista Rosa Bartra cuando estaba en el cargo de presidenta de la Comisión Lava Jato (hoy desactivada).

De acuerdo a documentos remitidos por Odebrecht al grupo de trabajo, Westfield Capital brindó hasta siete consultorías a la empresa brasileña. Estas se dieron entre noviembre de 2004 y diciembre de 2007. Una está relacionada con la concesionaria IIRSA Norte Tramo 2 y otra con la concesionaria IIRSA Norte Tramo 3, ambas a inicios de diciembre de 2007 y por las cuales se pagó USD 717,570,  bajo el concepto “Asesorías Financieras”.

Las otras 5 operaciones están relacionadas con la “Concesionaria Trasvase Olmos”.

MÁS INTERROGATORIOS

Hasta el momento, el equipo de fiscales ha notificado a las defensas legales del exjefe de Estado, Alan García y la ex alcaldesa Susana Villarán, para el interrogatorio a Barata por los aportes que hicieron a sus campañas. Mientras que los abogados de los investigados en el caso Fuerza Popular, aseguraron que hasta la fecha no los notifican sobre la diligencia que se realizará en Brasil.

Partido de Vizcarra y PPK recibieron aportes fantasmas en campaña del 2016

Peruanos por el Kambio: Aparecen aportes fantasmas a campaña del 2016

Cinco personas negaron haber contribuido económicamente con más de S/ 160 mil para la campaña del 2016.

En el ojo de la tormenta está Peruanos por Kambio (PPK). El partido que postuló a Pedro Pablo Kuczynski habría registrado aportes fantasmas para la campaña de 2016.

Según El Comercio, cinco personas que figuran como aportantes negaron haber contribuido económicamente. El monto del dinero no reconocido es de S/ 161,647.

Estos son Juan Estela y Nalvarte, Lizandro Ramón Artica, Giancarlo Santiago Enrico Castro, Alberto Romeo Napurí Gonzales y JoséLuis Pastor Frisancho. Los cinco se mostraron sorprendidos por la noticia.

Al respecto, el exjefe de campaña nacional de PPK, Gilbert Violeta, indicó que se realizarán las verificaciones que correspondan.

¿PPK y Martín Vizcarra recibieron S/ 6 millones de sujetos sin nombre?

PPK y Martín Vizcarra recibieron S/ 6 millones para la campaña 2016 de personas que no existen o que no conocen

“No hay ningún problema. El 95% (de aportaciones) ya nos lo ha revisado la ONPE y están super claras. Son detalles como, por ejemplo, que alguien hizo un depósito y no sabemos de quién es, no es que esos (6 millones) es el total de nuestra donación”

Mercedes Aráoz, actual primera vicepresidenta de Perú, en su momento, confesó –ante todos los medios de comunicación del país; que: “alguien hizo un depósito y no sabemos de quién es”; declaración que corrobora que PPK y Martín Vizcarra recibieron millonarios aportes para la campaña de las elecciones generales de Perú de 2016 de cara a la presidencia. Lo inaudito es que hasta la fecha ningún fiscal haya abierto algún tipo de pesquisa al respecto; pues, al parecer, Pablo Sánchez Velarde y Hamilton Castro Trigoso, francamente, se hicieron los suecos.

Martín Alberto Vizcarra Cornejo ni Mercedes Rosalba Aráoz Fernández  saben, realmente, quienes son los aportantes de  la campaña del 2016; muy bien podrían ser narcotraficantes o, en su defecto, mineros ilegales (El Cartel de los Dorados). Nadie sabe ni nadie puede corroborar, pero a ellos jamás les ha interesado esclarecer este hecho que ha pasado, sospechosamente, por agua tibia en los medios de comunicación: un escándalo –sin duda– mucho más grave que los cócteles de Fuerza Popular; dado que los naranjas siempre han negado tajantemente haber lavado activos y/o dinero en esas actividades sociales (cócteles, cenas, almuerzos). No obstante, la propia Aráoz Fernández ya declaró (a confesión de parte, relevo de pruebas) qué no sabe cómo obtuvieron parte importante del dinero que financió, repetimos, la campaña de las elecciones generales de Perú de 2016 de cara a la presidencia.

¿Cómo es posible que Sánchez, Castro y Domingo Pérez hayan dejado escapar ese caso de presunto lavado de activos? ¿Acaso en Perú existe la ley del embudo? ¿Acaso no debería de ser la Justicia igual para todos? Pues si se comprueba fehacientemente que Keiko y su cúpula cometieron actos delictivos, pues entonces, evidentemente, van a tener que ir a prisión, pero: ¿qué pasa con el caso de “Peruanos por el Kambio” y sus aportantes fantasmas?

En mayo de 2016, PPK se hizo el “tercio” y dijo que ese espinoso tema era un “cuentazo”. Incluso, existiendo pruebas y documentos irrebatibles. Por su parte, Martín Vizcarra jamás ha querido hablar sobre ese tema y los periodistas jamás le han preguntado al respecto.  Considero que el Ministerio Público debería de iniciar una investigación sobre ese caso, ya que, según información oficial, es un total de S/ 6 millones de soles que han  venido del aire.

Cabe recordar que Mercedes Rosalba Aráoz Fernández, en mayo de 2016, trató de justificar de manera infértil la exclusión de algunos importantes aportantes a la campaña 2016 de “peruanos por el Kambio”; pues tres reportes financieros de PPK ante la ONPE presentaron omisiones y exclusciones de aportantes. Ante esa coyuntura, Araóz declaró a un medio local lo siguiente:

“No hay ningún problema. El 95% (de aportaciones) ya nos lo ha revisado la ONPE y están super claras. Son detalles como, por ejemplo, que alguien hizo un depósito y no sabemos de quién es, no es que esos (6 millones) es el total de nuestra donación”; cita textualmente el Diario Correo.

“Peruanos por el Kambio” recibió cerca de 6 millones de soles de sujetos sin nombre, ya que no figuran ni en la ONPE ni en el JNE, según los propios documentos entregados, en mayo de 2016, por el actual partido de Gobierno. La ONPE jamás investigó y el citado partido de Gobierno pasó piolaza y nunca aclaró ni publicó, hasta la fecha, la información de sus aportantes.

¿Gobierno se gasto S/ 1,200 millones en publicidad estatal?

Ollanta Humala y PPK gastaron S/ 1,200 millones en publicidad estatal

Información se basa en un reporte de la Presidencia del Consejo de Ministros.

Los gobiernos de Ollanta Humala y Pedro Pablo Kuczynski gastaron en conjunto más de 1,200 millones de soles en publicidad estatal, reveló el presidente de la Comisión de Transportes y Comunicaciones del Congreso, Roy Ventura (Fuerza Popular).

Durante el debate de las observaciones planteadas por el Ejecutivo al dictamen que prohíbe la publicidad estatal en los medios privados, Ventura precisó que en el régimen humalista se gastaron 916 millones de soles en publicidad estatal.

En tanto que durante los meses en que Kuczynski se mantuvo en el poder, se gastaron 570 millones por este mismo concepto, de acuerdo con un reporte remitido por la Presidencia del Consejo de Ministros.

Ventura explicó que los gastos en publicidad estatal aumentaron a causa de las exoneraciones implementadas por la gestión de Humala en 2014, cuando se otorgaron facilidades para contrataciones directas entre el Gobierno y los medios de comunicación.

“Desde el 2014, la Ley 30225, que fue la iniciativa del gobierno de Ollanta Humala, modifica la ley de contrataciones del Estado, y hace precisiones en el artículo 27, referente a contrataciones directas. Antes de 2014, solo había tres excepciones, pero después se implementaron más”, explicó.

En declaraciones a la prensa, el parlamentario fujimorista manifestó que esta cantidad de dinero invertido en publicidad generó ciertas observaciones de parte del defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, quien participó en la sesión.

“Es que estos son grandes recursos, comparados con lo que tiene la Defensoría del Pueblo. Cuando se enteró de lo que habían gastado los gobiernos de Humala y Kuczynski, nos mostró su disconformidad”, afirmó.

No obstante, se debe precisar que durante la sesión, Walter Gutiérrez criticó que se pretenda limitar las vías de comunicación del Gobierno solo a las redes sociales, ya que esta vía no es accesible para toda la población.

“A la Defensoría del Pueblo le parece que es insuficiente apelar o echar mano solo de las redes sociales. Si miramos el mapa del país advertimos que las zonas rurales son las zonas donde menos cobertura existe, donde hay menos posibilidades de que funcionen los medios digitales”, afirmó.

Por su parte, el director ejecutivo del Consejo de la Prensa Peruana (CPP), Rodrigo Villarán, opinó durante la sesión que la propuesta de Mauricio Mulder es innecesaria, y que solo se debería regular la ley vigente.

“Creemos que la autógrafa de ley es una norma innecesaria. Debemos apuntar a la promulgación de un reglamento [porque] la iniciativa es una norma que afecta la libertad de expresión de forma excesiva e innecesaria”, enfatizó.

¿Villarán y PPK socios?

Susana Villarán y PPK en el negocio 

La Municipalidad de Lima financió con los peajes las obras de las constructoras brasileñas, con el apoyo First Capital de Kuczynski y de conocidos estudios de abogados de la capital.

Junto a Villarán, también PPK aparece en la danza millonaria vinculada a la trama de Odebrecht.

Tras los pasos del proyecto Línea Amarilla de la constructora brasileña OAS apareció el nuevo proyecto de iniciativa privada llamada Vías Nuevas de Lima impulsado por la conocida transnacional Odebrecht que también hizo de los peajes de Lima su fuente de financiamiento.
Es de recordar que el contrato entre Rutas de Lima SAC y la Municipalidad Metropolitana de Lima fue firmado el 9 de enero de 2012, cuando era alcaldesa Susana Villarán de la Puente, por un plazo de 30 años y por un monto referencial de inversión de US$ 498’831,411.98.

Era un paquete de obras de transporte vial conformado por tres tramos:

El de Panamericana Norte, que va del extremo norte del Óvalo Habich al inicio al Intercambio Vial Ancón, de 31,5 kilómetros.

Panamericana Sur, entre el extremo sur del Trébol de Javier Prado al extremo norte del Intercambio Vial Pucusana, con 54,1 kilómetros.

Ramiro Prialé, tramo que parte del inicio de la avenida Ramiro Prialé, en la intersección con la Carretera Central, hasta la altura del puente Los Ángeles, con un total de 29 kilómetros.

Al margen de la responsabilidad de las autoridades ediles y de los ejecutivos de Odebecht, la rúbrica del contrato fue posible por la participación de varios estudios de abogados que habrían allanado el camino a los empresarios cariocas para hacerse cargo de las concesiones del sistema vial de Lima Metropolitana, colisionado con los intereses del Estado, en este caso el Municipio de Lima.

Tanto es así que el informe final del Caso Lava Jato del Congreso sindica la contratación del estudio Rebaza, Alcázar & De las Casas por parte del municipio para la evaluación legal de la iniciativa privada presentada por Odebrecht -a través de su filial Rutas de Lima SAC- para hacerse cargo del proyecto de infraestructura vial.

Titulizacíon

En las conclusiones del mencionado informe, que fue aprobado por el pleno del Congreso de la República, se menciona al abogado y consultor externo Fernando Antonio Ocampo Vásquez, por entonces directivo de la empresa Rutas de Lima SAC, quien finalmente participó en el cierre del contrato de concesión que nos ocupa.

Este documento sin embargo estableció en forma subrepticia que se podía titulizar los recursos que se originaran del cobro de la tarifa de los peajes para el financiamiento del proyecto, es decir el objetivo era convertir los ingresos de los peajes en valores negociables en el sistema bancario para “levantar fondos”.

Es decir, la concesionaria no utilizó sus recursos o créditos por ella conseguidos sino que la Municipalidad les entregaría los ingresos de los peajes con antelación a lo ordenado por el contrato.

Es de recordar que la explotación de los peajes por parte de Odebrecht empezó el 10 de febrero de 2013 antes que se confirmara el cierre financiero previsto para 2014.

A esa fecha, es bueno subrayar, aún no se tenía la certeza de la capacidad financiera del concesionario Rutas de Lima SAC en cuanto a continuar con la ejecución del contrato de concesión “y pese a ello se puso a su disposición la recaudación de los peajes”.

A estas alturas de la historia hay que recordar que en el contrato inicial, cuando se define la estructura económico- financiera de la concesión, quedó claramente establecido que, por tratarse de una iniciativa privada, el concesionario asumía el costo de inversión de las obras y las operaciones de mantenimiento del área concesionada.

Y que a través del cierre financiero la filial de Odebrecht debería demostrar su capacidad financiera con vistas a ejecutar la concesión para, al final, ser retribuido con los ingresos de los peajes.

Sin embargo, y como ha sucedido con las asociaciones público privadas del nuevo milenio, sea en las Interoceánicas, en su predecesora Línea Amarilla, en  el Gasoducto del Sur o en el aeropuerto de Chinchero, el concesionario argüía que no contaba con recursos o con respaldo para el “cierre financiero”, en este caso Vías Nuevas de Lima necesitaba cubrir una inversión de más de US$ 498 millones de dólares.

Esto del “cierre financiero”, que no es otra cosa que conseguir el financiamiento para las obras, son palabras familiares para un experto en ese tipo de operaciones, como es el hoy ex presidente Pedro Pablo Kuczynski, que lo hacía a través de su banco personal Westfield Capital u otras entidades de su entorno, como veremos después.

Adenda de Bancabilidad

Pero antes los cariocas y los funcionarios de la alcaldesa Susana Villarán se habían dado el trabajo de preparar el marco legal para propiciar que sea el Estado peruano, o sea el municipio metropolitano, el que solvente la inversión. Y para ello se recurrió a la llamada adenda de bancabilidad, la misma que fue suscrita entre la Municipalidad de Lima y el consorcio Rutas de Lima el 13 de febrero del 2014, cuando ya estaba administrando los peajes.

Para entender esta jugada financiera que lleva el nombre de “adenda” el Congreso se remitió al Informe de Auditoría N° 309-2018-CG/MPROY-AC de la Contraloría General de la República, que escudriñó el periodo entre el 9 de enero de 2013 y 31 de mayo de 2017.

Mediante esta adenda no era el concesionario el que invertía sino que las actividades previas que debía ejecutar con recursos privados la empresa representante de Odebecht, las solventaría Municipalidad de Lima, para lo que aprobó un presupuesto de US$ 181´285,311.67 (sin IGV) en favor del concesionario.

“El estudio de abogados contratado por la Concesionaria Rutas de Lima SAC para asesorarlos en la negociación de esta adenda fue el Estudio Rubio, Leguía, Normand & Asociados S. Civil de R.L.”, acusa en informe Lava Jato, al tiempo de indicar que los honorarios por estos “servicios profesionales” fueron de US$ 314,211.33.

Para mayores señas la comisión investigadora multipartidaria informó que los abogados que prestaron los servicios de asesoría por el referido estudio jurídico fueron Milagros Maraví y Óscar Arrús.

"Budian"

Como al parecer no hay presuntos delitos financieros que no dejen huella en la era digitial, resulta que el 26 de febrero del 2014 apareció una inscripción en la planilla paralela de Odebrecht en su Departamento de Operaciones Estructuradas: “Concessao Rutas de Lima” (Concesión Rutas de Lima).

Y al costado de esta anotación había otra: un monto de US$ 420,168 destinado a una persona identificada con el código “Budian” y la contraseña “Tapete”.

Otras investigaciones señalan que en octubre del mismo año hubo otra anotación que terminaría como depósito por 291 mil dólares.

Fueron entonces dos pagos que suman un total de 711 mil dólares, que habrían sido entregados al mismo “Budian”.

Las mismas fuentes, basadas en diario El País de España, aseguran que ese dinero habría sido depositado en la Banca Privada de Andorra-BPA a nombre de “Gabriel Parado Ramos”, que no sería otro que Gabriel Prado Ramos, el villaranista y ex gerente de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad de Lima.

First Capital

Retomemos el tema de la adenda de bancabilidad que probablemente fue idea de Pedro Pablo Kuczinski y los abogados de Oderbecht.  Y es que Kuzcynski, muy previsor él, con antelación habría firmado –a través de First Capital Inversiones y Asesoría Ltda y su socio Gerardo Sepúlveda -, el 27 de mayo del 2010, un contrato de servicio con Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción SAC.

Era el último año del burgomaestre Luis Castañeda Lossio en la comuna limeña.

El objeto de aquel contrato era que First Capital se hacía cargo del apoyo en la revisión de la información financiera, la evaluación de alternativas de financiamiento, “contacto preliminar con potenciales inversionistas y financistas y una base de implementación de financiamiento, incluyendo el acompañamiento en la estructuración y colocación del mismo, que serían utilizadas para la ejecución del proyecto Vías Nuevas de Lima”.

La contraprestación acordada fue de 15 mil dólares mensuales por Retainer, que no es otra cosa que un anticipo o adelanto, durante los primeros seis meses de ejecución del contrato, además de un 0.5 % de comisión de éxito del total a obtener en el financiamiento integral del proyecto y un monto fijo mensual de 3,500 dólares por reconocimiento de gastos.

La participación de Kuczynski en la prestación de los servicios antes mencionados está confirmada por la declaración de su amigo Sepúlveda ante la Fiscalía que investiga el caso de lavado de activos del ex presidente y que por esos años estaba a cargo de Hamilton Castro.

Comisión de Éxito

Sepúlveda añadió que buscó la asesoría de Kuczynski para que diera “consejos estratégicos en temas financieros y proyectos” para el proyecto Vías Nuevas de Lima y que por este servicio se le pagó US$ 720 mil dólares.

Además, en la investigación judicial y congresal se supo que First Capital instruyó a Rutas de Lima para la transferencia de US$ 3´510,000.00 dólares, que era el fruto de comisión de éxito de la asesoría en mención, a la cuenta que tenía Latin American Enterprise Fund Managers LLC en el Wells Fargo Bank N.A., el 2 de julio del 2014, conforme ha sido acreditado con documentos.

Así se han manejado los peajes en el Perú. Entretanto, la concentración de medios ligada a la gran corrupción de Odebecht, a través del sistema de justicia, particularmente la Fiscalía, solo tiene fijaciones en el fujimorismo y en el Apra.

Ya vendió acciones

Finalmente, tras los pasos de OAS, una vez más, a junio de 2016, en pleno escandalo Lava Jato, Constructora Norberto Odebrecht S.A. ha vendido el grueso de sus acciones en Rutas de Lima a BIF III Transportation I S.A.C, que ahora tiene el 57 % de las acciones de la concesionaria y al Fondo de Inversión en Infraestructura –SIGMA, el 18 %. Odebrecht, afirman, solo se ha reservado el 25 % “estratégico” del gran negocio de los peajes.

71 millones de dólares

De acuerdo al Informe de Auditoría N° 309-2018-CG/MPROY-AC la modificaciones e incumplimientos de obras de parte de la filial de Odebrecht, materializadas en el Acta de Acuerdo del 14 de agosto del 2015, se avalaron sin sustento técnico causando perjuicios al Municipio por alrededor de US $ 71 millones de dólares.

Peaje de Chillón es un problema social

Hay  un detalle nuevo. Vías Nuevas de Lima hace rato que se ha convertido en un problema social con la nueva unidad de peaje en Chillón, Puente Piedra, que es paralela a la existente en la Carretera Panamericana Norte. Esto se hizo antes de que se concluyan las obras obligatorias.

De acuerdo al informe de auditoría N° 309-2018-CG/MPROY-AG, de la Contraloría General de la República, “El concesionario implementó la nueva unidad de Peaje de Chillón e incrementó las tasas en todas las unidades de peaje desde el 29 de diciembre de 2016, sin haber culminado con la ejecución de las obras obligatorias objeto de la concesión, ello amparado en el Acta de Acuerdo del 30 de junio de 2016, suscrita al margen de lo dispuesto en el Decreto Legislativo N° 1224 y su reglamento”, denuncia.

“Tal situación le permitió obtener ingresos adicionales en promedio de US$ 305 mil mensuales, cuyo monto acumulado es de aproximadamente US$ 1,5 millones hasta el 31 de mayo de 2017, además de los ingresos recaudados hasta la suspensión del cobro de tarifas en la referida nueva unidad de peaje”, añade.

Otros beneficios para  la concesionaria

El 14 de agosto del 2015, sin mediar el plazo mínimo de tres años para introducir cualquier modificación al contrato de concesión, se firmó un acta de acuerdo compartido suspendiendo y cambiando las obras obligatorias como el Intercambio vial a desnivel de Benavides por el Viaducto Benavides. Lo mismo se hizo con otro intercambio vial a desnivel El Derby por el paso a desnivel Manuel Olguín y El Derby.

Y habiéndose cumplido los con dicho plazo mínimo de tres años, a través de una adenda se modificaron cláusulas del contrato vía actas de acuerdo de fechas 3 y 5 de octubre y 11 de noviembre del 2016, para las siguientes modificaciones:
– Aporte del Municipio de S/. 20´000,000.00.

– “La disposición por parte del concesionario de los ingresos que tenía la Municipalidad por Pago por Derecho de Concesión estipulado en la Cláusula 10.16 del contrato”.

-Finalmente, la ampliación del plazo de la concesión por tres años más, al  parecer para evitar que las modificaciones pasaran por la opinión previa del Ministerio de Economía y Finanzas.

Toledo, Humala y PPK los más investigados por caso Lava Jato

Alejandro Toledo, Ollanta Humala y PPK son los más acusados por Lava Jato

La comisión del Congreso investigó 11 megaproyectos ejecutadas por empresas brasileñas. El citadro grupo de trabaja recomienda al Ministerio Público abrir investigación a ex presidentes, menos a Alan García.

Toledo es acusado de recibir US$20 millones de Odebrecht a cambio de la Interoceánica Sur.

El informe de la comisión Lava Jato del Congreso salió a la luz con mucho ruido, pero con pocas sorpresas. Ha señalado responsabilidades delictivas en conocidos ex funcionarios, aunque todo indica que se olvidó de algunos peces gordos.

La congresista Rosa Bartra, presidenta del citado grupo de trabajo, decidió recomendar al Ministerio Público abrir investigación a los ex presidentes Alejandro Toledo, Ollanta Humala y Pedro Pablo Kuczynski; a ex ministros y viceministros; al alcalde de Lima, Luis Castañeda Lossio; a la ex alcaldesa Susana Villarán; y a otros funcionarios estatales. Así como calificó de terceros civiles responsables a diversas empresas.
La comisión parlamentaria investigó 11 megaproyectos que fueron adjudicados a diversas empresas brasileñas y a sus consorciadas: Gasoducto Sur, Proyecto de Irrigación Olmos, IIRSA Sur, Metro 1 de Lima, entre otros.

En el caso del Proyecto Especial de Irrigación e Hidroenergético de Olmos, el grupo de trabajo de la fujimorista Bartra puso bajo la lupa a Kuczynski y Humala.

Para la comisión Lava Jato, Humala actuó en provecho de Odebrecht debido al aporte de US$3 millones que recibió para su campaña electoral de acuerdo con las declaraciones de Jorge Barata, ex ejecutivo de Odebrecht en el Perú; y Marcelo Odebrecht, ex CEO de la constructora del mismo nombre. 

Según el documento, Humala en menos de un año, desde que asumió sus funciones en 2011, le reconoció al Concesionario Trasvase Olmos de Odebrecht US$43’642,000 y se transfirieron los montos al gobierno regional para que este le pague a los brasileños.

Kuczynski también está cuestionado por Olmos. Entre 2004 y 2006, cuando fue ministro de Economía y presidente del Consejo de Ministros, su empresa Westfield Capital recibió cuatro pagos de Odebrecht por consultorías.

En otro de los capítulos del informe Lava Jato, se señala que en el caso Gasoducto Sur se utilizaron los recursos económicos del Estado para favorecer ilegalmente a las empresas Odebrecht, OAS, Andrade Gutierrez, Queiroz Galvao, Camargo Correa, sus consorciadas, funcionarios y particulares. 

Según la comisión, Humala se habría coludido con ejecutivos de Odebrecht. “Se reunieron hasta en dos ocasiones en 2012 en Palacio para fijar en el contrato una serie de cláusulas en contra de los intereses del Estado”, se lee en el informe.

La comisión Lava Jato también decidió denunciar a Humala por infracción al principio de buena administración, por autorizar al Ministerio de Vivienda a usar la Organización Internacional para las Migraciones para que se encargue de la selección y contratación de las empresas que ejecutaron y supervisaron el Centro de Convenciones de Lima. 

En un inicio estaba previsto que se pague S/454.9 millones por la obra, pero finalmente se pagó S/499.3 millones, casi S/50 millones más.

Una de las hipótesis de Bartra es que Humala concertó con OAS para que se pague ese monto a pesar del retraso en la entrega de la referida obra.

VILLARÁN Y CASTAÑEDA

El informe indica que la ex alcaldesa de Lima, Susana Villarán, habría favorecido a las empresas brasileñas OAS, en el proyecto Línea Amarilla, y Odebrecht, en Vías Nuevas de Lima. 

Además, precisa que hay evidencias de que la ex burgomaestre de Lima recibió una coima para favorecer a OAS, por lo que recomienda denunciarla por lavado de activos, negociación incompatible, cohecho pasivo y falsedad ideológica.

Mientras que el alcalde de Lima, Luis Castañeda Lossio, habría incurrido en tráfico de influencias al suscribir los contratos de concesión del proyecto Línea Amarilla. Se le acusa de tráfico de influencias. 

TOLEDO Y CONSORCIADAS

En la obra IIRSA Sur, el grupo de Bartra recomienda acusar a Alejandro Toledo por haber recibido US$3 millones en sobornos de Odebrecht a cambio de la concesión de la vía. 

Según el informe, diversas constructoras nacionales también se habrían confabulado para pagar el soborno solicitado por Toledo a cambio de la Interoceánica Sur, tramos II y III. Se trata de las firmas Graña y Montero, JJ Camet e Ingenieros Civiles y Contratistas Generales S.A. 

En el Metro de Lima 1, Bartra recomienda investigar al ex ministro Enrique Cornejo por asociación ilícita para delinquir, negociación incompatible y colusión agravada. También al ex viceministro Jorge Cuba, por colusión, cohecho y lavado de dinero. 

Sin embargo, a quien no se recomienda abrir investigación es al ex presidente Alan García a pesar de que se reunió en 15 ocasiones con Jorge Barata en Palacio de Gobierno.

Este documento será expuesto en el Pleno del Congreso el próximo lunes. Se someterá a debate para su aprobación y se enviará al Ministerio Público para que sirva como un insumo más en las pesquisas fiscales.

ESPOSO DE LETONA NO APARECE EN INFORME

En 2014, el abogado José Guzmán, esposo de la congresista fujimorista Úrsula Letona, cumplió un papel importante en la adjudicación del proyecto Gasoducto Sur, a cargo de Odebrecht. Para el Ministerio Público, hubo ilícitos en esta ejecución. 

Guzmán, quien fue asesor de Proinversión, suscribió un informe que, de acuerdo con los cuestionamiento que recibió la comisión Lava Jato, habría servido para impedir que el consorcio Gasoducto Peruano del Sur continuara en carrera con Odebrecht. 

En febrero de 2018, la comisión Lava Jato recogió el testimonio de Guzmán, quien no fue incluido en el informe final. En aquella ocasión, el esposo de Letona aclaró que su participación fue como asesor externo en temas de hidrocarburos, entre febrero y julio de 2014.

Además, afirmó que es falso que haya suscrito un informe que recomiende al comité encargado de adjudicar las obras del Gasoducto Sur Peruano la descalificación de alguno de los postores. 

Por el contrario, dijo que él recomendó que se le dé la posibilidad al Gasoducto Peruano del Sur, competidor de Odebrecht, de subsanar su participación porcentual. Letona aseguró que su esposo actuó en calidad de asesor técnico, y no legal, por lo cual descartó algún hecho ilícito que lo involucre.

PPK sabia de graves deficiencias en Chinchero

ExContralor Edgar Alarcón apunta a PPK, Zavala y Otros

“Insistieron en Chinchero pese a las deficiencias”

Expresidente y sus ministros sabían que el contrato era perjudicial para el Perú

El gobierno de Pedro Pablo Kuczynski (PPK) supo en 2016 las graves deficiencias que tenía el proyecto de contrato del aeropuerto de Chinchero, Cusco, y pese a ellos sus funcionarios, principalmente el entonces ministro Fernando Zavala Lombardi y fue esa la razón por la que se suscribió una adenda que agravaba el perjuicio al Estado.

Así se pronunció el excontralor Edgar Alarcón en entrevista concedida a la periodista Milagros Leiva. Alarcón explicó que desde el año 2014 la Contraloría General de la República había advertido a las autoridades del gobierno que el proyecto de contrato presentaba una serie de riesgos muy grandes para el Estado y, pese a ello, el contrato se firmó.

En las dos auditorías que se hicieron, prosigue Alarcón, como parte del control previo establecido por ley, se señaló indubitablemente cuáles eran esos riesgos: no se había fijado plazo para el cierre financiero, es decir, el concesionario no tenía la obligación de acelerar la obtención del financiamiento de la obra física, algo insólito para un contrato.

Defectos

La segunda deficiencia, acota Alarcón, es que no se estableció la tasa de endeudamiento. Esto es muy grave porque si la obra iba a durar varios años el Estado no tenía una forma de saber qué intereses estaba generando el proyecto y que posteriormente debía de asumir. Este hecho no generó preocupación alguna en el gobierno de entonces.

Una tercera deficiencia, indica Alarcón, es que los estudios de perfil y de factibilidad desarrollados en el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) no proponían alternativas para solucionar esos problemas. Y pese a ello se firmó el contrato. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y PROINVERSION fueron advertidos y nada hicieron.

“Se hizo un contrato mal hecho y en condiciones desventajosas para el Estado peruano”, sentenció Alarcón.

Adicionalmente, el excontralor dijo que al no fijar fecha para el cierre financiero; al no fijar la tasa de interés máxima para en un futuro financiar la obra; se le dio libertad al concesionario para que haga lo que quiera “y allí tenemos lo que acaba de hacer: intereses de más de 500 millones que se le pretende cobrar al Estado”.

SIETE REUNIONES

Alarcón reveló que antes de la emisión del informe de la Contraloría sobre el contrato de Chinchero se reunió hasta en siete oportunidades con funcionarios de PPK. Recuerda particularmente un encuentro en la Presidencia del Consejo de Ministros y otro en el Ministerio de Energía y Finanzas (MEF).

“Quienes estaban detrás de todo esto son los empresarios acostumbrados a manejar los grandes proyectos del Perú. Y siempre articulados desde el MEF donde en algún momento estuvo Fernando Zavala”, señala.

Alarcón reitera que el contrato de Chinchero nació mal, con ventajas que se daba al concesionario y lo lógico es que al haberse producido un cambio de gobierno en el 2016 la nueva administración de PPK debió reparar en las deficiencias y resolver el contrato y cortarlo.

“Se pudo optar por ir por una obra pública u otra concesión, pero se tomó la decisión de seguir, de arrastrar las deficiencias y quererlas corregir con la adenda”, deploró.

Finalmente, recordó que las normas establecen que se podía hacer la adenda dentro del plazo de tres años y acreditar un financista, pero el concesionario no lo tenía. A pesar de ello el gobierno de PPK firmó la adenda y puso en desventaja al Estado peruano.

Fiscal de la Nación denuncia a PPK

Chávarry denuncia a Kuczynski por compra de votos

Acorralado por un clamor nacional que exige su retiro y por la confirmación de que fue ratificado y habilitado para ser fiscal de la Nación con calificaciones adulteradas, Pedro Chávarry denunció constitucionalmente ante el Congreso a Pedro Pablo Kuczynski y tres de sus exministros por la supuesta compra de votos para evitar su vacancia.

Los denunció por los presuntos delitos de cohecho activo genérico impropio y tráfico de influencias agravado y los exministros incluidos son Mercedes Aráoz, Carlos Bruce y José Arista.

La lista consigna también a los congresistas “kenjistas” Bienvenido Ramírez y Marita Herrera, imputados por cohecho pasivo impropio, en todos los casos en agravio del Estado. 

El anuncio oficial señala que la denuncia “está referida a presuntas acciones ilícitas identificadas en caso de compra de votos de congresistas de la República, a cambio de obras y cargos públicos, con el fin de evitar la vacancia del expresidente Pedro Pablo Kuczynski”, descubiertas mediante grabaciones obtenidas por el keikista Moisés Mamani.

Anoche mismo, Mercedes Aráoz, vicepresidenta de la República, respondió: “He tomado conocimiento de la denuncia constitucional de Pedro Chavárry. Solo confirma el uso político de la Fiscalía. Es una acusación express, sin pruebas, sin respetar mi derecho a la defensa, no rendí manifestación. No me asustan los fiscales sicarios. Sí me preocupa el Perú”.

Vizcarra y PPK eran socios en Chinchero

Vizcarra tiembla por Chinchero

Algo muy extraño pasó respecto a la adenda del contrato del aeropuerto internacional de Chinchero, ocurrió cuando Kuczynski era Presidente; Vizcarra, el actual mandatario, era ministro de Transportes y Comunicaciones y presionó al contralor Alarcón junto a Thorne y Zavala para que se firmen condiciones absolutamente desventajosas para el Perú sin que el órgano de control ponga trabas. ¿Qué intereses defendían? ¿Por qué querían llevar a cabo un negocio en el cual es Estado iba a financiar casi todo el aeropuerto y luego le iban prácticamente a regalar 40 años de regencia al consorcio Kuntur Wasi sobre el aeropuerto? ¿Por qué además el Estado iba a adelantar dinero para tal fin? ¿Por qué los mencionados querían favorecer de esa manera tan escandalosa a un privado insolvente y poco serio? ¿A cambio de qué?

Por supuesto la principal exponente de la “Constructocracia”, la consorciada peruana de la corrupción brasileña, “Graña & Montero” estaba en la colada e iba a ser la encargada de la supervisión de la obra en alianza estratégica con “Ayesa”, una empresa que impulsó el corrupto Martín Belaunde Lossio, gestor de negociados de los Humala. Recordemos además que el presidente Vizcarra y su empresa “CyM Vizcarra” se alió con Graña para impulsar el “Consorcio Ilo”. Es decir tanto PPK como su ambicioso vicepresidente eran no solo muy buenos amigos de la constructora peruana más grande y lesiva para el país sino que estaban comercialmente vinculados, Vizcarra con Graña y Kuczynski directamente con Odebrecht a través de Westfield y First Capital. En Chinchero se iba a dar otro escenario más en donde iban a sacar ventajas indebidas un inmoral Presidente y un ministro zamarro; como antes hicieron Toledo y el mismo PPK en la Interoceánica.

Estoy convencido de que las investigaciones sobre Chinchero van a conducir directamente hasta Martín Vizcarra, pienso además que él lo sabe y no quiere aceptar que tendrá que asumir sus responsabilidades. De la misma forma pienso que los corruptos de Kuczynski, Toledo, Humala y Villarán pronto caerán en desgracia judicial por sus latrocinios. Esto es inminente ahora que la Fiscalía peruana ha restablecido colaboración con la brasileña. En mérito a esto último acaban de recabar testimonios que van a hacer que los mencionados –más Acuña– terminen en prisión.

Estos son los motivos de la desesperación de todos los que fueron funcionarios públicos y fueron corrompidos por las empresas brasileñas. Por eso el febril deseo de sacar al fiscal Chávarry y de montar escándalo político a diario; quieren ganar tiempo. Ni más ni menos. El presidente Martín Vizcarra encabeza este tropel y Chinchero será su Waterloo; por eso su desesperación, por eso sus bravatas.

Toledo, Ollanta Humala y PPK serán investigados por caso Lava Jato

Alejandro Toledo, Ollanta Humala y PPK son los más acusados por Lava Jato

La comisión del Congreso investigó 11 megaproyectos ejecutadas por empresas brasileñas. El citadro grupo de trabaja recomienda al Ministerio Público abrir investigación a ex presidentes, menos a Alan García.

Toledo es acusado de recibir US$20 millones de Odebrecht a cambio de la Interoceánica Sur.

El informe de la comisión Lava Jato del Congreso salió a la luz con mucho ruido, pero con pocas sorpresas. Ha señalado responsabilidades delictivas en conocidos ex funcionarios, aunque todo indica que se olvidó de algunos peces gordos.

La congresista Rosa Bartra, presidenta del citado grupo de trabajo, decidió recomendar al Ministerio Público abrir investigación a los ex presidentes Alejandro Toledo, Ollanta Humala y Pedro Pablo Kuczynski; a ex ministros y viceministros; al alcalde de Lima, Luis Castañeda Lossio; a la ex alcaldesa Susana Villarán; y a otros funcionarios estatales. Así como calificó de terceros civiles responsables a diversas empresas. 

La comisión parlamentaria investigó 11 megaproyectos que fueron adjudicados a diversas empresas brasileñas y a sus consorciadas: Gasoducto Sur, Proyecto de Irrigación Olmos, IIRSA Sur, Metro 1 de Lima, entre otros.

En el caso del Proyecto Especial de Irrigación e Hidroenergético de Olmos, el grupo de trabajo de la fujimorista Bartra puso bajo la lupa a Kuczynski y Humala.

Para la comisión Lava Jato, Humala actuó en provecho de Odebrecht debido al aporte de US$3 millones que recibió para su campaña electoral de acuerdo con las declaraciones de Jorge Barata, ex ejecutivo de Odebrecht en el Perú; y Marcelo Odebrecht, ex CEO de la constructora del mismo nombre. 

Según el documento, Humala en menos de un año, desde que asumió sus funciones en 2011, le reconoció al Concesionario Trasvase Olmos de Odebrecht US$43’642,000 y se transfirieron los montos al gobierno regional para que este le pague a los brasileños.

Kuczynski también está cuestionado por Olmos. Entre 2004 y 2006, cuando fue ministro de Economía y presidente del Consejo de Ministros, su empresa Westfield Capital recibió cuatro pagos de Odebrecht por consultorías.

En otro de los capítulos del informe Lava Jato, se señala que en el caso Gasoducto Sur se utilizaron los recursos económicos del Estado para favorecer ilegalmente a las empresas Odebrecht, OAS, Andrade Gutierrez, Queiroz Galvao, Camargo Correa, sus consorciadas, funcionarios y particulares. 

Según la comisión, Humala se habría coludido con ejecutivos de Odebrecht. “Se reunieron hasta en dos ocasiones en 2012 en Palacio para fijar en el contrato una serie de cláusulas en contra de los intereses del Estado”, se lee en el informe.

La comisión Lava Jato también decidió denunciar a Humala por infracción al principio de buena administración, por autorizar al Ministerio de Vivienda a usar la Organización Internacional para las Migraciones para que se encargue de la selección y contratación de las empresas que ejecutaron y supervisaron el Centro de Convenciones de Lima. 

En un inicio estaba previsto que se pague S/454.9 millones por la obra, pero finalmente se pagó S/499.3 millones, casi S/50 millones más.

Una de las hipótesis de Bartra es que Humala concertó con OAS para que se pague ese monto a pesar del retraso en la entrega de la referida obra.

VILLARÁN Y CASTAÑEDA 

El informe indica que la ex alcaldesa de Lima, Susana Villarán, habría favorecido a las empresas brasileñas OAS, en el proyecto Línea Amarilla, y Odebrecht, en Vías Nuevas de Lima. 

Además, precisa que hay evidencias de que la ex burgomaestre de Lima recibió una coima para favorecer a OAS, por lo que recomienda denunciarla por lavado de activos, negociación incompatible, cohecho pasivo y falsedad ideológica.

Mientras que el alcalde de Lima, Luis Castañeda Lossio, habría incurrido en tráfico de influencias al suscribir los contratos de concesión del proyecto Línea Amarilla. Se le acusa de tráfico de influencias. 

TOLEDO Y CONSORCIADAS 

En la obra IIRSA Sur, el grupo de Bartra recomienda acusar a Alejandro Toledo por haber recibido US$3 millones en sobornos de Odebrecht a cambio de la concesión de la vía. 

Según el informe, diversas constructoras nacionales también se habrían confabulado para pagar el soborno solicitado por Toledo a cambio de la Interoceánica Sur, tramos II y III. Se trata de las firmas Graña y Montero, JJ Camet e Ingenieros Civiles y Contratistas Generales S.A. 

En el Metro de Lima 1, Bartra recomienda investigar al ex ministro Enrique Cornejo por asociación ilícita para delinquir, negociación incompatible y colusión agravada. También al ex viceministro Jorge Cuba, por colusión, cohecho y lavado de dinero. 

Sin embargo, a quien no se recomienda abrir investigación es al ex presidente Alan García a pesar de que se reunió en 15 ocasiones con Jorge Barata en Palacio de Gobierno.

Este documento será expuesto en el Pleno del Congreso el próximo lunes. Se someterá a debate para su aprobación y se enviará al Ministerio Público para que sirva como un insumo más en las pesquisas fiscales.

ESPOSO DE LETONA NO APARECE EN INFORME

En 2014, el abogado José Guzmán, esposo de la congresista fujimorista Úrsula Letona, cumplió un papel importante en la adjudicación del proyecto Gasoducto Sur, a cargo de Odebrecht. Para el Ministerio Público, hubo ilícitos en esta ejecución. 

Guzmán, quien fue asesor de Proinversión, suscribió un informe que, de acuerdo con los cuestionamiento que recibió la comisión Lava Jato, habría servido para impedir que el consorcio Gasoducto Peruano del Sur continuara en carrera con Odebrecht. 

En febrero de 2018, la comisión Lava Jato recogió el testimonio de Guzmán, quien no fue incluido en el informe final. En aquella ocasión, el esposo de Letona aclaró que su participación fue como asesor externo en temas de hidrocarburos, entre febrero y julio de 2014.

Además, afirmó que es falso que haya suscrito un informe que recomiende al comité encargado de adjudicar las obras del Gasoducto Sur Peruano la descalificación de alguno de los postores. 

Por el contrario, dijo que él recomendó que se le dé la posibilidad al Gasoducto Peruano del Sur, competidor de Odebrecht, de subsanar su participación porcentual. Letona aseguró que su esposo actuó en calidad de asesor técnico, y no legal, por lo cual descartó algún hecho ilícito que lo involucre.