Proyecto de ley causa rechazo unánime en la comunidad jurídica por inconstitucional
Fiscales emplazan a Supremos hacer respetar la autonomía
La mecha la encendió el jurista Enrique Ghersi. El penalista Mario Amoretti había tenido opinión parecida. Los fiscales Tomás Gálvez y Frank Almanza, entre muchos otros, y la propia decana del CAL, la Doctora María Elena Portocarrero, señalaron -al unísono- que la propuesta del Ejecutivo de declarar en emergencia la Fiscalía es inconstitucional.
En este contexto de la crisis institucional del Ministerio Público generada tras el retiro y luego la reposición de los fiscales del caso Lava Jato, Rafael Vela y José Domingo Pérez, es que se reunieron ayer, por alrededor de hora y media, la Junta de Fiscales Supremos de la Fiscalía de la Nación.
Un alto magistrado que estuvo en la reunión contó a EXPRESO que solo dos fiscales supremos -Pablo Sánchez y Zoraida Ávalos-, le solicitaron al titular de dicha institución, Pablo Chávarry Vallejos, que renuncie al cargo.
Chávarry no aceptó y les dijo que su designación era constitucional y que, finalmente, si se retiraba, lo haría cuando él mismo así lo considere. Otra fuente sostuvo que el aún fiscal de la Nación “puso en su sitio” a Sánchez Velarde.
Los otros dos fiscales, Tomás Gálvez y Víctor Monteza, no es que solicitaron su renuncia sino que dejaron que una decisión de tal naturaleza la evalúe el mismo doctor Chávarry. Así fueron las cosas.
Como se ve, Chávarry es duro de matar.
Por eso es que este alto magistrado escribió un tuit tratando de dar forma a una posición institucional: “La defensa de la autonomía e institucionalidad del MP [Ministerio Público] es prioritaria para sus miembros, empezando por quien lo dirige”.
“En cumplimiento de tal compromiso, que sigo sosteniendo, tomaré las decisiones que sean acorde a lo que ello exige. Las personas pasamos, las instituciones quedan”.
Entonces, la campaña de demolición de cierta prensa y sus aliados continuó, implacable, como nunca antes se ha visto en la historia de la prensa peruana.
Tal vez por tal razón Chávarry no acepta declaraciones a la prensa nacional y prefirió hacerlo a Bluradio de Colombia.
“Lo único que yo tengo que hacer en este momento [es] pensar bien las decisiones que se van a tomar y también, hacer de conocimiento y reiterar lo que siempre he dicho, ningún fiscal es imprescindible; ni el fiscal de la Nación”, sostuvo en dicha emisora.
CONTRAOFENSIVA
Más allá del debate político sobre el destino de la Fiscalía de la Nación, hay una contraofensiva contra el oficialismo vizcarrista que busca someter, por la vía de la intervención política, como lo señaló con toda claridad el congresista independiente Roberto Vieira, al titular de la acción penal, que por mandato constitucional y de su Ley Orgánica es la Fiscalía de la Nación.
El problema o la crisis, por así llamarlo, va entonces mucho más allá de Chávarry. El meollo del asunto ahora está en el Proyecto de Ley del Ejecutivo que declara en emergencia el Ministerio Público.
Ya en el Congreso la bancada aprista ha sido la más coherente. Jorge del Castillo este jueves fue claro ante las pretensiones palaciegas de intervenir en la Fiscalía a través del Congreso, con amenazas incluso de cerrarlo si este poder del Estado se hacia el renuente.
“Yo no tengo problemas con la cuestión de confianza. Yo prefiero que cierren el Congreso constitucionalmente, a pasar por el baldón de tener que poner mi voto para una cosa inconstitucional”, dijo Del Castillo.
Al día siguiente, ayer viernes, Javier Velásquez Quesquén, en la misma línea de pensamiento, desafió a Martín Vizcarra a que vaya al Congreso a cerrarlo.
Y en el campo estrictamente jurídico, Enrique Ghersi, que fue supuestamente refutado por el ministro de Justicia, Vicente Zeballos, en la sesión de la Comisión de Constitución de este viernes, en comunicación con este diario se reafirmó en su punto de vista.
“El proyecto del Gobierno es inconstitucional y muy deficiente. En primer lugar porque, como ya he dicho, no se puede declarar ‘en emergencia’ un organismo constitucionalmente autónomo. Equivale a intervenirlo. Es decir, violar su autonomía colisionando con el Estado de Derecho”, dijo.
En segundo lugar, pretende sustituir, a los titulares por los suplentes, en la Junta de Fiscales Supremos. “Eso, además de absurdo -porque implica de facto un cese masivo de esos magistrados-, es ilegal porque los adjuntos no pueden desempeñar la función de titulares. Estarían usurpando funciones”, añadió.
Finalmente, porque dicho proyecto “pretende que el nuevo Fiscal de la Nación sea elegido entre los adjuntos, y eso es una barbaridad porque viola el rango de los fiscales e implica una abierta manipulación en la designación del titular del Ministerio Público”.
En ese orden de ideas, “estoy seguro de que ningún fiscal va a prestarse a eso”, concluyó Ghersi.
LUNA GARCÍA RECHAZA
En efecto, el fiscal supremo adjunto Javier Luna García, voceado para reemplazar a Chávarry, declinó esa posibilidad si es que el proyecto de ley del presidente Vizcarra tiene luz verde en el Congreso.
“Yo he dicho que de promulgarse esta ley (…) yo lo primero que haría en la primera sesión de instalación presentaría mi renuncia por inconstitucional intervencionismo de la ley. Aquí las cosas son como son, no se trata de porque me conviene estar y formar parte del equipo, donde se permite reorganizar todo el aparato administrativo y fiscal, la cuota de poder…, no, se trata de si es constitucional o no, así hay que actuar y defender eso”, dijo en radio Exitosa.
Luna García señaló que el proyecto del Ejecutivo “no tiene ningún asidero constitucional, nosotros debemos entender que la Constitución establece que somos un Estado constitucional de Derecho, lo que significa que la Constitución está por sobre todas las cosas”.
“Si no respetamos el marco constitucional, cualquier persona realiza un acto inconstitucional y ningún ciudadano o empresario tendría protección de nada”, subrayó.
HABLA TOMÁS GÁLVEZ
Y es también por tales razones que el fiscal supremo Tomás Gálvez declaró la noche del jueves en canal N que la Fiscalía tendría que desobedecer si es que fuera aprobado por el Parlamento la ley intervencionista ya que este es “absolutamente inconstitucional”.
La Constitución establece categóricamente cómo se puede remover a un fiscal o juez supremo de su cargo y “es atribuyéndoles responsabilidad política, administrativa o penal”. “Cualquier otra forma de sacar a un fiscal supremo sería violando el marco legal”, sentenció.
En ese sentido, señaló al proyecto de ley impulsado por el presidente Vizcarra como “un engaña muchachos” y que es solo una presión para que renuncie el fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, “porque es inaplicable”.
“El artículo 146 de la Constitución dice que el Estado garantiza a los magistrados independencia, inamovilidad e independencia en el servicio y para los supremos les da prerrogativa del antejuicio”, declaró Gálvez.
Por otro lado, dijo que la Junta de Fiscales Supremos, de la que él es parte, podría persuadir a Chávarry Vallejos para que dé un paso al costado, pero que de ninguna manera permitirían que se viole la autonomía del Ministerio Público, ya que todos los funcionarios estatales tienen el derecho y el deber de hacer respetar la Constitución y el debido proceso, concluyó.
Fiscal pide investigar supuesto perjuicio a acuerdo con Odebrecht
El fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, solicitó al Congreso crear un grupo de trabajo para investigar las declaraciones del presidente Martín Vizcarra y el fiscal José Domingo Pérez sobre el supuesto perjuicio al acuerdo de colaboración eficaz con Odebrecht, originada por la remoción de los fiscales Rafael Vela Barba y Domingo Pérez.
En oficio Nº 004-2019-MP-FN dirigido al titular del Legislativo, Daniel Salaverry, Chávarry le solicita “se sirva disponer, dentro del marco del rol fiscalizador del Congreso de la República y de las normas antes señaladas, conformar un Grupo de Trabajo para que se avoque a la investigación acerca de las declaraciones del Señor Presidente de la República, en consonancia con el fiscal (…) José Domingo Pérez, sobre el ‘supuesto perjuicio’…”.
“LA FISCALÍA TIENE EN NUESTRO PAÍS EL MONOPOLIO DE LA ACCIÓN PENAL. TOMAR EL CONTROL DE ELLA VIOLANDO SU AUTONOMÍA ES UNA GRAVE AMENAZA A LA DEMOCRACIA Y OBVIO QUE ES INCONSTITUCIONAL”
JUNTA DE FISCALES DE LIMA SE DECLARA EN SESIÓN PERMANENTE
Magistrados rechazan proyecto del Ejecutivo
“Hacemos un llamado a la ciudadanía a estar atentos y firmes ante tal interferencia señalada”, advierten
La Junta de Fiscales Superiores de Lima emitió un comunicado en el que rechazan el proyecto de ley presentado por el Ejecutivo que declara en emergencia el Ministerio Público, al vulnerar la Constitución.
“Rechazar categóricamente el proyecto de ley presentado por el Poder Ejecutivo, que pretende declarar en emergencia al Ministerio Público, ya que atenta contra su autonomía”, reza el primer punto del documento hecho público la noche de ayer.
“Hacemos un llamado a la ciudadanía a estar atentos y firmes ante tal interferencia señalada”, advierte en otro punto.
Luego exhortan “a todos los fiscales a nivel nacional, funcionarios y trabajadores en general, por el bien de nuestra institución, a mantenernos unidos y firmes, para defender con los mecanismos legales nuestra Constitución”.
Finalmente, en comunicado firmado por la titular de la Junta de Fiscales Provinciales del Distrito Fiscal de Lima, magister Katherine Borrero Soto, se declaran “en Junta de Fiscales Provinciales Permanente desde hoy…”.
Esto, a fin de “elaborar un informe legal en defensa de la autonomía institucional respecto al Proyecto de Ley Nº 3765-2018 P.E, que modifica el Decreto Legislativo Nº 052 y declara en emergencia al Ministerio Público”.
En horas de la mañana, otro grupo de fiscales invocó en otro escrito a los fiscales supremos a que tomen las decisiones correspondientes dentro del marco de la Constitución y la Ley Orgánica del Ministerio Público, a fin de garantizar la autonomía e independencia de la institución y el normal desarrollo de las funciones de los fiscales y personal administrativo a nivel nacional.
“Nuestra Constitución Política ordena que el Ministerio Público debe ser autónomo porque garantiza a la sociedad la defensa de sus derechos, sin injerencias políticas de ninguna índole”, se señala.
A su vez, también se declaran en Junta Permanente a fin de mantenerse atentos a los acontecimientos futuros a efectos de hacer valer las acciones constitucionales que corresponden.
Parecidas circunstancias contra el eventual intervencionismo político del Ejecutivo en el Ministerio Público llegó desde el Callao. En consonancia con un comunicado anterior de dicho distrito judicial, “se rechaza cualquier forma o intento de vulneración a la autonomía o independencia del Ministerio Público, la misma que está reconocida y amparada por la Constitución…”. Incluso los fiscales superiores del primer puerto han firmado un acta en similar sentido y también se declaran en sesión permanente “para evaluar la coyuntura institucional”.
Se quedó sola
Ayer, en la Junta de Fiscales Superiores de Lima, la fiscal Navarro propuso pronunciarse en contra del Fiscal de la Nación Pedro Chávarry, pero los otros 20 salieron al frente y dijeron que no. Que se debe respetar la jerarquía. Además, todos los magistrados condenaron el proyecto de ley del Gobierno.
MAGISTRADO SEÑALÓ QUE POR ESO NO ACEPTÓ SEGUIR EN EL CARGO
Fiscal Frank Almanza denuncia injerencia del Ejecutivo en el MP
El fiscal superior, Frank Almanza, declaró este viernes que el proyecto de ley del Ejecutivo que declara el Ministerio Público en emergencia es una injerencia absoluta en la institución y que por tal motivo declinó en su aceptación para reemplazar a su colega, Rafael Vela Barba como coordinador del Equipo Especial ‘Lava Jato’.
El magistrado dijo que está en absoluto desacuerdo con la forma en que el Gobierno Central ha actuado frente a la actual crisis que enfrenta la Fiscalía, aduciendo que esa iniciativa hace peligrar la autonomía de la institución.
“Apenas se dio esa decisión, el presidente de la República presentó un proyecto de ley para intervenir el Ministerio Público, y eso hace peligrar la autonomía de la institución”, declaró en la cadena RPP.
Asimismo, dijo que no cree que el acuerdo de colaboración eficaz que se viene negociando con la constructora Odebrecht se haya perjudicado por los acontecimientos que se han dado en el Ministerio Público en los últimos días.
“Con mi aceptación inicial a ese cargo [no creo que] se haya entorpecido, me parece que no es el caso. La decisión se dio el lunes 31 en la noche, y la renuncia mía se produjo a primera hora del día 2 de enero del 2019”, señaló.
Créditos/expreso.com.pe
Fiscales emplazan a Supremos hacer respetar la autonomía
Declarar en emergencia la Fiscalía será desobedecido, advierten en sendos comunicados. La decana del CAL, la Junta de Fiscales de Lima y la comunidad jurídica se rebelan. En el Congreso prefieren el cierre a la ignominia de firmar la lapidación de un organismo autónomo de justicia
La mecha la encendió el jurista Enrique Ghersi. El penalista Mario Amoretti había tenido opinión parecida. Los fiscales Tomás Gálvez y Frank Almanza, entre muchos otros, y la propia decana del CAL, la Doctora María Elena Portocarrero, señalaron -al unísono- que la propuesta del Ejecutivo de declarar en emergencia la Fiscalía es inconstitucional.
En este contexto de la crisis institucional del Ministerio Público generada tras el retiro y luego la reposición de los fiscales del caso Lava Jato, Rafael Vela y José Domingo Pérez, es que se reunieron ayer, por alrededor de hora y media, la Junta de Fiscales Supremos de la Fiscalía de la Nación.
Un alto magistrado que estuvo en la reunión contó a EXPRESO que solo dos fiscales supremos -Pablo Sánchez y Zoraida Ávalos-, le solicitaron al titular de dicha institución, Pablo Chávarry Vallejos, que renuncie al cargo.
Chávarry no aceptó y les dijo que su designación era constitucional y que, finalmente, si se retiraba, lo haría cuando él mismo así lo considere. Otra fuente sostuvo que el aún fiscal de la Nación “puso en su sitio” a Sánchez Velarde.
Los otros dos fiscales, Tomás Gálvez y Víctor Monteza, no es que solicitaron su renuncia sino que dejaron que una decisión de tal naturaleza la evalúe el mismo doctor Chávarry. Así fueron las cosas.
Como se ve, Chávarry es duro de matar.
Por eso es que este alto magistrado escribió un tuit tratando de dar forma a una posición institucional: “La defensa de la autonomía e institucionalidad del MP [Ministerio Público] es prioritaria para sus miembros, empezando por quien lo dirige”.
“En cumplimiento de tal compromiso, que sigo sosteniendo, tomaré las decisiones que sean acorde a lo que ello exige. Las personas pasamos, las instituciones quedan”.
Entonces, la campaña de demolición de cierta prensa y sus aliados continuó, implacable, como nunca antes se ha visto en la historia de la prensa peruana.
Tal vez por tal razón Chávarry no acepta declaraciones a la prensa nacional y prefirió hacerlo a Bluradio de Colombia.
“Lo único que yo tengo que hacer en este momento [es] pensar bien las decisiones que se van a tomar y también, hacer de conocimiento y reiterar lo que siempre he dicho, ningún fiscal es imprescindible; ni el fiscal de la Nación”, sostuvo en dicha emisora.
CONTRAOFENSIVA
Más allá del debate político sobre el destino de la Fiscalía de la Nación, hay una contraofensiva contra el oficialismo vizcarrista que busca someter, por la vía de la intervención política, como lo señaló con toda claridad el congresista independiente Roberto Vieira, al titular de la acción penal, que por mandato constitucional y de su Ley Orgánica es la Fiscalía de la Nación.
El problema o la crisis, por así llamarlo, va entonces mucho más allá de Chávarry. El meollo del asunto ahora está en el Proyecto de Ley del Ejecutivo que declara en emergencia el Ministerio Público.
Ya en el Congreso la bancada aprista ha sido la más coherente. Jorge del Castillo este jueves fue claro ante las pretensiones palaciegas de intervenir en la Fiscalía a través del Congreso, con amenazas incluso de cerrarlo si este poder del Estado se hacia el renuente.
“Yo no tengo problemas con la cuestión de confianza. Yo prefiero que cierren el Congreso constitucionalmente, a pasar por el baldón de tener que poner mi voto para una cosa inconstitucional”, dijo Del Castillo.
Al día siguiente, ayer viernes, Javier Velásquez Quesquén, en la misma línea de pensamiento, desafió a Martín Vizcarra a que vaya al Congreso a cerrarlo.
Y en el campo estrictamente jurídico, Enrique Ghersi, que fue supuestamente refutado por el ministro de Justicia, Vicente Zeballos, en la sesión de la Comisión de Constitución de este viernes, en comunicación con este diario se reafirmó en su punto de vista.
“El proyecto del Gobierno es inconstitucional y muy deficiente. En primer lugar porque, como ya he dicho, no se puede declarar ‘en emergencia’ un organismo constitucionalmente autónomo. Equivale a intervenirlo. Es decir, violar su autonomía colisionando con el Estado de Derecho”, dijo.
En segundo lugar, pretende sustituir, a los titulares por los suplentes, en la Junta de Fiscales Supremos. “Eso, además de absurdo -porque implica de facto un cese masivo de esos magistrados-, es ilegal porque los adjuntos no pueden desempeñar la función de titulares. Estarían usurpando funciones”, añadió.
Finalmente, porque dicho proyecto “pretende que el nuevo Fiscal de la Nación sea elegido entre los adjuntos, y eso es una barbaridad porque viola el rango de los fiscales e implica una abierta manipulación en la designación del titular del Ministerio Público”.
En ese orden de ideas, “estoy seguro de que ningún fiscal va a prestarse a eso”, concluyó Ghersi.
LUNA GARCÍA RECHAZA
En efecto, el fiscal supremo adjunto Javier Luna García, voceado para reemplazar a Chávarry, declinó esa posibilidad si es que el proyecto de ley del presidente Vizcarra tiene luz verde en el Congreso.
“Yo he dicho que de promulgarse esta ley (…) yo lo primero que haría en la primera sesión de instalación presentaría mi renuncia por inconstitucional intervencionismo de la ley. Aquí las cosas son como son, no se trata de porque me conviene estar y formar parte del equipo, donde se permite reorganizar todo el aparato administrativo y fiscal, la cuota de poder…, no, se trata de si es constitucional o no, así hay que actuar y defender eso”, dijo en radio Exitosa.
Luna García señaló que el proyecto del Ejecutivo “no tiene ningún asidero constitucional, nosotros debemos entender que la Constitución establece que somos un Estado constitucional de Derecho, lo que significa que la Constitución está por sobre todas las cosas”.
“Si no respetamos el marco constitucional, cualquier persona realiza un acto inconstitucional y ningún ciudadano o empresario tendría protección de nada”, subrayó.
HABLA TOMÁS GÁLVEZ
Y es también por tales razones que el fiscal supremo Tomás Gálvez declaró la noche del jueves en canal N que la Fiscalía tendría que desobedecer si es que fuera aprobado por el Parlamento la ley intervencionista ya que este es “absolutamente inconstitucional”.
La Constitución establece categóricamente cómo se puede remover a un fiscal o juez supremo de su cargo y “es atribuyéndoles responsabilidad política, administrativa o penal”. “Cualquier otra forma de sacar a un fiscal supremo sería violando el marco legal”, sentenció.
En ese sentido, señaló al proyecto de ley impulsado por el presidente Vizcarra como “un engaña muchachos” y que es solo una presión para que renuncie el fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, “porque es inaplicable”.
“El artículo 146 de la Constitución dice que el Estado garantiza a los magistrados independencia, inamovilidad e independencia en el servicio y para los supremos les da prerrogativa del antejuicio”, declaró Gálvez.
Por otro lado, dijo que la Junta de Fiscales Supremos, de la que él es parte, podría persuadir a Chávarry Vallejos para que dé un paso al costado, pero que de ninguna manera permitirían que se viole la autonomía del Ministerio Público, ya que todos los funcionarios estatales tienen el derecho y el deber de hacer respetar la Constitución y el debido proceso, concluyó.
Fiscal pide investigar supuesto perjuicio a acuerdo con Odebrecht
El fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, solicitó al Congreso crear un grupo de trabajo para investigar las declaraciones del presidente Martín Vizcarra y el fiscal José Domingo Pérez sobre el supuesto perjuicio al acuerdo de colaboración eficaz con Odebrecht, originada por la remoción de los fiscales Rafael Vela Barba y Domingo Pérez.
En oficio Nº 004-2019-MP-FN dirigido al titular del Legislativo, Daniel Salaverry, Chávarry le solicita “se sirva disponer, dentro del marco del rol fiscalizador del Congreso de la República y de las normas antes señaladas, conformar un Grupo de Trabajo para que se avoque a la investigación acerca de las declaraciones del Señor Presidente de la República, en consonancia con el fiscal (…) José Domingo Pérez, sobre el ‘supuesto perjuicio’…”.
“LA FISCALÍA TIENE EN NUESTRO PAÍS EL MONOPOLIO DE LA ACCIÓN PENAL. TOMAR EL CONTROL DE ELLA VIOLANDO SU AUTONOMÍA ES UNA GRAVE AMENAZA A LA DEMOCRACIA Y OBVIO QUE ES INCONSTITUCIONAL”
JUNTA DE FISCALES DE LIMA SE DECLARA EN SESIÓN PERMANENTE
Magistrados rechazan proyecto del Ejecutivo
“Hacemos un llamado a la ciudadanía a estar atentos y firmes ante tal interferencia señalada”, advierten
La Junta de Fiscales Superiores de Lima emitió un comunicado en el que rechazan el proyecto de ley presentado por el Ejecutivo que declara en emergencia el Ministerio Público, al vulnerar la Constitución.
“Rechazar categóricamente el proyecto de ley presentado por el Poder Ejecutivo, que pretende declarar en emergencia al Ministerio Público, ya que atenta contra su autonomía”, reza el primer punto del documento hecho público la noche de ayer.
“Hacemos un llamado a la ciudadanía a estar atentos y firmes ante tal interferencia señalada”, advierte en otro punto.
Luego exhortan “a todos los fiscales a nivel nacional, funcionarios y trabajadores en general, por el bien de nuestra institución, a mantenernos unidos y firmes, para defender con los mecanismos legales nuestra Constitución”.
Finalmente, en comunicado firmado por la titular de la Junta de Fiscales Provinciales del Distrito Fiscal de Lima, magister Katherine Borrero Soto, se declaran “en Junta de Fiscales Provinciales Permanente desde hoy…”.
Esto, a fin de “elaborar un informe legal en defensa de la autonomía institucional respecto al Proyecto de Ley Nº 3765-2018 P.E, que modifica el Decreto Legislativo Nº 052 y declara en emergencia al Ministerio Público”.
En horas de la mañana, otro grupo de fiscales invocó en otro escrito a los fiscales supremos a que tomen las decisiones correspondientes dentro del marco de la Constitución y la Ley Orgánica del Ministerio Público, a fin de garantizar la autonomía e independencia de la institución y el normal desarrollo de las funciones de los fiscales y personal administrativo a nivel nacional.
“Nuestra Constitución Política ordena que el Ministerio Público debe ser autónomo porque garantiza a la sociedad la defensa de sus derechos, sin injerencias políticas de ninguna índole”, se señala.
A su vez, también se declaran en Junta Permanente a fin de mantenerse atentos a los acontecimientos futuros a efectos de hacer valer las acciones constitucionales que corresponden.
También en el Callao
Parecidas circunstancias contra el eventual intervencionismo político del Ejecutivo en el Ministerio Público llegó desde el Callao. En consonancia con un comunicado anterior de dicho distrito judicial, “se rechaza cualquier forma o intento de vulneración a la autonomía o independencia del Ministerio Público, la misma que está reconocida y amparada por la Constitución…”. Incluso los fiscales superiores del primer puerto han firmado un acta en similar sentido y también se declaran en sesión permanente “para evaluar la coyuntura institucional”.
Se quedó sola
Ayer, en la Junta de Fiscales Superiores de Lima, la fiscal Navarro propuso pronunciarse en contra del Fiscal de la Nación Pedro Chávarry, pero los otros 20 salieron al frente y dijeron que no. Que se debe respetar la jerarquía. Además, todos los magistrados condenaron el proyecto de ley del Gobierno.
MAGISTRADO SEÑALÓ QUE POR ESO NO ACEPTÓ SEGUIR EN EL CARGO
Fiscal Frank Almanza denuncia injerencia del Ejecutivo en el MP
El fiscal superior, Frank Almanza, declaró este viernes que el proyecto de ley del Ejecutivo que declara el Ministerio Público en emergencia es una injerencia absoluta en la institución y que por tal motivo declinó en su aceptación para reemplazar a su colega, Rafael Vela Barba como coordinador del Equipo Especial ‘Lava Jato’.
El magistrado dijo que está en absoluto desacuerdo con la forma en que el Gobierno Central ha actuado frente a la actual crisis que enfrenta la Fiscalía, aduciendo que esa iniciativa hace peligrar la autonomía de la institución.
“Apenas se dio esa decisión, el presidente de la República presentó un proyecto de ley para intervenir el Ministerio Público, y eso hace peligrar la autonomía de la institución”, declaró en la cadena RPP.
Asimismo, dijo que no cree que el acuerdo de colaboración eficaz que se viene negociando con la constructora Odebrecht se haya perjudicado por los acontecimientos que se han dado en el Ministerio Público en los últimos días.
“Con mi aceptación inicial a ese cargo [no creo que] se haya entorpecido, me parece que no es el caso. La decisión se dio el lunes 31 en la noche, y la renuncia mía se produjo a primera hora del día 2 de enero del 2019”, señaló.
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