ExContralor Edgar Alarcón apunta a PPK, Zavala y Otros
“Insistieron en Chinchero pese a las deficiencias”
Expresidente y sus ministros sabían que el contrato era perjudicial para el Perú
Así se pronunció el excontralor Edgar Alarcón en entrevista concedida a la periodista Milagros Leiva. Alarcón explicó que desde el año 2014 la Contraloría General de la República había advertido a las autoridades del gobierno que el proyecto de contrato presentaba una serie de riesgos muy grandes para el Estado y, pese a ello, el contrato se firmó.
En las dos auditorías que se hicieron, prosigue Alarcón, como parte del control previo establecido por ley, se señaló indubitablemente cuáles eran esos riesgos: no se había fijado plazo para el cierre financiero, es decir, el concesionario no tenía la obligación de acelerar la obtención del financiamiento de la obra física, algo insólito para un contrato.
Defectos
La segunda deficiencia, acota Alarcón, es que no se estableció la tasa de endeudamiento. Esto es muy grave porque si la obra iba a durar varios años el Estado no tenía una forma de saber qué intereses estaba generando el proyecto y que posteriormente debía de asumir. Este hecho no generó preocupación alguna en el gobierno de entonces.
Una tercera deficiencia, indica Alarcón, es que los estudios de perfil y de factibilidad desarrollados en el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) no proponían alternativas para solucionar esos problemas. Y pese a ello se firmó el contrato. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y PROINVERSION fueron advertidos y nada hicieron.
“Se hizo un contrato mal hecho y en condiciones desventajosas para el Estado peruano”, sentenció Alarcón.
Adicionalmente, el excontralor dijo que al no fijar fecha para el cierre financiero; al no fijar la tasa de interés máxima para en un futuro financiar la obra; se le dio libertad al concesionario para que haga lo que quiera “y allí tenemos lo que acaba de hacer: intereses de más de 500 millones que se le pretende cobrar al Estado”.
SIETE REUNIONES
Alarcón reveló que antes de la emisión del informe de la Contraloría sobre el contrato de Chinchero se reunió hasta en siete oportunidades con funcionarios de PPK. Recuerda particularmente un encuentro en la Presidencia del Consejo de Ministros y otro en el Ministerio de Energía y Finanzas (MEF).
“Quienes estaban detrás de todo esto son los empresarios acostumbrados a manejar los grandes proyectos del Perú. Y siempre articulados desde el MEF donde en algún momento estuvo Fernando Zavala”, señala.
Alarcón reitera que el contrato de Chinchero nació mal, con ventajas que se daba al concesionario y lo lógico es que al haberse producido un cambio de gobierno en el 2016 la nueva administración de PPK debió reparar en las deficiencias y resolver el contrato y cortarlo.
“Se pudo optar por ir por una obra pública u otra concesión, pero se tomó la decisión de seguir, de arrastrar las deficiencias y quererlas corregir con la adenda”, deploró.
Finalmente, recordó que las normas establecen que se podía hacer la adenda dentro del plazo de tres años y acreditar un financista, pero el concesionario no lo tenía. A pesar de ello el gobierno de PPK firmó la adenda y puso en desventaja al Estado peruano.
Créditos/expreso.com.pe
“Insistieron en Chinchero pese a las deficiencias”
El gobierno de Pedro Pablo Kuczynski (PPK) supo en 2016 las graves deficiencias que tenía el proyecto de contrato del aeropuerto de Chinchero, Cusco, y pese a ellos sus funcionarios, principalmente el entonces ministro Fernando Zavala Lombardi y fue esa la razón por la que se suscribió una adenda que agravaba el perjuicio al Estado.
Así se pronunció el excontralor Edgar Alarcón en entrevista concedida a la periodista Milagros Leiva. Alarcón explicó que desde el año 2014 la Contraloría General de la República había advertido a las autoridades del gobierno que el proyecto de contrato presentaba una serie de riesgos muy grandes para el Estado y, pese a ello, el contrato se firmó.
En las dos auditorías que se hicieron, prosigue Alarcón, como parte del control previo establecido por ley, se señaló indubitablemente cuáles eran esos riesgos: no se había fijado plazo para el cierre financiero, es decir, el concesionario no tenía la obligación de acelerar la obtención del financiamiento de la obra física, algo insólito para un contrato.
Defectos
La segunda deficiencia, acota Alarcón, es que no se estableció la tasa de endeudamiento. Esto es muy grave porque si la obra iba a durar varios años el Estado no tenía una forma de saber qué intereses estaba generando el proyecto y que posteriormente debía de asumir. Este hecho no generó preocupación alguna en el gobierno de entonces.
Una tercera deficiencia, indica Alarcón, es que los estudios de perfil y de factibilidad desarrollados en el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) no proponían alternativas para solucionar esos problemas. Y pese a ello se firmó el contrato. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y PROINVERSION fueron advertidos y nada hicieron.
“Se hizo un contrato mal hecho y en condiciones desventajosas para el Estado peruano”, sentenció Alarcón.
Adicionalmente, el excontralor dijo que al no fijar fecha para el cierre financiero; al no fijar la tasa de interés máxima para en un futuro financiar la obra; se le dio libertad al concesionario para que haga lo que quiera “y allí tenemos lo que acaba de hacer: intereses de más de 500 millones que se le pretende cobrar al Estado”.
SIETE REUNIONES
Alarcón reveló que antes de la emisión del informe de la Contraloría sobre el contrato de Chinchero se reunió hasta en siete oportunidades con funcionarios de PPK. Recuerda particularmente un encuentro en la Presidencia del Consejo de Ministros y otro en el Ministerio de Energía y Finanzas (MEF).
“Quienes estaban detrás de todo esto son los empresarios acostumbrados a manejar los grandes proyectos del Perú. Y siempre articulados desde el MEF donde en algún momento estuvo Fernando Zavala”, señala.
Alarcón reitera que el contrato de Chinchero nació mal, con ventajas que se daba al concesionario y lo lógico es que al haberse producido un cambio de gobierno en el 2016 la nueva administración de PPK debió reparar en las deficiencias y resolver el contrato y cortarlo.
“Se pudo optar por ir por una obra pública u otra concesión, pero se tomó la decisión de seguir, de arrastrar las deficiencias y quererlas corregir con la adenda”, deploró.
Finalmente, recordó que las normas establecen que se podía hacer la adenda dentro del plazo de tres años y acreditar un financista, pero el concesionario no lo tenía. A pesar de ello el gobierno de PPK firmó la adenda y puso en desventaja al Estado peruano.
Créditos/expreso.com.pe
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