¿Gobierno recurre a prácticas montesinistas?
Espionaje a todo dar en el Congreso
La historia no contada de un audio que fue armado en la gestión de Daniel Salaverry para desacreditar el nombramiento de 6 magistrados al TC.
Como es público, los afectados de dicha grabación son Javier Velásquez Quesquén (CPA) y los fujimoristas Rosa Bartra, Úrsula Letona y ‘Micky’ Torres.
Ahora se sabe que el audio, al parecer editado, fue obtenido a fines del año pasado en la gestión de Daniel Salaverry cuando él era presidente del Congreso.
“La idea era sacarlo en noviembre del año pasado en caso el Parlamento quiera someter a votación la formación de una comisión seleccionadora de integrantes del Tribunal Constitucional en ese tiempo, y su difusión debía sumir en el desprestigio al Congreso ad portas de un referéndum”, señala un escrito que ha circulado en niveles informados del Congreso.
Como se sabe, la comisión no se formó, en circunstancias en que por ese entonces el Parlamento ya era vapuleado mediáticamente, y se dice que “el material editado fue guardado para ser usado a futuro”, con el asesoramiento de una ONG cercana a Palacio.
Pasados los meses, tras el 18 de septiembre último, luego los candidatos para ocupar las seis plazas del TC, los asesores de Salaverry recordaron el tema, y, “tras coordinar con Patricia Donayre, vocera de la bancada (…) Unidos por la República, y con sus aliados de Frente Amplio y Nuevo Perú, decidieron filtrar el audio a la prensa”.
Primero lo filtraron, según esta versión, al canal Latina, sin mayor suerte porque los mandos periodísticos de dicha emisora de señal abierta lo desecharon porque al parecer lo consideraron sospechoso y desfasado en el tiempo.
Y en el ínterin, uno de los supuestos partícipes de la conversación, el aprista Javier Velásquez Quesquén, a quien se le responsabiliza de la presunta declaración de que “le bajas una llanta al TC”, declaró ayer que lo habían llamado de un medio de comunicación para pedirle su opinión sobre el audio, pero que para declarar sobre el mismo solicitó que le envíen primero una copia de dicho material, pedido que no fue cumplido.
Hasta que finalmente terminó en ‘Cuarto Poder’ el sábado 21 de este mes y en dos o tres tabloides que le dieron un uso político antes que periodístico.
Pero el impacto fue mínimo no solo por la presencia de la Comisión de Venecia en el Congreso sino porque este lunes fueron dos noticias las que marcaron la pauta: la extradición del ex juez supremo César Hinostroza de España y el abusivo allanamiento de la casa de Pedro Pablo Kuczysnki en Lima.
También con Heresi
El actual segundo vicepresidente del Congreso, Salvador Heresi (Contigo), también denunció en su oportunidad ser víctima de un seguimiento de parte del Ejecutivo. En un diálogo sostenido el 30 de agosto de este año, Heresi dijo que cuando renunció al Minjus, diversos medios realizaron denuncias en su contra y sus familiares, y aseguró que este tipo de denuncias serían en realidad seguimientos de parte del Ejecutivo.
Denuncia internacional
En tales condiciones, y con un aire cada vez más enrarecido del clima político, el affaire de los “audios truchos” fue de inmediato respondido por el titular del Congreso, Pedro Olaechea, quien anunció tomar medidas legales y llevar el caso a la Fiscalía de la Nación.
“¿Qué pasaría si se graban o publican conversaciones privadas de periodistas o de ministros de Estado?”, cuestionó Olaechea, al anunciar, en efecto, una denuncia penal contra los responsables de grabar subrepticiamente y difundir un video editado, al parecer con el objetivo de desacreditar al primer poder del Estado, a puertas de elegir a los nuevos miembros del TC.
“Anoche escuchamos nuevamente supuestas conversaciones políticas entre congresistas, que cierta prensa pretende usar para deslegitimar decisiones que se toman en el Congreso. Como presidente de este poder del Estado debo rechazar dichas prácticas y señalar que, a la fecha, a través del procurador del Congreso, estamos procediendo a denunciar los hechos ante la Fiscalía. No podemos aceptar que se grabe y se publiquen conversaciones privadas”, indicó en conferencia de prensa.
Olaechea reiteró que opinar no es delito, menos aún cuando la opinión es de un congresista, y que esta situación configura persecución, acoso y espionaje, lo cual “no podemos tolerar en una democracia”. Añadió que él mismo habría sido infiltrado de esta manera, cuando cursó un documento a instancias internacionales.
“Hace poco alerté que la carta que, en consulta, envié a la Comisión de Venecia, había sido filtrada, difundida y hasta comentada en Twitter por un expresidente del Consejo de Ministros y por el actual ministro de Justicia, Vicente Zeballos, quien señaló que fue impertinente”, añadió.
Acotó que las grabaciones escondidas solo se pueden hacer por mandato judicial, lo cual no ha sido el caso, por lo cual elevaba su denuncia a nivel nacional e internacional.
La Diviac
En parecido orden de ideas congresistas como Rosa Bartra, el periodista especializado Alfredo Vignolo y la asesora congresal Martha Chávez sostienen que los legisladores son objeto de interceptaciones telefónicas, grabaciones por celular, reglajes y otras prácticas ilegales que ejecutaría la policía política de gobierno de Vizcarra, la Diviac, la División de Investigación de delitos de Alta Complejidad.
“Todo esto es una práctica delictiva porque han construido un audio en el que jamás he participado”, subrayó Rosa Bartra, presidente de la Comisión de Constitución.
Por su parte, Vignolo ha hecho una pregunta clave: “¿Quién tiene los equipos para grabar conversaciones de los congresistas? La División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac) tiene mucha responsabilidad en esto y el ministro del Interior debe ser citado al Congreso y dar una explicación”.
Martha Chávez se anticipó el mismo domingo por la noche con opiniones también fuertes. “El audio que está transmitiendo en este momento @Cuarto_Poder revela son más que los ambientes del Palacio Legislativo están infestados /sembrados de micrófonos. Urge que la administración del Congreso contrate un servicio de altísima calidad para desmontar esa infestación”, dijo.
“Esto no es [una] ilegal grabación de una comunicación telefónica (como las que ya nos tenían acostumbrados la policía política del gobierno y sus cómplices). Esto es ilegal sembrado de micrófonos en los ambientes del Congreso”, añadió.
Medidas de seguridad
Finalmente, el presidente de la Comisión de Inteligencia, Octavio Salazar (Fuerza Popular), indicó a EXPRESO que desde este grupo especial, vienen analizando qué medidas adoptarán para obtener mayor información respecto a esta situación, así como realizar propuestas que permitan combatir este tipo de flagelos de los que viene siendo víctima el Poder Legislativo.
“Todavía no hemos tomado una decisión sobre el particular, pero indudablemente estamos evaluando todo el contexto”, dijo en un primer momento Salazar.
Además, remarcó que las grabaciones que se vienen realizando a los legisladores son hechas de forma específica contra quienes están en contra del régimen de Vizcarra, lo cual también debe llamar la atención de las autoridades.
“Específicamente [graban a los congresistas], estamos con unas vulnerabilidades abiertas, es decir, cualquiera puede ingresar acá al Congreso, nos graba, nos filma, pero esto no puede ser así”, explicó.
Cabe precisar que Salazar respaldó la decisión de Pedro Olaechea de anunciar una denuncia ante el Ministerio Público, para que se esclarezca esta situación y así determinar a los responsables de la grabación del audio que nos ocupa.
“Ya lo ha dicho el presidente del Congreso, que está formulando una denuncia a la Fiscalía; ya el presidente le ha ordenado al procurador público del Congreso a efectos de que haga llegar una denuncia a la Fiscalía de la Nación”, indicó.
Secreto profesional
El Código Procesal Penal regula en el Artículo 230, la “Intervención, grabación o registro de comunicaciones telefónicas o de otras formas de comunicación y geolocalización de teléfonos móviles” y en Artículo 231, el “Registro de la intervención de comunicaciones telefónicas o de otras formas de comunicación”; el procedimiento se encuentra complementado por la Resolución N° 4933-2014-MP-FN que aprueba el Protocolo de actuación conjunta para la intervención de las comunicaciones telefónicas.
Créditos/expreso
Espionaje a todo dar en el Congreso
La historia no contada de un audio que fue armado en la gestión de Daniel Salaverry para desacreditar el nombramiento de 6 magistrados al TC.
El audio manipulado que pretendía impedir la renovación del Tribunal Constitucional (TC) se ha constituido en un ‘boomerang’ para sus mentores. Lo maniobra que trató de hacer aparecer a congresistas como cómplices de una “repartija” de las seis vacantes que desde junio del año pasado deben nombrarse para el TC no ha causado el efecto que buscaban sus autores: deslegitimar la elecciones de los nuevos magistrados constitucionales.
Como es público, los afectados de dicha grabación son Javier Velásquez Quesquén (CPA) y los fujimoristas Rosa Bartra, Úrsula Letona y ‘Micky’ Torres.
Ahora se sabe que el audio, al parecer editado, fue obtenido a fines del año pasado en la gestión de Daniel Salaverry cuando él era presidente del Congreso.
“La idea era sacarlo en noviembre del año pasado en caso el Parlamento quiera someter a votación la formación de una comisión seleccionadora de integrantes del Tribunal Constitucional en ese tiempo, y su difusión debía sumir en el desprestigio al Congreso ad portas de un referéndum”, señala un escrito que ha circulado en niveles informados del Congreso.
Como se sabe, la comisión no se formó, en circunstancias en que por ese entonces el Parlamento ya era vapuleado mediáticamente, y se dice que “el material editado fue guardado para ser usado a futuro”, con el asesoramiento de una ONG cercana a Palacio.
Pasados los meses, tras el 18 de septiembre último, luego los candidatos para ocupar las seis plazas del TC, los asesores de Salaverry recordaron el tema, y, “tras coordinar con Patricia Donayre, vocera de la bancada (…) Unidos por la República, y con sus aliados de Frente Amplio y Nuevo Perú, decidieron filtrar el audio a la prensa”.
Primero lo filtraron, según esta versión, al canal Latina, sin mayor suerte porque los mandos periodísticos de dicha emisora de señal abierta lo desecharon porque al parecer lo consideraron sospechoso y desfasado en el tiempo.
Y en el ínterin, uno de los supuestos partícipes de la conversación, el aprista Javier Velásquez Quesquén, a quien se le responsabiliza de la presunta declaración de que “le bajas una llanta al TC”, declaró ayer que lo habían llamado de un medio de comunicación para pedirle su opinión sobre el audio, pero que para declarar sobre el mismo solicitó que le envíen primero una copia de dicho material, pedido que no fue cumplido.
Hasta que finalmente terminó en ‘Cuarto Poder’ el sábado 21 de este mes y en dos o tres tabloides que le dieron un uso político antes que periodístico.
Pero el impacto fue mínimo no solo por la presencia de la Comisión de Venecia en el Congreso sino porque este lunes fueron dos noticias las que marcaron la pauta: la extradición del ex juez supremo César Hinostroza de España y el abusivo allanamiento de la casa de Pedro Pablo Kuczysnki en Lima.
También con Heresi
El actual segundo vicepresidente del Congreso, Salvador Heresi (Contigo), también denunció en su oportunidad ser víctima de un seguimiento de parte del Ejecutivo. En un diálogo sostenido el 30 de agosto de este año, Heresi dijo que cuando renunció al Minjus, diversos medios realizaron denuncias en su contra y sus familiares, y aseguró que este tipo de denuncias serían en realidad seguimientos de parte del Ejecutivo.
En tales condiciones, y con un aire cada vez más enrarecido del clima político, el affaire de los “audios truchos” fue de inmediato respondido por el titular del Congreso, Pedro Olaechea, quien anunció tomar medidas legales y llevar el caso a la Fiscalía de la Nación.
“¿Qué pasaría si se graban o publican conversaciones privadas de periodistas o de ministros de Estado?”, cuestionó Olaechea, al anunciar, en efecto, una denuncia penal contra los responsables de grabar subrepticiamente y difundir un video editado, al parecer con el objetivo de desacreditar al primer poder del Estado, a puertas de elegir a los nuevos miembros del TC.
“Anoche escuchamos nuevamente supuestas conversaciones políticas entre congresistas, que cierta prensa pretende usar para deslegitimar decisiones que se toman en el Congreso. Como presidente de este poder del Estado debo rechazar dichas prácticas y señalar que, a la fecha, a través del procurador del Congreso, estamos procediendo a denunciar los hechos ante la Fiscalía. No podemos aceptar que se grabe y se publiquen conversaciones privadas”, indicó en conferencia de prensa.
Olaechea reiteró que opinar no es delito, menos aún cuando la opinión es de un congresista, y que esta situación configura persecución, acoso y espionaje, lo cual “no podemos tolerar en una democracia”. Añadió que él mismo habría sido infiltrado de esta manera, cuando cursó un documento a instancias internacionales.
“Hace poco alerté que la carta que, en consulta, envié a la Comisión de Venecia, había sido filtrada, difundida y hasta comentada en Twitter por un expresidente del Consejo de Ministros y por el actual ministro de Justicia, Vicente Zeballos, quien señaló que fue impertinente”, añadió.
Acotó que las grabaciones escondidas solo se pueden hacer por mandato judicial, lo cual no ha sido el caso, por lo cual elevaba su denuncia a nivel nacional e internacional.
La Diviac
En parecido orden de ideas congresistas como Rosa Bartra, el periodista especializado Alfredo Vignolo y la asesora congresal Martha Chávez sostienen que los legisladores son objeto de interceptaciones telefónicas, grabaciones por celular, reglajes y otras prácticas ilegales que ejecutaría la policía política de gobierno de Vizcarra, la Diviac, la División de Investigación de delitos de Alta Complejidad.
“Todo esto es una práctica delictiva porque han construido un audio en el que jamás he participado”, subrayó Rosa Bartra, presidente de la Comisión de Constitución.
Por su parte, Vignolo ha hecho una pregunta clave: “¿Quién tiene los equipos para grabar conversaciones de los congresistas? La División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac) tiene mucha responsabilidad en esto y el ministro del Interior debe ser citado al Congreso y dar una explicación”.
Martha Chávez se anticipó el mismo domingo por la noche con opiniones también fuertes. “El audio que está transmitiendo en este momento @Cuarto_Poder revela son más que los ambientes del Palacio Legislativo están infestados /sembrados de micrófonos. Urge que la administración del Congreso contrate un servicio de altísima calidad para desmontar esa infestación”, dijo.
“Esto no es [una] ilegal grabación de una comunicación telefónica (como las que ya nos tenían acostumbrados la policía política del gobierno y sus cómplices). Esto es ilegal sembrado de micrófonos en los ambientes del Congreso”, añadió.
Medidas de seguridad
Finalmente, el presidente de la Comisión de Inteligencia, Octavio Salazar (Fuerza Popular), indicó a EXPRESO que desde este grupo especial, vienen analizando qué medidas adoptarán para obtener mayor información respecto a esta situación, así como realizar propuestas que permitan combatir este tipo de flagelos de los que viene siendo víctima el Poder Legislativo.
“Todavía no hemos tomado una decisión sobre el particular, pero indudablemente estamos evaluando todo el contexto”, dijo en un primer momento Salazar.
Además, remarcó que las grabaciones que se vienen realizando a los legisladores son hechas de forma específica contra quienes están en contra del régimen de Vizcarra, lo cual también debe llamar la atención de las autoridades.
“Específicamente [graban a los congresistas], estamos con unas vulnerabilidades abiertas, es decir, cualquiera puede ingresar acá al Congreso, nos graba, nos filma, pero esto no puede ser así”, explicó.
Cabe precisar que Salazar respaldó la decisión de Pedro Olaechea de anunciar una denuncia ante el Ministerio Público, para que se esclarezca esta situación y así determinar a los responsables de la grabación del audio que nos ocupa.
“Ya lo ha dicho el presidente del Congreso, que está formulando una denuncia a la Fiscalía; ya el presidente le ha ordenado al procurador público del Congreso a efectos de que haga llegar una denuncia a la Fiscalía de la Nación”, indicó.
Secreto profesional
El Código Procesal Penal regula en el Artículo 230, la “Intervención, grabación o registro de comunicaciones telefónicas o de otras formas de comunicación y geolocalización de teléfonos móviles” y en Artículo 231, el “Registro de la intervención de comunicaciones telefónicas o de otras formas de comunicación”; el procedimiento se encuentra complementado por la Resolución N° 4933-2014-MP-FN que aprueba el Protocolo de actuación conjunta para la intervención de las comunicaciones telefónicas.
Créditos/expreso
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